En esta última semana se instaló ampliamente en los medios la idea de una tarjeta de crédito que aplique una comisión de sólo el 1% a los comercios por las compras realizadas con el medio electrónico, cuando es habitual que la comisión aplicada por los bancos oscile en el 3%. A esta idea de menores comisiones, surgida desde las cadenas de supermercados, se adhirieron rápidamente las casas de electrodomésticos y electrónica, así como distintas cámaras de comercio.

La reducción de comisiones bancarias se ha tomado como una posibilidad en el marco de la negociación para prolongar el acuerdo de precios. Desde este punto de vista, puede plantearse que el sector financiero tiene alta rentabilidad y puede resignar parte de ella sin afectar su fortaleza.  
 
Si damos un vistazo a los ingresos de los bancos por tarjetas se puede estimar que la mayoría proviene de los intereses que aplican a la financiación, y una porción bastante menor por las comisiones cobradas tanto a comercios como a los titulares de las tarjetas. 
 
Sin duda resultaría interesante avanzar en una negociación sobre los aranceles a los comercios con el objetivo de sostener los acuerdos de precios, pero esta vía podría agotarse en una transferencia dentro de la cadena de comercialización. Tendríamos así un escenario donde las empresas comerciales obtendrían un beneficio permanente –la reducción del arancel–, mientras que el beneficio a los consumidores estaría acotado al período de congelamiento de precios. Hay un gran menú para avanzar en beneficio de los consumidores, y por ende del consumo global, en particular la reducción de los intereses cobrados por financiación de tarjetas de crédito. Según el último Informe Monetario del Banco Central, mientras que en diciembre de 2012 las tasas cobradas por financiaciones con tarjeta de crédito rondaron el 30% promedio para todo el sistema, similares a las aplicadas a los préstamos personales tradicionales, las tasas por operaciones documentadas cobradas a empresas se ubicó en el 19%, una gran diferencia que explica la predilección de los bancos por el segmento de personas. Estos datos son promedio, y esconden la gran diferencia de tasas que hay entre bancos: las tasas de Banco Nación son mucho más bajas que las de otros bancos. También debe tenerse en cuenta que estos datos no incluyen al segmento de tarjetas no bancarias, que cobran intereses más altos aún. 
 
Es factible apelar a la reducción de los costos financieros para mejorar tanto los márgenes de las cadenas de comercialización y producción, como los costos que pagan los usuarios, una tarea que el Banco Central puede desarrollar a partir de las atribuciones para regular los costos crediticios que le otorga la última modificación de su Carta Orgánica. De la misma forma, es hora de ir pensando, para complementar la política de acuerdos de precios, en comenzar a estudiar los balances de las grandes empresas comercializadoras, como así también de sus proveedores cartelizados. Este estudio de los costos de las grandes empresas puede permitir tener en claro los márgenes de ganancia, y cómo éstos pueden responder a una política de administración de precios.
 
Los acuerdos de precios son una importante herramienta, pero deben ser complementados con otras medidas como la mencionada, o a través de un sistema impositivo más progresivo, como he explicitado desde esta columna en varias oportunidades.
 
LAS VUELTAS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA. En la semana, la empresa brasileña Vale, la segunda compañía minera del mundo y la primera productora de mineral de hierro, anunció la suspensión de una inversión en curso para la extracción de potasio en Río Colorado, Mendoza.
 
Vale lleva invertidos ya alrededor de 2000 millones de dólares de un proyecto que al inicio se estimaba en 6000 millones en total, cifra que las últimas estimaciones ubicaban en 10.900 millones de dólares. La suspensión significa dejar cesantes los 4000 trabajadores de la obra, que cobrarían su salario hasta fines de marzo. 
 
Tanto Vale como medios brasileños arguyeron como razones para el desistimiento "los altos costos de la economía argentina, la inflación y el problema cambiario", variables que no deberían incidir en un proyecto de largo aliento como el que se acaba de suspender.
 
Aparentemente influyó en la decisión de la minera la negativa del gobierno argentino a otorgarle beneficios fiscales y cambiarios por cerca de 3000 millones de dólares en los próximos dos años; sin embargo, cuando Vale solicitó este beneficio, ya había parado las obras (El Cronista, 12.03.13 pág. 19).
 
Hay otras razones que hacen a la situación internacional de la empresa, que opera en 37 países y posee cerca de 195 mil empleados en todo el mundo. El último trimestre de 2012 la firma presentó la primera pérdida en diez años, y el beneficio anual obtenido de 11.236 millones de dólares para todo 2012 resultó la mitad del resultado obtenido en 2011, a la vez que sus ventas bajaron un 23% en el año. Los menores precios de los minerales y la menor demanda fruto de la crisis internacional pueden asignarse a estos resultados. Por otra parte, importantes proyectos químicos y petroquímicos brasileños han sido frenados por los altos costos de las materias primas en el país hermano (gas natural y nafta), según informa el diario brasileño Valor Económico. Los inversores extranjeros están protegiendo sus balances en todo el mundo.
 
Distintos estamentos públicos han expresado su voluntad de continuar con el proyecto Potasio Río Colorado y garantizar los puestos de trabajo; será una tarea ardua que esperamos que se pueda concretar.  
 
Con la misma orientación, YPF ratificó que continuará con el desarrollo de un yacimiento de gas no convencional (tight gas), en el área Sierra Barrosa, Neuquén, destinado principalmente a abastecer el proyecto Potasio Río Colorado. 
 
La decisión de Vale lleva a replantear nuevamente la cuestión de las inversiones extranjeras directas y su incidencia en la economía nacional. Al decidir cesar su proyecto, Vale está generando costos importantes a nuestro país, además de pretender beneficios fiscales y cambiarios sin ninguna contrapartida, sólo para mejorar su rentabilidad, que se suman a las desproporcionadas exenciones fiscales que ya goza la actividad minera en nuestro país. 
 
Queda claro de esta forma que el interés de las inversiones extranjeras pasa por obtener la mayor tasa de ganancia, y que ello se contrapone con la utilidad social de las inversiones. Esta situación nos plantea, una vez más, la aguda necesidad de cambiar la ley de inversiones extranjeras de la dictadura (Ley 21.382) que contiene una gran cantidad de "podrán" y ningún "deberán", es decir, otorga derechos a las inversiones extranjeras pero no exige ninguna obligación. Es un paso importante que hay que dar, pero que debe estar acompañado por la denuncia de los 52 tratados bilaterales de inversión que firmó nuestro país, y que atan de manos al gobierno para tomar cualquier regulación que intente colocar requisitos más exigentes a la inversión extranjera respecto a la inversión nacional. Limitación que frena muchos beneficios de los cuales podrían gozar las pymes nacionales para mejorar su perfil de inversiones productivas.
 
Una nueva Ley de Inversiones Extranjeras es uno de los cambios necesarios para profundizar el modelo, puesto que implica derogar una norma de la dictadura, a la vez que permitiría lograr que las inversiones extranjeras aporten al desarrollo de nuestro país, y no al revés.