El canal Pares Tv, de Luján, presentó un amparo para que se mantenga una cuota de eventos deportivos de acceso gratuito por Tv abierta. Es la única causa judicial que no pudieron cerrar las empresas dueñas de los derechos.
El canal Pares Tv, de Luján, presentó un amparo para que se mantenga una cuota de eventos deportivos de acceso gratuito por Tv abierta. Es la única causa judicial que no pudieron cerrar las empresas dueñas de los derechos.

Mauricio Macri, su esposa Juliana Awada y la hija de ambos, Antonia, dejaron su casa de Palermo el 10 de diciembre de 2015 a las 11.01 de la mañana rumbo al Congreso de la Nación, donde el empresario juró como presidente de los argentinos. En simultáneo, un empleado del estudio jurídico Saenz Valiente, que patrocina al Grupo Clarín, se encaminó desde su antiguo despacho en Puerto Madero hacia la oficina 2069 de la planta baja del Palacio de Tribunales. Aún con el tránsito franqueado por su escolta, cuando Macri llegó al parlamento, a las 11.46, Clarín, sin esperar la formalidad de la designación, ya había inaugurado el nuevo tiempo político: a tono con el clima del momento presentó, en nombre de Artear SA (Canal 13), una acción judicial que pretendió anular toda la legislación reguladora de la televisión dictada por el kirchnerismo. Toda. No era tiempo para matices.

Encuestadores de toda laya coinciden en que el tiempo de Macri en el poder se agotará el 9 de diciembre de 2019. Y el presidente decidió no perder el tiempo. La semana pasada dictó un decreto de urgencia para reducir las indemnizaciones por accidentes laborales pero el favor resistió un instante: lo sacudieron con una suspensión judicial de la medida y una lección de derecho de 118 páginas. También volvió a instruir al Ente Nacional de las Comunicaciones para que el Estado se abstuviera una vez más de reglamentar para 2020 la ley –todavía vigente- que ordena mantener una cuota anual de partidos de fútbol que tienen que ser transmitidos por televisión abierta, por fuera de la venta de derechos exclusivos. La renovada omisión empujó a las empresas de medios a reclamarle a la AFA -el pasado fin de semana- que le negase el acceso y la acreditación a los periodistas de medios partidarios a los estadios que habían sobrevivido a los cuatro años de Cambiemos transmitiendo fútbol vía streaming, quienes -a su vez- alegan que se trata de una situación no alcanzada en la cesión de derechos.

“Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error”, analizó, en diálogo con Infonews, el asesor de un influyente senador, no lejano al oficialismo, perteneciente a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, que interpreta que el exceso de ambición de las empresas por asegurarse la minúscula porción pendiente del mercado del fútbol ayudará a alentar, finalmente, un nuevo diseño de políticas públicas. Que no será el retorno del “Fútbol para Todos” pero que tampoco admitirá “la venta en bloque” de todo el fútbol. "Las destempladas acciones empresarias desatan eficaces reacciones legislativas", vaticinó.

El próximo gobierno también recibirá una pesada herencia en materia de derechos de televisación, atravesada por una compleja madeja judicial que es necesario desanudar.

La política por otros medios

“Buenos días, Lamentamos informarles que la solicitud de acreditación ha sido denegada ya que no podemos acreditar a ningún medio que nos sea TyC Sports”, fue el mensaje que recibieron, el 11 de mayo de 2017 a las 11.47 los periodistas que realizaban la transmisión del Club Ramón Santamarina de Tandil, la ciudad natal del presidente Macri. Dos meses atrás, la AFA había cedido los derechos de televisación del campeonato de la entonces B Nacional -hoy denominada Primera Nacional- a la empresa Trisa SA, propiedad del grupo Clarín. Y un mes atrás, FSLA Holding LLC (Fox) e Imagen Satelital SA (Turner) habían adquirido los derechos de la Superliga. Según la docilidad de cada club, la orden llegó a incluir en algún caso -sin fundamento legal- el impedimento liso y llano de ingreso a los estadios. Una suerte de derecho de admisión preventivo. El equipo periodístico de Pares Tv, un canal de Luján que seguía desde 2011 la campaña del club Flandria por todo el país, incluyó en 2017 a un escribano por parte estable de su staff de trabajo para visitar las canchas del ascenso y judicializar cada restricción. Esa inversión le terminó franqueando el ingreso a todos los estadios. Fue el primer paso de una batalla que aún continúa.

