A mediados del siglo XIX, la incompatibilidad creciente e insalvable entre modelos de país en los EE UU desembocó en la guerra civil guerra que, producto de la superioridad del Norte, a su vez consecuencia de una previa y paulatina industrialización de los estados nororientales, terminó por imponer un nuevo y más avanzado orden socioeconómico y cultural en el país. Durante la contienda, los partidarios de la Unión impusieron un paquete de medidas revolucionarias entre las que destacamos: la Ley de Tierras en 1862, la supresión de la esclavitud en 1862/63 y el Sistema Bancario y Monetario Nacional en 1863. En esta oportunidad, analizaremos muy brevemente la primera. En los años cincuenta, gran cantidad de proyectos para la entrega masiva de tierras a colonos y ciudadanos fue demorada en el Parlamento por los representantes del Sur. Y así siguió hasta que el Partido Republicano, que había incorporado estos proyectos en su plataforma, ganó las elecciones en 1860. La Ley de Tierras, aprobada finalmente en 1862, estipulaba que todo ciudadano o aspirante a ciudadano podría acceder a un terreno de 64,8 hectáreas propiedad del gobierno nacional. Durante los siguientes cinco años, el beneficiado debería vivir en la tierra, cultivarla y construir en ella una morada de dimensiones prefijadas. Para 1934, más de 1,6 millones de ciudadanos recibieron terrenos en el marco de la ley de 1862 por un total de 109.305 millones de hectáreas, equivalente al 10% de la totalidad del territorio estadounidense. La democratización de la tierra prosiguió hasta la sanción en 1976 de la Ley de Control y Política de Tierras Federales. Para el notable historiador estadounidense Chester Wright, la “política pública de tierras tuvo como efectos beneficiosos el crecimiento exponencial del poblamiento del país, el desarrollo de la actividad privada, la financiación de proyectos estatales de importancia social, la mejora de las condiciones de las clases más pobres, la atracción de inmigrantes y la consolidación del espíritu de una sociedad más democrática. (…) La mente detrás de esta ley fue George Evans, defensor de una distribución equitativa de la tierra. (…) Él enfatizaba la cuestión de la lucha de clases y militaba activamente a favor de los trabajadores, sabiendo de su interés por la libertad de la tierra” (Economic History of the United States). La Ley de Tierras de 1862 inspiró a las clases progresistas y revolucionarias de Australia (y Canadá) –indiscutibles modelos del mitrismo contemporáneo– a elaborar parecida legislación en materia de entrega y tenencia de tierras.

LEY DE TIERRAS EN AUSTRALIA (1860-1900). Entre 1820 y 1850, el sistema dominante de uso y tenencia de la tierra en la Australia colonial se basó en su ocupación ilegal por parte de colonos e inmigrantes libres y adinerados, la aristrocracia-squatter. Dicho sistema ejercía una explotación pastoril de la lana vinculada al mercado externo, fundamentada en la escasez y el abaratamiento permanente de la mano de obra local por un lado, y el monopolio de la tierra, por el otro. Ahora bien, conforme avanzaba la segunda mitad del siglo, el sistema pastoril –de muy bajo impulso a la innovación tecnológica y a la intensificación de la producción– comenzó a ser visto como insuficiente y reaccionario, al excluir otros tipos de explotación más modernos. Un sistema de acumulación más avanzado había crecido a la sombra y ahondado las contradicciones intrínsecas del modelo pastoril. La gran disyuntiva de la Australia colonial estaba planteada: sistema pastoril vs capitalismo agrícola, moderno y democrático. La resolución favorable a este último tuvo como piedra angular la creación de un mercado abierto en materia de compra-venta de tierras, medida fundamental para acabar con el poderoso monopolio que los squatters ejercían sobre la dirección política y económica colonial. Surgieron así las reformas de tierras de los años sesenta, reformas que prosiguieron hasta fines del siglo XIX. Para el investigador australiano Robin Gollan, las reformas en materia de socialización de la tierra recibieron final y estratégico impulso con “la aparición del movimiento trabajador organizado, el cual esgrimía soluciones democráticas y socializantes a los flagelos del desempleo, el monopolio financiero y el de la tierra. En este sentido, fue recién con la derrota de las huelgas masivas de los años ’90 (1890), que la estrategia del movimiento trabajador pudo reorientarse y colocar al Estado como vehículo de la reconstrucción social, la protección de la industria y del pequeño productor a través de la estabilidad y defensa de la legislación precedente en materia de tierras.” (Radical and Working Class Politics: A Study of Eastern Australia, 1850-1910).

TIERRA, ZONCERAS Y CUESTIÓN NACIONAL. ¡CIVILIZACIÓN O BARBARIE! ¿Cuándo se escribirá el Manual de Zonceras Internacionales? Porque si aún existe una gran zoncera por desarticular, esa es la que dictamina que los países industrializados del centro se desarrollaron en función de un Estado ausente (sobre todo en materia agraria), de la libre competencia, del mercado desregulado, de una economía primarizada, con pueblos adormecidos y estáticos en sus reclamos e intereses, siempre sumisos a las clases dominantes, naturales e inconmovibles herederas del poder. En efecto, las usinas culturales de los países centrales (y sus escribas subdesarrollados) ocultan a la periferia su historia real, historia que a propósito de debates revisionistas también debe ser urgentemente revisada, reescrita y vuelta a enseñar. La finalidad de la gran zoncera internacional es la de silenciar las leyes que impulsaron el desarrollo socioeconómico de las naciones europeas, Estados Unidos, Canadá y Australia, entre otras potencias de la actualidad. ¿Por qué? Porque cualquier medida de neto corte revolucionario, nacional, popular, socializante o industrializador tomado en América Latina será más fácilmente interpretado de “anormal” por el grueso de la población y, en consecuencia, rechazado u obstaculizado, que visto como algo natural ejecutado allá lejos y hace tiempo por los “padres de la civilización”. De esta suerte y toda vez que se avanza contra el granero del mundo, el gentío atravesado por las falseadas historias local y universal (occidental, porque la oriental no existe para ellos) razona así: “como las potencias jamás lo hicieron y son el faro de la civilización, ¿por qué hacerlo nosotros?” En este sentido, la flamante ley que protege el dominio nacional, la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales y limita la adquisición para extranjeros, creando por primera vez en los 200 años de historia argentina un Registro Nacional de Tierras Rurales y un Consejo Interministerial de Tierras Rurales, implica un histórico paso hacia la recuperación de la tierra para el conjunto del pueblo argentino, en función de un modelo de desarrollo autónomo y moderno. Si bien distinta a las grandes transformaciones en materia de tierras acontecidas en muchos de los países modelos para la reacción, y por ello mismo, magistralmente adulterados desde la historiografía por las grandes zonceras internacionales, nada más oportuno que conocer el notable proceso de socialización de la tierra ocurrido en Estados Unidos y Australia, pues en definitiva, de allí pende la resolución de la cuestión nacional en la Argentina. En definitiva, hacia allí incursiona sutil aunque inteligentemente la ley contra la extranjerización de tierras. Derogar las leyes de la dictadura, volver a sancionar las leyes que la dictadura derogó y derogar las leyes de la bicentenaria reacción. La Enfiteusis, en su versión sajona y australiana –si alguna vez existió–, fue borrada del mapa hace ya más de siglo y medio. ¡Civilización o barbarie!