La idea es replicar una estrategia ya conocida: presionar sobre legisladores que no han expresado su posición sobre los proyectos de democratización de la justicia, para obligarlos a votar en contra. La misma estrategia se utilizó en el debate por la Resolución 125, que terminó con aquella madrugada del voto no positivo del ex vicepresidente Julio Cleto Cobos. Entonces hubo presión directa sobre legisladores y sus familias.

Luego de la propuesta de la diputada Elisa Carrió para replicar la movilización del jueves pasado pero con el único objetivo de impedir la votación en el Congreso, varias ONG salieron a buscar firmas en las redes sociales para que los ciudadanos rubriquen un pedido dirigido a 12 diputados que suelen acompañar en algunas votaciones al Frente para la Victoria, aunque también votaron en contra de proyectos del oficialismo.

Las organizaciones se presentan como entidades apolíticas. Sin embargo, tienen sus particularidades. Uno de los convocantes es la Asociación Civil por la Justicia y la Igualdad (ACIJ). Entre los integrantes de su Consejo Honorario se cuenta Martín Böhmer, profesor de la Universidad de Buenos Aires y a quien Mauricio Macri tentó con un cargo en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, aunque luego fue relegado por Inés Weinberg de Roca. Böhmer fue además uno de los asesores del actor Miguel del Sel en su construcción como candidato a gobernador de Santa Fe.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) también busca firmas por Internet. Alejandro Carrió es el tesorero de la entidad y un abogado de una extensa tarea profesional que incluye el patrocinio del Grupo Clarín en la disputa por la constitucionalidad de la Ley de Medios. Además, Carrió representó a Felipe Herrera Noble, uno de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble.
"La reforma propuesta profundiza los actuales problemas de la justicia. No ha sido debatida adecuadamente, tiene serios problemas de constitucionalidad, pone en riesgo la independencia judicial y perjudica a los más desfavorecidos", señalan en su página web los impulsores de la solicitud, entre los que aparecen también el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y Poder Ciudadano.

En los últimos años, esas organizaciones nutrieron de cuadros políticos a algunos partidos de la oposición. La diputada nacional del PRO Laura Alonso, ex directora ejecutiva de Poder Ciudadano, y Nicolás Ducoté, ex presidente de CIPPEC y actual subsecretario de Asuntos Políticos en el gobierno de la Ciudad, son dos claros ejemplos.

Ducoté primero formó parte de los promocionados "equipos técnicos" de Francisco de Narváez, hasta que en 2011 decidió pegar el salto al macrismo. Pero no es el único integrante de CIPPEC de estrechos vínculos con la política: Miguel Braun, uno de los fundadores de la ONG, es director designado por el macrismo en Banco Ciudad; Jorge Giacobbe, vocal de CIPPEC, fue asesor del intendente de La Plata, Pablo Bruera; mientras que otro vocal, Guillermo "Willie" Stanley, es el papá de Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de Macri.

En Poder Ciudadano, la relación con la política también está presente: su presidente, Daniel Arroyo, fue ministro de Desarrollo Social de Daniel Scioli hasta 2009, en tanto que en el Consejo de Administración de la organización hay dos personas que trabajan para el Grupo Clarín: su gerente de comunicación institucional, Martín Etchevers, y otro de los abogados del abogado de Grupo, Hugo Wortman Jofré. 

Nota de Tiempo Argentino.