Salir de la emergencia y avanzar hacia la Soberanía alimentaria
Salir de la emergencia y avanzar hacia la Soberanía alimentaria

El 18 de septiembre, mientras se aprobaba en el Senado de la nación la tristemente necesaria Ley de Emergencia Alimentaria, en Córdoba la Legislatura aprobaba la Ley de Desarrollo Integral de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena. La coincidencia nos hace recordar que si el gobierno de Mauricio Macri hubiese reglamentado y ejecutado la Ley Nacional de reparación histórica de la Agricultura familiar campesina e indígena sancionada a fines de 2014 la situación alimentaria podría ser otra.

En solo tres años de una gestión comandada por los alfiles del capital financiero, un país como la Argentina, capaz de producir alimentos para mas de 400 millones de personas, llega a niveles inauditos de hambre y malnutrición. Que una Nación deba sancionar en su parlamento la emergencia alimentaria (sin haber sufrido ninguna calamidad o guerra) nos tiene que permitir reflexionar, la existencia de movimientos sociales y su lucha inclaudicable puso en agenda un problema gravísimo y avergorzante para quienes ostentamos ser el granero del mundo.

Hay ciertos condicionamientos estructurales para nuestro desarrollo, la concentración del sector agro-alimentario, fundamentalmente la industria alimentaria y distribución a través de las cadenas de hipermercados, la concentración de la tierra y la subordinación de la producción al paquete tecnológico de las corporaciones transnacionales que orienta la potencialidad productiva hacia la lógica de la valorización financiera , entre otros.

En agosto, la diferencia de precios entre lo que se paga al productor y la góndola llegó en algunos productos a 1300 %, en un contexto donde el poder adquisitivo de los trabajadores cayó más de 50%, hay miles de desempleados, y las tarifas y servicios se dolarizaron, miles de compatrioras no tienen dinero para comprar sus alimentos, ni condiciones para producirlos.

Mucho camino hay que recorrer para la transformación estructural que nuestro país necesita, en un mundo que se bate entre la guerra y la paz mientras EEUU disputa con China la hegemonía global.

Sin embargo el hambre no puede esperar, sabemos que las consecuencias del hambre en nuestra juventud y niñez traen daños irreparables a nuestra sociedad, que luego requieren décadas para ser subsanados.

La Emergencia Alimentaria es una oportunidad para debatir como avanzamos hacia la Soberanía Alimentaria, y esto significa sin lugar a dudas, recuperar y profundizar políticas públicas para la Agricultura Familiar y Campesina (AFC).

La AFC tiene un enorme potencial productivo, pero con limitantes estructurales para lograr valor agregado y acceder a los mercados populares.

Organizaciones del Sector agrupadas en el Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular vienen sistematizando propuestas concretas a partir de la experiencia que deben ser tomadas en cuenta en esta agenda.

Cuando Lula sacó de la pobreza a mas de 30 millones de brasileros, su programa Hambre Cero incluyó un rol protagónico para la AFC. Actualmente aun sobreviven varias experiencias. En el estado de Paraíba, el gobierno subsidió una usina de Leche caprina con la capacidad de pasteurizar y fraccionar en sachet, la leche es adquirida a cooperativas que también fueron promovidas por el estado y que sus integrantes son familias campesinas que tienen asegurada la venta del 100% de su leche, y finalmente es el propio estado el que la adquiere fraccionada para el abastecimiento de escuelas, hospitales y programas alimentarios barrios humildes, suministrando esa leche de alta calidad y sanidad. Entonces no se trata de la discusión de primeras, segundas o terceras marcas de una corporación monopólica sino de promover la agroindustria local que distribuye la renta horizontal y verticalmente y garantiza un producto de calidad.

En Argentina la AFC es la principal productora de verduras y frutas, también de carne caprina y cerdos, con un gran potencial en la producción de pollos y huevos, pudiendo ocupar un importante lugar en otros segmentos. El estado debe desarrollar programas locales de producción, articulando los municipios organizaciones y productores, generando empresas mixtas o cooperativas para aumentar la escala de compra de insumos y disminuir los costos logísticos y operativos ademas de acortar los circuitos de comercialización. Estas empresas pueden proveer a bajo costo Bioinsumos para sustituir los elevados precios de los agrotoxicos y sus consecuencias en la salud, alimentos balanceados, maquinarias, envases y fraccionamiento, servicios veterinarios y técnicos agrícolas, (articulando también con las escuelas técnicas agrarias y el INTA) selección y producción de semillas locales y de calidad, certificación agroecologica, fortalecimiento cooperativo, así como el desarrollo de ferias locales donde los productores puedan llegar directamente al consumo popular.

Políticas que permitan reducir los costos impositivos de las cooperativas de la AFC ( fundamentalmente el IVA) así como retomar los avances del Comisión de AFC en SENASA para introducir en el Código Alimentario y en las normas de regulación de carnes y lácteos criterios diferenciados para la habilitación de procesos y establecimientos de la AFC. Permitiendo la faena, elaboración y distribución de esos productos en el mercado local y sorteando la centralización corporativa que hace que hoy esos productos recorran cientos de kilómetros para llegar al consumidor aumentando significativamente su precio final.

Existen centenares de experiencias a lo largo y ancho del país desarrolladas por organizaciones del sector y que son un punto de partida para relanzar la política pública para el desarrollo rural. Tambos, fábricas de conservas y de chacinados, ferias, almacenes y mercados populares, redes y circuitos de distribución solidaria así como diversas experiencias agroecológicas. La AFC ademas es la principal generadora de trabajo genuino en el campo y uno de los pilares para lograr el arraigo y el desarrollo local .

Cerca del 65% de los agricultores que producen hortalizas son arrendatarios sin tierra, un programa de acceso a la tierra a partir de las tierras públicas y fiscales combinando con otras herramientas par a recuperar tierras ociosas y abandonadas debe formar parte de las prioridades, así como el acceso al agua y la tecnología de riego con financiamientos accesibles. A diferencia del plan de venta y negociados de tierras publicas del actual gobierno.

Naciones Unidas ya no tiene dudas de la importancia de la AFC y su rol en la lucha contra el hambre, por esto en 2014 declaró el año Internacional de la Agricultura familiar, a fines de 2018 la asamblea general aprobó la Declaración de los Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales que incluye un compendio de responsabilidades de los estados respecto a las políticas agrarias y recientemente fue lazado el Decenio de la Agricultura Familiar como parte de los instrumentos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y como forma de instar a los estados a desarrollar programas y políticas para los campesinos.

Luego de casi 4 años de políticas Cambiemitas que apuntaron a desmantelar todas las instituciones y programas de la AFC, mientras la crisis económica ajustaba y oprimía a las familias campesinas y pequeños productores, volvemos a tener la posibilidad de discutir y desarrollar el campo que el pueblo argentino necesita, que ademas de suministrar divisas para el desarrollo industrial y tecnológico debe garantizar la comida saludable, nutritiva y suficiente a toda la población. Sera sin lugar a dudas unos de los desafíos del gobierno de Alberto y Cristina, esto lo saben en los pueblos y parajes rurales, por eso allí en octubre, mayoritariamente, sera respaldado el Frente de Todos.

* Diego Montón es referente del MNCI Vía Campesina