Matar para las estadísticas
Matar para las estadísticas


El reconocido semanario colombiano “Semana” censuró y suprimió la columna que escribía el periodista de investigación Daniel Coronell luego de publicar la que tituló “La explicación pendiente”. El propio escritor, informó a la opinión pública por twitter, que el martes pasado, Felipe López propietario fundador de “Semana”, le comunicó que su columna sería censurada y eliminada de la publicación. El periodista de todos modos, agradeció a López, y al director de “Semana”, Alejandro Santos (sobrino del ex presidente Juan Manuel Santos), y “especialmente a los lectores por estos años”.


Su eliminación como columnista se produjo por su columna “La explicación pendiente” en la que Coronell, puso en cuestión a la dirección de la publicación debido a que se censuró difundir documentos y testimonios de militares colombianos acerca de directivas de Nicacio Martínez Espinel, comandante en jefe del Ejército de Colombia a quien se acusa de ordenar a sus fuerzas, que debían doblar el número de “bajas” y capturas en sus acciones contra la guerrillas en el país.

Esa acción implicaba capturar y matar civiles inocentes para incorporarlos en causas relacionadas al “combate a la guerrilla”. Lo que se denomina en ese país, “falsos positivos”.

La información, se publicó en el diario norteamericano “The New York Times” con el título sugerente de “Ha surgido un patrón de asesinatos sospechosos en Colombia”, y produjo un escándalo político en el país. Coronell una vez más, tenía razón y por eso escribió en su columna: “Semana privilegió la conveniencia política sobre el deber periodístico”.

En el centro de la tormenta quedó Nicacio Martínez Espinel, comandante del Ejército, al punto que el lunes 27 de mayo, la Procuraduría de la Nación salió a curarse en salud al anunciar que se iniciaba una indagación preliminar contra el oficial.

“He ordenado la apertura de una indagación disciplinaria para determinar las eventuales responsabilidades en este caso. Lo revelado hasta ahora por ese diario genera gran inquietud, al punto que el mismo Gobierno constituyó una comisión para esclarecer lo ocurrido. Es necesario llegar hasta el fondo del asunto. Lo único que no puede pasar es dejar esto en el limbo”, declaró el procurador general, Fernando Carrillo al diario “El Espectador”.

La exposición no fue creíble para la ciudadanía, que conoce los crímenes impunes del ejército en las últimas décadas.

Documentos de carácter oficial “con la información, según la cual, el comandante del Ejército ordenó "duplicar las cifras” de resultados y operaciones y “lanzar operaciones con un 60-70 por ciento de credibilidad y exactitud”, habría llegado en febrero a la redacción de Semana, sin embargo, fue publicada primero por “The New York Times”, el pasado sábado 18 de mayo. Según el artículo del Times, "las nuevas órdenes han generado incomodidad entre los militares”, expresó en esa nota “El Espectador” el 28 de mayo pasado.


Matar para la estadística


Coronell publicó su columna “La explicación pendiente”, el domingo 26 de mayo. Afirmaba que Semana tenía información sobre el presunto regreso de los “falsos positivos” al país, muertes deliberadas de inocentes para convertirlos por la justicia en “guerrilleros”, investigación que fue publicada por el “New York Times” y que provocó revuelo en el país. Coronell llevaba catorce años escribiendo y soportando muchas veces, el acecho de los paramilitares amparados en el poder político de Colombia. Coronell hizo varias preguntas en su columna y procuró hallar verdad que no llega.

"- ¿Por qué Semana no publicó las directrices del comandante del Ejército de Colombia que ordena a sus subalternos duplicar las bajas y capturas, si esas evidencias eran conocidas por la revista desde febrero?
- ¿Por qué Colombia y el mundo solo supieron por The New York Times que las ordenes incluían la instrucción de "no exigir perfección" en el momento de efectuar operaciones militares?
- ¿Por qué Semana no pudo concluir en tres meses la verificación de autenticidad de los documentos que pudo hacer el periódico estadounidense en unos días?". Sus preguntas esperan una respuesta cabal mientras su vida corre riesgos.


Se vinculó un caso a la aplicación reciente de los “falsos positivos” al episodio ocurrido en el departamento de Norte de Santander, donde luego de torturar y asesinar a Dimar Torres, excombatiente de las FARC EP que trabajaba en su reincorporación a la sociedad, miembros del Ejército de Colombia procuraron encubrir los hechos. Lo hicieron protegidos por el ministro de defensa y desviaron información de medios de comunicación, para evitar que se descubra la operación. El martes 28, 20 congresistas radicaron en el senado, una moción de censura en contra del ministro de Defensa, Guillermo Botero, por las relevaciones de “The New York Times” acerca de las órdenes de la superioridad al Ejército de Colombia

El general Nicacio Martínez, responsable presunto de alentar crímenes para dar espectacularidad a las fuerzas armadas, procedimiento que se utilizó durante los gobiernos de Álvaro Uribe, presidente vinculado al narcotráfico, parece no temer la investigación de la Procuraduría de ese país. Se señala que impulsó supuestamente procedimientos que repiten el procedimiento de los denominados “falsos positivos”, que consistía en asesinar civiles sin vinculación a la guerrilla, implicándolos en presuntos actos guerrilleros.

El gobierno colombiano y las fuerzas armadas, actuaban entonces contra ciudadanos cuya pobreza los dejaba sin defensa ni derechos. Gobiernos como el de Uribe, buscaban mejorar su imagen ante la opinión pública y fortalecían sus vínculos con EE.UU, que financia el célebre Plan Colombia.


