Crédito Diego Pintos
Crédito Diego Pintos

Si bien Argentina ha sido pionera en implementar el cupo electoral (fue el primer país en América Latina en establecer el 30% de mujeres como piso en las listas en los años ‘90) y avanzó aún más en 2017 estableciendo una ley nacional que obliga a elevar ese porcentaje a 50%, la transversalidad en la aplicación de políticas de género es todavía una deuda importante.

En concreto, transversalizar significa apuntar a integrar de manera sistemática un enfoque de género que atraviese todos los sistemas y estructuras, las políticas, procesos y procedimientos en el Estado.

Una mujer promedio atraviesa muchísimos momentos de discriminación y violencia de género a lo largo de su vida. Y mucho más si se tiene una identidad no binaria. Las mujeres y las disidencias son discriminadas a la hora de ingresar al mercado laboral por infinidad de razones. No sólo existe una brecha salarial cuando ingresan, sino que muchas veces se prefiere un varón “porque no se embaraza”. Y esto es así porque el rol que nos tiene reservado el patriarcado a las mujeres está adentro de la casa, pariendo y criando hijxs. Y es un rol gratuito.

Recién hace muy poco se comenzó a hablar seriamente del valor del trabajo reproductivo y de las tareas de cuidado. El problema se sintetiza maravillosamente en el tan difundido graffiti “eso que llaman amor, es trabajo no pago”. Y no es que no haya amor, pero lo que sin dudas hay es trabajo y, como cualquier otro, debería ser remunerado y reconocido como aporte a la construcción de un proyecto familiar.

Pienso por ejemplo en la noticia que se conoció hace unas semanas, en la que un ex marido le deberá pagar a quien fuera su esposa durante 27 años la suma de ocho millones de pesos por haberse dedicado a las tareas del hogar y no haber podido desarrollar su profesión como licenciada en Economía, lo que la dejó sin recursos ni posibilidad de jubilación para sostenerse luego del divorcio. Un fallo impensado, histórico, heroico que incorpora una perspectiva de género real y cuantificable a una justicia la mayoría de las veces jurásica.

Y el hogar es tan solo el árbol. Al levantar la cabeza, se nos abre un bosque. Al alejar la lupa de lo doméstico, nos encontramos con la configuración general del trabajo. El 36% de las mujeres está inserto dentro del sector de trabajo informal, es decir que una cada tres mujeres argentinas trabaja en negro, sin obra social, ni contribuciones. Imagínense que si en el mundo del trabajo formal, donde el Estado debe regular las relaciones laborales, la brecha de género es de alrededor del 27% ¿cuánto será la brecha en el mundo del trabajo en negro?

Como se puede ver, la desigualdad de género es un fenómeno que se expresa en todos los ámbitos de la vida de las mujeres y las identidades disidentes y cuyos resultados son siempre los mismos: la imposibilidad del acceso igualitario al ejercicio de sus derechos. Es por ello que para conseguir la igualdad, el enfoque de género debe ser concebido de manera transversal en todos los niveles del Estado, imbricado en sus políticas y sus programas. Y debe ser no sólo dotado de recursos, sino también jerarquizado.

Lo que hoy es una Dirección General de la Mujer en la Ciudad que cuenta con un irrisorio del 0.08% del presupuesto porteño, podría ser un ministerio que coordinara políticas y programas en todo el estado, garantizando una base fértil para desarrollar acciones que nos permitan seguir avanzando en el camino de vivir en una Buenos Aires igualitaria, inclusiva y justa para todxs.

* Andrea Conde es legisladora porteña y Presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud