Apartir de la instalación de la idea de una nueva tarjeta para supermercados se disparó la discusión sobre las comisiones cobradas a estos centros de ventas por la utilización de los plásticos; desde esta columna se expresó que el tema de las comisiones era una transferencia entre sectores económicos, y que el acento también debía ponerse en los costos que soportan los usuarios, en especial por las tasas de interés cobradas por las financiaciones, tanto de los préstamos personales como de las tarjetas de crédito.

En medio de este debate, tanto la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República de Argentina (ABAPPRA) como la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) han decidido autorregularse en los intereses cobrados a las tarjetas de crédito, colocando una tasa máxima del 30% anual. En el caso de los bancos públicos y cooperativos integrantes de ABAPPRA, la mayoría ya venía cobrando tasas por debajo de ese límite, por lo cual el acuerdo es una expresión de las prácticas crediticias ya aplicadas. Para los bancos de ADEBA, significa una reducción en algunos casos de hasta 15 puntos anuales.
 
No adhirió a estos acuerdos la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), a pesar de que su nombre agrupa a los bancos locales de capital extranjero, como el HSBC, el Santander, el BBVA, el nuevo ICBC, y a varias sucursales de bancos del exterior, como lo son el Citibank y el JP Morgan, por citar los más conocidos. Según trascendidos, ABA estaría estudiando otorgar tres cuotas sin interés para los consumos con tarjetas en supermercados, antes que modificar los intereses que cobran, que exceden largamente el 30 por ciento.
 
Como política altamente superadora de esta autorregulación, resulta interesante que el BCRA profundice la aplicación de las facultades concedidas por su nueva Carta Orgánica, y comience a colocar límites al costo financiero total (CFT) de las operaciones crediticias. El CFT es la tasa resultante de sumarle a la tasa de interés la totalidad de cargos que deben pagarse por un crédito, como seguros, comisiones e impuestos, y mide con mayor fidelidad que la tasa de interés el peso que tiene la financiación para el bolsillo del consumidor o empresario. La regulación del CFT por parte de la autoridad monetaria generaría un importante beneficio para la totalidad de los usuarios financieros.
 
En la semana se conoció el congelamiento de los precios de las naftas por seis meses, medida instrumentada oficialmente a través de una resolución de la Secretaría de Comercio, a diferencia de los acuerdos de precios con supermercados, electrodomésticos y proveedores de insumos que se realizaron por acuerdo de partes. No se podrá vulnerar el precio más alto según la región, existente al 9 de abril. La resolución abrió una puerta a YPF para que pueda incrementar el precio de sus naftas, que venían siendo más baratas que las de la competencia, y limita la suba a estas últimas. No obstante, se abre un potencial conflicto, puesto que Shell y otros productores aducen que la regulación del precio está fijada en el decreto que reglamenta la Ley de Hidrocarburos, a través de una comisión encargada de establecer los precios de estos productos. En cambio, la resolución de la Secretaría de Comercio se basa en las atribuciones conferidas por la Ley 20.680 de 1974 de Abastecimiento y Represión del Agio. 
 
La medida es positiva, y es una buena oportunidad para ir preparando estrategias más amplias para el combate a la inflación, como los estudios de costos y la determinación de la rentabilidad de las empresas para, a partir de estos datos y de la definición de una rentabilidad razonable, evaluar los precios de los productos de los principales oligopolios. Una profunda reforma tributaria, que grave progresivamente a las empresas que obtienen ganancias por encima de esa rentabilidad razonable, sería también un importante elemento contra las subas de precios.
 
UN FANTASMA RECORRE LATIONAMÉRICA. Falleció Margaret Thatcher, la ministra británica que impuso a sangre y fuego el neoliberalismo a ultranza, con privatizaciones, desregulación, liberalización comercial, destrucción de los derechos de los trabajadores y la represión feroz de sus protestas. 
 
Sin embargo, otro reciente deceso, el de Alfredo Martínez de Hoz, nos hace recordar que los primeros pasos de esas mismas políticas se comenzaron a dar en Argentina. Se necesitó una dictadura genocida en nuestro país, y una Dama de Hierro británica, con un fuerte vínculo con Ronald Reagan, para poder aplicarlas en aquellos momentos, dado que cambiaban el paradigma existente. Thatcher inició su mandato con un gravamen progresivo sobre la renta cuya tasa máxima llegaba al 83% y Reagan con una tasa máxima del 75%; cuando finalizaron sus mandatos, en ambos países esas tasas máximas no superaban el 33 por ciento. La aplicación de estas políticas conocidas como thatcherismo y reaganomics fue el inicio de la destrucción del Estado de bienestar de los países centrales, de un proceso de endeudamiento estatal fruto de la pérdida de los ingresos fiscales por las desgravaciones a los ricos y de un cambio cultural que perdura hasta nuestros días, artífice tanto de la actual crisis económica internacional como de las políticas que se aplican para supuestamente paliarla. Tal es el cambio cultural, que la nueva tasa máxima del 75% sobre la porción de ingresos que supere el millón de euros anuales, impuesta por el presidente francés François Hollande, parece una cruda anormalidad.
 
Impulsaron el sálvese quien pueda, el más profundo individualismo que, como el fuego de la antorcha olímpica, trasladaron estos días a Rosario los herederos de esas políticas, entre ellos José María Aznar, Esperanza Aguirre, Luis Alberto Lacalle, Mario Vargas Llosa; este último intenta disfrazar de mil maneras estas políticas derechistas e insolidarias, para quitarles el cariz negativo que han ido forjando durante todos estos años, intentando vanamente purificar la palabra "liberalismo". 
 
Esta reunión es una más de las innumerables acciones que llevan a cabo los liberales por tratar de vivificar estas ideas retrógradas en el continente latinoamericano, que desde hace años ha venido tomando un camino opuesto, a partir de los gobernantes que se parecen a sus pueblos. No es menor que Mario Vargas Llosa haya comentado en la reunión de Rosario su más profundo deseo de que en Argentina "una fuerza endógena debe en pocos años voltear la tortilla y empujar al país por el camino del progreso" (Tiempo Argentino, 10/04/13), en una grave e insolente intromisión en los asuntos internos de nuestro país. Las intenciones de estos "ilustres visitantes" han sido correctamente evaluadas en la solicitada que tuvo por título "Reunión de reaccionarios y golpistas" y que fuera publicada en varios medios el 11 de abril con la firma de multitud de dirigentes sociales, políticos e intelectuales.
 
En paralelo, en otra reunión en Buenos Aires, Michel Camdessus, director gerente del FMI entre 1987 y 2000, invitó a hacer un exorcismo en América Latina de dos demonios, el "populismo intervencionista y el neoliberalismo doctrinario" que dijo haber combatido desde el FMI. Si las recetas del FMI han estado reñidas con el "neoliberalismo doctrinario" vaya a saberse qué define Camdessus con ese título, con lo cual queda claro que la principal preocupación son las políticas de intervención del Estado que se vienen aplicando en gran cantidad de países de la región. 
 
Su objetivo claro es destronar a los gobiernos populares, una tensión que recorre toda América Latina, y que se expresa en el reclamo de Capriles por la supuesta deuda de 13 mil millones de dólares de Argentina con Venezuela. Dicha deuda no existe, es un cálculo estimativo que deriva de los menores precios por petróleo que Capriles considera que ha pagado Argentina. Curioso, porque muchos opositores argentinos objetan los altos costos pagados por el oro negro a Venezuela. Ambos mienten, pero sin embargo coinciden en lo esencial, su crítica artera a los procesos populares en la región y a las políticas de integración aplicadas que, en beneficio de los pueblos, han ido en contra de los mercados.