Luego del enorme y amplio repudio que recibió de diversos sectores la denuncia del Grupo Clarín a periodistas, la empresa publicó hoy una solicitada en la que asegura que "no quedó claro" el objetivo de la presentación judicial pero que, "para que nadie pueda malinterpretar el hecho", los antes denunciados ahora no serán citados ni siquiera como testigos.

Si bien el escrito judicial no dejaba dudas y denunciaba directamente a Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente por "incitación" a la violencia, según la solicitada hubo un error de interpretación, aunque la misma da entender que los periodistas son parte de un aparato gubernamental dedicado a "difamar" al multimedios de Héctor Magnetto.

El Grupo sostiene que no recurrió a la Justicia "para objetar opiniones, sino para prevenir hechos de violencia promovidos por actores gubernamentales", y que los mencionados periodistas se habrían encargado de difundirlos.

El objetivo, según Clarín, no era "imputarlos" sino "ver si podían aportar datos" sobre esas acusaciones". "Pero se pensó que queríamos responsabilizarlos a ellos por los hechos de otros", señala el texto.

Sin embargo, en la denuncia presentada por el abogado de Grupo Clarín S.A., José María Sáenz Valiente, conjuntamente con sus letrados patrocinantes Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada, se señala como "principales propaladores del mensaje gubernamental contra el Grupo Clarín, las siguientes personas: Sandra Russo, periodista; Edgardo Depetri, actualmente diputado nacional del Frente para la Victoria; Martín Sabbatella, recientemente nombrado para la ejecución de la ley de Medios; los integrantes de las agrupaciones de “La Cámpora”, el “Frente Traversal” y el “Movimiento Evita”; Juan Cabandié, actualmente titular del bloque de legisladores porteños del Frente para la Victoria; Roberto Cavallero (sic), periodista; Julio Alak, actualmente ministro de Justicia; Carlos Zannini, secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación y Javier Vicente, relator de “fútbol para todos” (sic)".