Con fervor militante, pero sin la mayor agudeza, en una oficina política bonaerense se proyectaron tres amparos concertados contra la privatización del fútbol en juzgados federales de Capital Federal, La Plata y Lomas de Zamora. El jubilado Elio Lucio Cocca, vecino del barrio de Boedo; el concejal de Lomas Julio Alejandro Rivero; y el cooperativista Gabriel Darío Silva alegaron ante tribunales, con variantes menores, la suspensión del fútbol pago a raíz de la imposibilidad económica de pagar los abonos. Amén de algún error en el planteo de la competencia, la débil articulación acumuló, al final de cuentas, garbanzos para la cuenta de las empresas de medios.

Pero los intereses eran demasiados grandes para librarlos al azar. FSLA Holding LLC e Imagen Satelital SA aprovecharon una curiosa intimación del Multimedios SAPEM (operador del canal LS 85 Canal 12 de Posadas, Misiones), en el que reclamaba la transmisión de partidos de primera división, en forma gratuita y a su libre elección. El texto, que sólo se explica si fuera redactado en las oficinas de Fox y Turner, fue la excusa ideal para presentar una medida cautelar destinada a refrendar el fútbol por suscripción.

El pedido empresario fue avalado por el juez federal Enrique Lavié Pico que, según Elisa Carrió, rinde favores al operador judicial Daniel Angelici.

La restricción judicial, sin embargo, no llegó al fútbol del ascenso.

La madre de todas las batallas

La venta de los derechos de televisación fue el centro de una investigación judicial a escala mundial que se llevó a prisión a eminentes directivos de la FIFA y al CEO de Torneos y Competencias, el argentino Alejandro Burzaco, que espera en estos días su sentencia en los tribunales de Brooklyn, Estados Unidos. En su momento Télam acreditó que Torneos es socia de Clarín en otros emprendimientos como Tele Red Imagen SA (Trisa, que controla la señal TyC Sports) y Televisión Satelital Codificada (TSC). Y fue Trisa quien adquirió en 2016 -y renovó hace semanas- los derechos de televisación del fútbol del ascenso. Los tribunales argentinos no hacen tantas preguntas.

La templaza de los directivos de Trisa SA no se derrumbó por los avatares judiciales de sus socios en el mega-escándalo mundial del fútbol sino cuando se filtró la información que un canal de televisión de Luján, provincia de Buenos Aires, ponía a la defensiva al Estado argentino en el juzgado federal de Mercedes ante la omisión del dictado de un listado -ordenado por un artículo aún vigente de la ley 26.522- que debía contener un conjunto de eventos deportivos para su emisión por televisión abierta, no sujetos a exclusividades ni derechos. La batalla encontraba un rival inesperado: una remota emisora sin fines de lucro.

Tras cuatro años de litigio, ni Trisa -que se presentó espontáneamente en el juzgado sin esperar notificación-, ni el gobierno de Macri lograron archivar el reclamo de Pares Tv, que en estos años coleccionó cartas documento de la empresa del Grupo Clarín. El incumplimiento del Estado ya está documentado. Pero el juez subrogante Jorge Ernesto Rodríguez vacila ahora el presionar al Estado. El calendario electoral guía los movimientos.

Vale detenerse en los argumentos de Trisa. Si Pares Tv lograse emitir en su área de cobertura (apenas 10,3 kilómetros desde su antena en Luján), afirma su abogado José María Méndez Acosta, el esquema del fútbol televisado se transformaría en “absolutamente inviable” ya que “no existiría posibilidad de recuperar la inversión” empresaria. Como quien arrastra eslóganes del propio pasado, simplemente sentenció: “es la desaparición del negocio del fútbol”.

