Esta semana se publicó un documento emitido bajo el título Plataforma 2012. Dicho documento generó más polémicas en el seno de los firmantes que en la pretendida discusión cultural con lo que se llamó allí “el discurso hegemónico” y contra “algunos trabajadores del campo de la cultura, a quienes hemos respetado y queremos seguir respetando, pero que al colocarse como voceros del Gobierno han producido una metamorfosis en relación con su historia y su postura crítica”. Es decir, contra los miembros de Carta Abierta. Este colectivo, a fines de diciembre de 2011 hizo conocer su documento crítico número 11, titulado De la igualdad. Allí, en el apartado IV, los supuestos “voceros del Gobierno” habían cargado duramente contra una decisión gubernamental: “...resulta equivocado legislar esas cuestiones en el formato de ‘Ley Antiterrorista’, como se lo hace en el actual proyecto que trata el Congreso. Ese dispositivo adopta la duplicación de condenas acogiéndose a una definición del concepto de terrorismo de carácter tan inespecífico, que podría utilizarse en fallos judiciales que criminalicen la protesta social. Formato antiterrorista e inespecificidad de acepción que deriva del poder y las presiones norteamericanas en los foros internacionales. El gobierno argentino se ha destacado por su voz crítica en ellos y por eso sorprende y preocupa esta adopción de un estándar internacional contradictorio con el espíritu democrático del proyecto nacional que hoy despliega”.

Sin embargo, los párrafos de Plataforma 2012 atacan la responsabilidad del Gobierno y “sus voceros”, escondida detrás de un “relato hegemónico (que) pretende imponerse sobre la materialidad y el valor simbólico de estas muertes”. Estas muertes, nunca estará de más repetir los nombres hasta que se haga justicia, son las del comunero Javier Chocobar; el joven Diego Bonefoi, asesinado por la policía de un balazo en la cabeza; Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, asesinados durante la represión policial en los barrios del Alto de Bariloche en junio de 2010; Mariano Ferreyra, el militante del PO asesinado por una patota de gremialistas y matones de la Unión Ferroviaria en octubre de 2010 cuando manifestaba junto a trabajadores tercerizados exigiendo el pase a la planta permanente en la Línea Roca; Roberto y Mario López, miembros de la comunidad Qom muertos por la policía formoseña, y el dirigente Mártires López, fallecido en un extraño accidente de tránsito; Bernardo Salgueiro, Emilio Canavari y Rosemary Churapuña, asesinados por la policía durante la represión en el Parque Indoamericano durante diciembre de 2010; Ariel Farfán, Félix Reyes, Juan Velázquez y Alejandro Farfán, muertos en julio de 2011 en la localidad jujeña de Libertador General San Martín, durante la toma de tierras de Ingenio Ledesma; Cristian Ferreira, el miembro del Mocase asesinado en el paraje San Antonio, al norte de Santiago del Estero, cuando resistía a un desalojo.

Lo que no se entiende, o, en fin, lo que suena a una “bravata intelectual” que los firmantes de Plataforma 2012 atribuyen a sus pares/adversarios adscriptos al proyecto político iniciado en 2003, es la responsabilidad en esos crímenes de los miembros de Carta Abierta y del Ejecutivo.

Impulsada, según los diarios La Nación, Clarín y Perfil, por la psiquiatra Diana Kordon, la socióloga Maristella Svampa y la dramaturga Patricia Zangaro, Plataforma 2012 contó con el apoyo de diversos intelectuales de larga trayectoria y merecido reconocimiento: el historiador del arte José Emilio Burucúa, la directora de cine Lucrecia Martel, el escritor Guillermo Saccomanno, los artistas plásticos Luis Felipe Noé y Eduardo Iglesias Brickles, la socióloga Norma Giarracca, el economista Miguel Teubal, la fotógrafa Adriana Lestido, los actores Héctor Bidonde y Manuel Callau, el jurista Roberto Gargarella y la ensayista Beatriz Sarlo, entre otros.

Se supone que un intelectual (por más primerizo que sea, aunque no es éste el caso de los firmantes del documento) debe tomarse el trabajo de leer, estudiar y estar de acuerdo con los textos que firma. Al fin de cuentas, sus armas, decía a principios del siglo XX Julio Antonio Mella, uno de los más preclaros pensadores latinoamericanos, son las palabras. Sobre todo cuando esas palabras remiten al “efecto impositivo de un discurso hegemónico”, a autoritarismo, a muertos. Por eso resulta insólito que, luego de conocido el texto de Plataforma 2012, algunos de los firmantes hayan decidido retirar su apoyo al documento bajo el pretexto de que entre los adherentes estuviera Beatriz Sarlo y haya sido publicado –entre otros tantos medios gráficos, radiales y televisisvos– por “un diario ideólogo de los genocidios nacionales”.

Es cierto que a veces preocupa una cierta tendencia oficial a la desmesura épica. El disenso es necesario en todo proceso de crecimiento. Mucho más cuando de lo que se trata es de un país. Un país que pelea por dejar atrás de una vez y para siempre la pretendida panacea posmoderna del pensamiento único. Pero mientras se espera que una discusión intelectual real encuentre los caminos (de discusión, de enfrentamiento de ideas, de diálogo, de debate y de opiniones encontradas, por más tozudas que se tornen sus defensas) tendientes a llevar adelante un verdadero desarrollo cultural para toda la sociedad, la falta de seriedad (firmo, retiro la firma; acuerdo, no acuerdo más; acuso, me desdigo) ocurrida con la primera carta de Plataforma 2012 parece remitir a la forma más triste de la falta de compromiso, el nihilismo, y a lo más bajo de la potencia de la palabra: la chicana.