Desde su trinchera de odio machista, misoginia, homofobia y xenofobia, Baby Etchecopar está acostumbrado a decir cualquier cosa, insultar, denigrar y atacar sin filtros a cualquier colectivo o persona que lo critique o que intente poner freno a su diarrea verbal. En uno de los episodios más resonantes de su carrera de intolerancia, el conductor de Radio 10 llamó a atacar, perseguir e insultar a mujeres que forman parte de una organización social y que le habían hecho un moderado escrache en la puerta de la radio.

A raíz de eso, la Justicia decidió que el hasta ahora imputado deberá ceder espacio en su programa radial para que especialistas en temáticas de género aborden la problemática de la violencia y la discriminación hacia la mujer.

La medida apunta a poner en relieve la reflexión sobre la raíz de la violencia contra la mujer y también las actitudes patriarcales y los estereotipos que predominan en los medios de comunicación y, sobre todo, en programas como el de Etchecopar.

Estas medidas se tomaron luego de que la Fiscalía de la Ciudad celebrara el acuerdo de suspensión del proceso a prueba , en el marco de una investigación iniciada contra Etchecopar, según informó el portal iprofesional.

La fiscalía a cargo de Federico Villalba Díaz estimó que quedó demostrada la existencia de violencia por razón de género contra las mujeres ya que tales manifestaciones incluían referencias intimidantes, denigratorias y discriminatorias dirigidas a perpetuar los estereotipos y la desigualdad de género hacia las mujeres y otros grupos vulnerabilizados.

Según trascendió, la participación de las especialistas que concurran a su programa de radio también tendrá como objetivo promover el empoderamiento, la capacidad de acción y las opiniones de las mujeres como también incluir contenidos sobre la igualdad de género en el espacio radial.

Asimismo, se obtuvo el compromiso del imputado de no emitir, previa o posteriormente, manifestaciones de similar tenor, a efectos de no incurrir en conductas reñidas con los estándares normativos nacionales e internacionales que prohíben toda discriminación y violencia contra los derechos humanos de las mujeres y otros grupos vulnerabilizados, y de formular un pedido de disculpas público.

La jueza a cargo del caso, Susana Parada, impuso obligaciones por el término de cinco meses.