A raíz de la publicación de The New York Times, el presidente Iván Duque tuvo que exponer sobre las sospechas que no logró disipar el nombramiento de una comisión para investigar los sucesos. Luego de la censura pública al periodista, la empresa publicó en twitter que “En “Semana” siempre defenderemos la libertad de expresión, aun la de los columnistas que critican a su casa editorial. Actuamos con rigor y responsabilidad y jamás hemos engavetado —ni engavetaremos— investigaciones periodísticas de interés público”, según intento la defensa el director al ejercer la censura periodística.


Persecución y exilio


Coronell, trabaja en el semanario desde 2005 cuando el mismo Santos lo contrató en momentos en que se exiliaba en los Estados Unidos debido a amenazas de muerte que había recibido. Es periodista de televisión y en 2011 se hizo cargo de la división de noticias de la cadena Univisión, con base en Miami.

Coronell recibió cientos de adhesiones luego de ser prohibida su columna, hecho que generó protestas en todo Colombia. Su actitud crítica respecto de los gobiernos y la actividad de Álvaro Uribe, a quien cuestionó esta semana en una audiencia de conciliación que fracasó, hace peligrar su vida. Coronell había denunciado a Uribe, senador del Centro Democrático de derecha, por presunta difamación Uribe había escrito sobre el periodista que era “Extraditable Coronell, enemigo de paramilitares y sometido a FARC, busca más contratos y que Santos le dé el Canal Uno, como único proponente”.


Emplazarlo como “sometido a las FARC” en Colombia, implica casi una amenaza formal de muerte que surge desde el mismo poder político. Colombia retrocede con el gobierno de Duque, hacia los peores años de la represión política porque la derecha pretende estigmatizar a quienes ponen en tela de juicio sus relaciones con el narcotráfico sostenidas incluso a través de mecanismos como el acuerdo denominado Plan Colombia.

Recientemente, el presidente Ivan Duque dispuso que periodistas de la televisión de su país, tengan prohibido hacerle preguntas en determinadas coberturas. Esto fue denunciado por el censurado periodista Coronell.


Los voceros del régimen, salieron de inmediato a aprobar la censura de “Semana”. Así, el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Pedro Vaca, ligada a las empresas y al gobierno, salió a justificar la falta de libertad de expresión señalando que “reconocemos autonomía de medios para contratar o prescindir de sus colaboradores. Es parte de la libertad de prensa”. Vaca intentó no obstante, de dar un mensaje ambiguo y expresó que "Confío en la palabra de los directores de los medios de comunicación y si Alejandro Santos, da sus razones para no publicar eso, es parte de la libertad editorial. Hay que proteger la decisión de los medios de publicar o no, pero hay gestos contradictorios de la revista”.

Lo que Vaca expuso, es el libre arbitrio de la censura en el régimen de Duque, para evitar que sean incomodados sus intereses. Y si lo que pretenden reprimir es una denuncia del “libre ejercicio de la muerte” por las fuerzas de seguridad, como sucedía durante los mandatos de Uribe, lo que surge con claridad es la connivencia del sistema con las políticas de afirmación del narcotráfico como modo de producción fuera de la ley en favor de las corporaciones del poder.


Entre las reacciones a la censura, sobresale la del Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC, que representa a 10 pueblos indígenas, que señaló que “las 126 autoridades tradicionales expresamos nuestra preocupación por la censura del periodista Daniel Coronell a quien la Revista Semana le canceló su columna de opinión. A su vez que exigimos a los medios de comunicación su verdadero compromiso con la información y con el pueblo, que no es ocultando información, siendo servil al régimen”.


Con Uribe a sus espaldas


El riesgo que tiene el periodista Coronell en la actualidad, es que a sus espaldas tiene al temible ex presidente, hoy parlamentario, Álvaro Uribe. El columnista más leído de Colombia, acusó en su columna en 2010, a su hijo, Tomás Uribe, porque habría realizado una reunión con gente de la familia Nule para apurar una licitación en una ruta llamada del Sol. Está encargada de la conciliación, la magistrada Cristina Lombana, a quien el periodista señaló como miembro, en otros años, de la firma de abogados de Jaime Granados, abogado Uribe. Se supone que Coronell recusará una vez más a la magistrada. Como en ciertos casos judiciales en el gobierno de Macri, los poderosos aparecen apañados por corporaciones y actuando pese a estar impedidos por la ley, debido a sus compromisos con las mismas.


El artículo de “The New York Times”, reveló que durante una reunión, a principios de 2019, fue entregado a mandos militares, un documento en el que el gobierno solicitaba que “numeraran en una columna la 'suma aritmética de presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares'” y en la estuvieron presentes “los cincuenta principales generales y coroneles del país”,


Ante la investigación del periodista Nicholas Casey, la senadora colombiana María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, acusó a Casey de haber "estado de gira" con guerrilleros de las Farc años atrás. A través de su cuenta de twitter, la parlamentaria dio a conocer fotos de trabajo en zona, de dos reporteros. Sucedió que una de las imágenes, no correspondía al periodista Casey, sí a Federico Ríos, fotoperiodista colombiano. Los periodistas tuvieron que salir del país debido al riesgo. La cancillería de Colombia, envió una carta al editor del diario norteamericano el 21 de mayo, calificando a la información de “tendenciosa, distorsionada y parcializada de los esfuerzos del estado colombiano y sus fuerzas armadas por estabilizar la situación en el territorio colombiano para garantizar orden y seguridad”. Lo cierto es que con el presidente Iván Duque, Colombia retorna a ser un país fuera del Estado de Derecho, donde la única ley que pretenden imponer es la de las corporaciones asociadas al narcotráfico.

*Periodista, escritor, autor de “Guardia de Hierro. De Perón a Bergoglio”, “Rescoldo” (poesía). Es inminente la aparición de su nuevo libro “Historia Política de la Sociedad Rural” (Ediciones Octubre.)