Según especialistas consultados por Tiempo Argentino, la denuncia entablada por el Grupo Clarín contra funcionarios, legisladores y periodistas no posee basamento jurídico que pueda derivar en un encuadre penal viable. Tampoco registra antecedentes a nivel nacional una demanda de un grupo periodístico por el delito de "incitación a la violencia colectiva", que persiga como fin último restringir la libertad de opinión de trabajadores de prensa o de medios de comunicación.
Asimismo –de acuerdo al artículo 68 de la Constitución Nacional– no podría achacársele a los miembros del gobierno, como los que menciona el escrito, el delito de coacción ni de incitación a la violencia, ya que sus opiniones se encuentran amparadas por una norma de rango constitucional. La demanda ni siquiera puede ser utilizada por el Grupo como antecedente o paso previo para generar un escenario jurídico favorable a una futura presentación en torno al cumplimiento de la Ley de Medios, ya que avanzaría por carriles independientes, y en fueros internacionales no son aceptados los reclamos por parte de empresas.
"Uno de los delitos invocados es el de amenazas, que implicaría forzar a alguien a hacer una acción y, en caso de no hacerlo, la amenaza de sufrir un mal inminente. Forzar al cumplimiento de una ley nunca puede ser tomado como una amenaza", explicó a este diario el constitucionalista Roberto Boico. "De esa manera, cualquiera que tenga un conflicto con una ley, podría contradenunciar al Estado por ejercer su facultad punitiva", ejemplificó el abogado.
Precisamente, toda la primera parte del alegato que presenta el escrito del Grupo Clarín se contrapone con el fin último de la medida, que solicita basada en opiniones vertidas, describieron fuentes judiciales que descartaron la viabilidad de la causa iniciada por el multimedios, que el juez Luis Rodríguez pidió que sea ratificada, para avanzar.
A su vez, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) argumentó que "nada se verifica" en los ejemplos aportados en la presentación del Grupo Clarín, acerca de lo que alude el artículo 212 del Código Penal, que refiere a una forma especial de intimidación, mediante la incitación a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones. "O sea, al empleo de fuerza física por parte de un conjunto al menos relativamente indeterminado de personas; es decir, se debe incitar a la violencia grupal", definieron.
La propia Cámara Federal registra antecedentes sobre valorar con un "criterio restrictivo" este tipo de delitos a raíz de la garantía constitucional que protege la libertad de expresión. En varios fallos, resguarda lo que puede entenderse como "la manifestación de una idea, en especial cuando esta es de naturaleza política", la que no debe ser confundida con un concreto llamado a la acción. "Lo que se procura es defender la libertad de expresión y también hacer viable la democracia deliberativa", indicó Boico.
"Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador", reza el artículo 68 de la Constitución. La norma también impacta en el funcionariado del Poder Ejecutivo, mencionados en el escrito firmado por los abogados del multimedios, Hugo Wortman Yofre y Alejandro Pérez Chada. Una figura genérica como la de incitación a la violencia, sostuvieron los especialistas, debe agregar una carga de prueba específica sobre el riesgo que podrían acarrear los dichos. Es inédita en el ámbito jurídico nacional, ya que los antecedentes remiten a presentaciones de particulares contra el gobierno o del Ejecutivo contra un autor determinado o no, como fue el caso de la difusión de una imagen del secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno en un féretro, posterior a la movilización del 13S.
En cuanto a la coacción agravada, que según el artículo 149 bis del Código Penal se produce cuando las amenazas se proponen obligar a otro a hacer algo contra su voluntad y limitan su capacidad de autodeterminación y su libertad, "ni siquiera es evidente que se hayan proferido", sostuvieron desde el CELS. "Es una estrategia exclusivamente mediática de presentarse como víctimas de una red compuesta por periodistas y legisladores sin base jurídica", opinó por su parte Boico.
El objetivo secundario de la denuncia tampoco subyace al escrito, más allá de postular una barrera en un eventual caso de ser acusados de encabezar delitos contra el orden constitucional. Se desliza en parte del escrito que sería el móvil detrás de las expresiones de periodistas y políticos. De alguna manera se pide la indagatoria de los señalados, pero no se los individualiza cuando se menciona a "los integrantes de La Cámpora, el Frente Transversal y el Movimiento Evita" como "los principales propaladores" de un supuesto mensaje que contiene los delitos denunciados. Es más, se señala que la enumeración de los acusados "no es taxativa". Este tipo de demanda tampoco sirve como un antecedente para acudir a fueros internacionales, uno de los caminos del multimedios para resistir la aplicación de la Ley de Medios. El escrito también presenta diversos contrasentidos en el orden argumentativo, que lo vuelve más confuso, y hasta se cita jurisprudencia de la película La última tentación de Cristo para argumentar.

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