Este nuevo aniversario nos ofrece la oportunidad de hacer memoria, pero también de reflexionar sobre las estrategias que nos permitan retomar su legado y recuperar la soberanía sobre la integralidad de nuestro territorio y terminar con una de la últimas rémoras del colonialismo en el siglo XXI.

Desde la recuperación de la democracia, pero principalmente a partir de 2003, la Argentina viene sosteniendo un trabajo diplomático intenso y perseverante. En los últimos años, el gobierno de Cristina Kirchner a través de nuestro canciller Héctor Timerman ha persistido en la vía diplomática, lo que le valió el respaldo de múltiples organismos internacionales. La ONU, la OEA, el Mercosur, la Unasur, Celac, SICA, las cumbres iberoamericanas, las cumbres de América del Sur con los países árabes y africanos, el G-77 más China, y las reuniones de parlamentarios europeos y latinoamericanos nos apoyaron con sus resoluciones.

Ante esta ofensiva diplomática en todos los foros internacionales y la solidaridad que ha concitado entre la mayor parte de las naciones la Causa Malvinas, el Reino Unido acudió hace pocos días a una estrategia política de naturaleza publicitaria: la votación entre los habitantes de las islas para preguntarles si deseaban seguir siendo un territorio británico de ultramar.
La táctica británica pone a la diplomacia argentina frente al desafío de desmontar el argumento del "derecho de autodeterminación de los isleños", que en realidad oculta los verdaderos intereses del Reino Unido: poseer una poderosa base militar en una zona estratégica del Atlántico Sur, apropiarse de las riquezas y recursos naturales de la región y consolidar sus pretensiones sobre el territorio antártico.

Por eso, insistiremos frente a todas las instancias internacionales en que ese plebiscito no tiene sustento ni validación en el Derecho Internacional ya que es contrario a toda Resolución emanada de la Asamblea General y de las del Comité de Descolonización de la ONU. La votación efectuada en las islas en nada altera la esencia de la Cuestión Malvinas. No es sólo una posición del gobierno, es la mirada del conjunto de las fuerzas políticas y sociales del país.

Esto no implica que Argentina desconozca la nacionalidad británica de los isleños. La Resolución 2065 de la ONU es clara cuando señala que en la negociación bilateral con los británicos hay que respetar los intereses de los isleños. Nuestra Constitución enuncia que es necesario "respetar el modo de vida" de quienes habitan las islas. Lo que no pueden hacer es decidir sobre la nacionalidad del territorio en el que viven, que fue usurpado por el Reino unido hace 180 años.

Las resoluciones de la ONU son sumamente precisas. Estamos haciendo referencia a una situación especial: se trata de un territorio colonial, no de un pueblo colonizado. El pueblo y las autoridades argentinas existentes en las islas en el momento de la invasión militar fueron expulsados.

Los reclamos de Gran Bretaña sobre la autodeterminación nunca han encontrado apoyo de la ONU. No nos sorprende que la potencia colonialista por excelencia durante siglos sólo invoque el derecho de los pueblos a decidir en el caso de Malvinas. No lo ha hecho en Hong Kong ni en la Isla Diego García, en el Archipiélago de Chagos, donde desalojó sin consulta previa a sus habitantes para alquilarla como base militar de los EE UU.

Llama la atención que en los últimos años, en su afán de oponerse al gobierno nacional, algunos "intelectuales" nativos afirmen que nuestro país debería renunciar a la soberanía sobre las islas. Como a lo largo de gran parte de la historia argentina, estos sectores prefieren el beneplácito de las grandes potencias antes que la defensa de los intereses nacionales. Por suerte, aunque apoyados por los grandes medios de comunicación, son ampliamente minoritarios.

La convicción del actual gobierno de Cristina Kirchner es que sólo a través de la vía del diálogo y la paz y de una diplomacia activa y firme, el Reino Unido cumplirá con la resolución de Naciones Unidas y retomará la discusión sobre la soberanía en Malvinas. No se concibe que si ha negociado con la última dictadura militar, hoy se niegue al diálogo bilateral con la democracia que hace 30 años tiene vigencia en la Argentina.

Un nuevo 2 de abril nos obliga a reafirmar el compromiso con nuestra historia. Y a desplegar toda nuestra audacia y firmeza diplomática para plantear nuestros legítimos derechos sobre Malvinas. Recuerdo que en medio de la guerra del '82 un reclamo popular a los militares que habían matado, secuestrado y exiliado a buena parte de la población argentina para entregar nuestra economía a los intereses de las grandes potencias decía: "Las Malvinas son Argentinas, pero no se olviden que la Argentina también". Mas de 30 años después, podemos decir con orgullo que los argentinos, en democracia, sostenemos firmemente nuestra exigencia de retomar el diálogo por Malvinas en el contexto de una década en la cual también hemos sido coherentes en la recuperación de la soberanía nacional y popular en torno de la construcción autónoma de una sociedad más integrada y más justa.