El Gobierno decretó una Ley de Lealtad Comercial antes de recibir a los empresarios
El Gobierno decretó una Ley de Lealtad Comercial antes de recibir a los empresarios

El gobierno nacional sancionó por decreto una Ley de Lealtad Comercial, el mismo día en que el presidente Maurico Macri con empresarios para el lanzamiento de los “Precios Esenciales”, con el argumento de "asegurar la lealtad y transparencia en las relaciones comerciales y garantizar el acceso a información esencial sobre los productos y servicios comercializados". Las sanciones que van desde multas hasta la clausura por 30 días de los puntos de venta.

Algunas conductas que son consideradas desleales:

- Actos de engaño sobre los atributos, beneficios o condiciones sobre los bienes y servicios.

- Inducir al error sobre el origen empresarial de la actividad, el establecimiento, bienes o servicios propios, de modo que se considere que poseen un origen diferente.

- Aprovecharse de la situación de dependencia económica en que pueda encontrarse una compañía cliente o proveedora que no tenga una alternativa similar para el ejercer su actividad.

- La obtención indebida de condiciones comerciales. Es decir, cuando sea bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, de precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones no recogidas en el acuerdo pactado o sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales.

- Vender debajo del costo de fabricación o del precio de adquisición cuando sea parte de una estrategia para dificultar el ingreso al mercado o eliminar a un competidor.

- La publicidad comparativa: la que alude explícita o implícitamente a un competidor, su marca o a los productos o servicios ofrecidos por el mismo. Solo estará se la permitirá cuando no induzca al error, engaño o confusión entre competidores.

Sanciones

1) Apercibimiento.

2) Multa por entre 1 y 10 millones de Unidades Móviles (UM), cuyo valor se estableció en 20 pesos en mayo de 2018 mediante la ley 27.442, y será actualizado automáticamente cada año en virtud de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec.

3) Suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado por hasta cinco años.

4) Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de los que gozare.

5) Clausura del establecimiento por un plazo de hasta 30 días.