Este miércoles se oficializó el límite “al mínimo” la participación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como auxiliar en causas judiciales y determinó que los medios "técnicos y humanos" del organismo deberá limitarse al "estricto cumplimiento de las funciones de producción de inteligencia criminal referida a los delitos de terrorismo".

La medida quedó plasmada en la resolución 17/2020, publicada en el Boletín Oficial con la firma de la interventora Cristina Caamaño. Es la primera modificación a la AFI luego de que el presidente Alberto Fernández adelantó días atrás cambios en la entidad.

El artículo 1 de la normativa establece que los "medios técnicos y humanos" de la Agencia deberán abocarse al "estricto cumplimiento de las funciones primordiales de producción de inteligencia nacional y producción de inteligencia criminal referida a los delitos de terrorismo, federales complejos y contra los poderes públicos y el orden constitucional".

También dispone la "reducción al mínimo" del "ejercicio de las funciones de investigación criminal" así como su "participación como auxiliar de la justicia, ciñéndose exclusivamente a las materias propias del Organismo, establecidas legalmente".

Por eso se les comunicó la medida a los jueces y fiscales con "competencia penal de todas las jurisdicciones del país lo resuelto" a los efectos de que dichos funcionarios "apliquen de forma restrictiva la facultad de requerir la intervención" de la AFI en "actividades de investigación criminal en el marco de las causas sometidas a su jurisdicción, las que resultan además propias de otros organismos estatales".

La resolución fue dada a conocer también a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuración General de la Nación.

En los considerandos, se explica que "resulta necesario disminuir al mínimo de los casos posibles el ejercicio de las funciones de investigación criminal de esta Agencia Federal de Inteligencia y, por ende, su participación como auxiliar en las causas judiciales, competencias éstas además propias de otros organismos estatales".

La normativa recuerda además que el decreto 52 derogó el decreto 656, del 6 de mayo de 2016, que implicó "un notorio retroceso institucional en materia de democratización y publicidad del sistema de inteligencia nacional, regido por la Ley número 25.520 y, principalmente, su modificatoria número 27.126".