La red de especialistas, organizaciones sociales y políticas Argentina No Baja emitió un comunicado en el que argumentó contra el proyecto del Gobierno de reforma del Régimen Penal Juvenil que incluye reducir la edad de imputabilidad.

Red Argentina No Baja
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Mediante un texto publicado en Faceook, la red expuso seis puntos que refutan la iniciativa de Cambiemos. Aquí, los pasajes más sobresalientes.

“Es ínfimo el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes, y menos aún de 14 y 15 años”, argumentaron y ejemplificaron: “El último informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires indica que en 2015, sobre 175 homicidios registrados en 2015 en la Ciudad solo 1 caso fue cometido por un adolescente menor de 16 años, mientras que 10 casos fueron cometidos por adolescentes entre 16 y 18 años (el 3,8% del total)”.

Además revelaron que “los estudios sobre los países en los que esto se hizo muestran cómo estas políticas terminan reforzando y profesionalizando las prácticas delictivas en vez de disuadirlas”.

También acusaron que la medida “utiliza a los adolescentes como ‘chivo expiatorio’ de las situaciones de violencia, violación de derechos, pobreza, delincuencia, abandono de políticas del Estado que en realidad son los primeros en sufrir”.

En ese sentido hablaron de “la necesidad de establecer un Régimen Penal Juvenil acorde a los principios y estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia y derechos humanos, que derogue el actual decreto ley n° 22.278 dictado por la Dictadura en 1980, pues su vigencia constituye una situación de irregularidad que dio lugar a condenas de tribunales internacionales”.

También indicaron que la baja en la edad de imputabilidad “es inconstitucional, al violar el principio de no regresividad, que implica que no se puede retroceder en un derecho. En el caso de la edad de punibilidad, establecida en 16 años por el gobierno peronista en 1954, bajada a 14 durante la dictadura en 1976/1980, y vuelta a establecer a poco de retornar a la democracia en mayo de 1983, en los 16 años, volver a bajarla sería afectar los derechos adquiridos de la franja de adolescentes de 14 y 15 años”.

“La insistencia del gobierno en el tema desoye las recomendaciones realizadas por la absoluta mayoría de los especialistas convocados por el propio Ministro Garavano en las rondas de consulta de 2017, así como las observaciones rotundas del Comité de los Derechos del Niño de la ONU realizadas al Estado Argentino en junio del 2018, por UNICEF Argentina y hasta por la propia Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF) del mismo gobierno”, advirtieron.