Trisa afirmó en sede judicial que invierte entre 25.000 y 50 mil pesos para la producción audiovisual de cada partido de la Primera Nacional (sin embargo, el equipo que le provee las imágenes cobra 7.000, sin relación laboral reconocida), pero luego se da el lujo de no emitirlos. Así ocurrió la semana pasada con el duelo Flandria-Tristán Suárez, de la Primera B. No era rentable para la señal TyC Sports. No fue distribuido por TyC Play. Mientras que Pares Tv, ante la falta de resolución judicial, sólo difundió audio sin imágenes. Sí lo emitió DirecTv, la plataforma de más baja penetración en la zona oeste.

Los derechos de las audiencias, olvidados.

Daniel Angelici, presidente de Boca, es el hombre del gobierno que dialoga con los jueces federales. Elisa Carrió le imputa influencia sobre el juez que resolvió a favor de la privatización del fútbol.
Daniel Angelici, presidente de Boca, es el hombre del gobierno que dialoga con los jueces federales. Elisa Carrió le imputa influencia sobre el juez que resolvió a favor de la privatización del fútbol.

Decisiones de posguerra

El desmadre judicial reclama una solución política. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, abogado patrocinante de diversos amicus curiae en favor del Grupo Clarín, la empresa que se manifestaba públicamente como la principal víctima de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, escribió que el establecimiento de una serie de contenidos de interés relevante (y, por lo tanto, de acceso público”, representa “un límite razonable al ejercicio de los derechos exclusivos”.

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, uno de las instituciones intervenidas por el gobierno de Macri, en ocasión a emisión restringida del torneo de tenis Máster 1000 Indian Wells, en 2013, con el argentino Juan Martin Del Potro en la final (evento que se encontraba en el listado de eventos relevantes para ese año), estableció un criterio que los operadores legislativos hoy observan para recuperar en alguna nueva norma del tiempo que viene: “La cesión de los derechos para la retransmisión o emisión, tanto si se hace en exclusiva o no, no puede limitar o restringir el derecho a la información. Estamos reconociendo que los medios de comunicación se construyen en el paradigma de los derechos humanos. Y ese paradigma implica libre acceso a la información. Estamos reconociendo también que la comunicación audiovisual es una actividad social de interés público y el Estado debe salvaguardar el derecho a la información” (resolución 30/2013).

Como tantas veces, la coyuntura argentina vuelve a poner en debate una y otra vez aquello que en mundo ya no se discute. La Directiva 97/36/CE del Parlamento de la Unión Europea (conocida como "televisación sin fronteras") restringe la exclusividad de la retransmisión de los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo del Fútbol y el Campeonato de Fútbol Europeo, como así también, de todo evento de interés general. La Broadcasting Ac del año 1996, la cual establece que en Gran Bretaña se deben emitir en vivo y en directo eventos tales como: la carrera hípica el Gran National, las finales de Winblemdon, el Cinco Naciones de Rugby, la final de la Copa de Fútbol de Inglaterra.

Comprar derechos para no televisar es un invento argentino.

Fútbol contra la censura

La peatonal sobre la que se levanta el Ente Nacional de Comunicaciones, en la cuadra de Perú al 100, se transformará el próximo viernes 18 a las 12 en una cancha de fútbol circunstancial en la que se congregarán jugadores, ex jugadores, organizaciones sociales, sindicatos de prensa, en reclamo “al fin de la censura contra los clubes de barrio”. Entre los organizadores sobresalen el canal Pares Tv, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) y Medios Unidos Partidarios (MUP), el colectivo que reúne a las emisoras partidarias que emiten por streaming.

Es el único partido de fútbol con jugadores profesionales que, todavía, se puede ver por televisión abierta, gratuita y con acceso universal.