El gobierno replicó públicamente al planteo del Grupo Clarín para que la Corte Suprema se avoque a tratar un pedido para extender la medida cautelar que mantiene suspendido el artículo 161 (la cláusula de desinversión) de la Ley de Medios Audiovisuales más allá del 7 de diciembre. El ministro de Justicia, Julio Alak, calificó la presentación de los abogados del conglomerado empresario como "un intento para conseguir una cautelar eterna". El senador kirchnerista e integrante del Consejo de la Magistratura Marcelo Fuentes fue más allá y calificó la conducta del Grupo Clarín como "sedición". Alak lo avaló; en declaraciones televisivas, explicó que "hay un poder del Estado, democrático por excelencia, que es el Legislativo, que dictó una norma que jueces federales que tienen afinidades con el Grupo Clarín se niegan a que se apliquen". Incluso habló de "sectores que se alzan contra la Constitución, que faculta al Congreso a sancionar leyes".

En rigor, la presentación de Clarín –que ingresó a la Corte el martes pasado, pese a que trascendió un día más tarde– reúne por lo menos dos planteos en un mismo escrito. Por un lado, la supuesta "denegación de justicia", situación ante la que la Corte estaría habilitada a intervenir. El decreto 1258/58 fija la "organización de los tribunales nacionales" y pone en cabeza de la Corte la resolución de esos conflictos. Pero la acción también apunta a extender la cautelar que desde hace tres años mantiene frenada la "cláusula de desinversión", y cuyo plazo de vigencia finalizará el 7D. En este último caso, "técnicamente es improcedente la intervención del tribunal", dijeron a Tiempo Argentino fuentes judiciales. Dicho de otro modo, la Corte no aceptaría intervenir ante ese pedido, al que Alak calificó como "un virtual per saltum".

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