Desde el derrocamiento de Fernando Romeo Lucas García, en 1982, Ríos Montt se encaramó al poder y proclamó que el exterminio le había sido encomendado por misteriosas instancias metafísicas. Miembro de una secta religiosa llamada Iglesia del Verbo, el uniformado se consideraba elegido para liberar a Guatemala de la amenaza comunista. Sus discursos estaban llenos de citas bíblicas y de comentarios apocalípticos.

Aunque no fue alumno de la tenebrosa Escuela de las Américas, el golpe de Ríos Montt fue alentado por las autoridades estadounidenses, que no estaban dispuestas a tolerar en Guatemala un proceso parecido al de Nicaragua y necesitaban un hombre fuerte para hacer frente a la guerrilla.

Todo el proceso contra Ríos Montt estuvo signado por los escalofriantes testimonios de los sobrevivientes del exterminio, pero un aspecto menos ventilado de esta tragedia fue el papel que jugó el entonces presidente de los EE UU Ronald Reagan. Las campañas de tierra arrasada que aniquilaron más de 600 pueblos indígenas de las tierras altas de Guatemala no fueron solamente el resultado de una ideología anticomunista que dominó las élites políticas y militares nativas, sino que el genocidio fue respaldado por la administración Reagan.

Un documento recientemente descubierto por el periodista Richard Parry demuestra que Reagan trató de aliviar las restricciones en la ayuda militar a Guatemala que habían sido impuestas por el presidente Jimmy Carter y el Congreso por las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos.

En los documentos salta a la vista la complicidad de la diplomacia estadounidense con los engranajes del terror guatemalteco. En todo el material desclasificado se comprueba que la administración Reagan no consideraba como un problema matar a civiles por la mera sospecha de simpatizar con la guerrilla.

"Queremos restablecer nuestro suministro militar tradicional y la relación de entrenamiento tan pronto como sea posible", reza una carta del general Vernon Walters, que a renglón seguido agrega: "Como los dos somos conscientes, esto no ha sido todavía posible, debido a nuestras limitaciones políticas y jurídicas internas relativas a la utilización por parte de algunos elementos de las fuerzas de seguridad y deliberada matanza indiscriminada de personas que no participan con la guerrilla o sus mecanismos de apoyo civil. No me refiero aquí a la lamentable pero inevitable muerte de inocentes, ni a los errores en situaciones de combate, sino de lo que nos parece un uso calculado de terror para inmovilizar a personas no politizadas o adversarios potenciales".

Los documentos recién descubiertos –y otros desclasificados a finales de 1990– dejan claro que Reagan y su gobierno eran muy conscientes de la carnicería en curso en Guatemala y en otras partes de Centroamérica.

El 17 de abril de 1981, un cable de la CIA describió una masacre del ejército en Cocob, cerca de Nebaj en el territorio indígena Ixil, ya que se cree que la población apoyaba a las guerrillas izquierdistas.

Una fuente de la CIA informó que "la población apareció para apoyar plenamente la guerrilla" y "los soldados se vieron obligados a disparar a todo lo que se movía". El cable de la CIA añadió que "las autoridades guatemaltecas admitieron que perdieron la vida muchos civiles, muchos de los cuales, sin duda, eran no combatientes".

Durante sus ocho años en la Casa Blanca, no hay indicios de que Reagan estuviera preocupado por el baño de sangre e incluso el genocidio que tuvo lugar en Centroamérica, mientras él enviaba cientos de millones de dólares en ayuda militar a las fuerzas implicadas. La cifra de muertos fue asombrosa –un estimado de 70 mil o más asesinatos políticos en El Salvador, posiblemente 20 mil muertos de la guerra de la Contra en Nicaragua, unas 200 "desapariciones" de políticos en Honduras y unas 100 mil víctimas de la violencia política en Guatemala.

En los documentos encontrados en la Biblioteca Reagan queda claro que las agencias de inteligencia estadounidenses siguieron de cerca las matanzas patrocinadas por el gobierno guatemalteco. Un informe de la CIA en febrero de 1982 describe una redada del ejército a través del llamado Triángulo Ixil, en la provincia central de El Quiché. "Los oficiales al mando de las unidades involucradas han sido instruidos para destruir todas las ciudades y pueblos que están cooperando con el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y eliminar todas las fuentes de resistencia", se lee en el informe. "Desde que comenzó la operación, varios pueblos han sido arrasados, y han matado a un gran número de guerrilleros y colaboradores."

El informe de la CIA explicó el modus operandi del Ejército: "Cuando una patrulla del Ejército encuentra resistencia y le disparan desde una ciudad o pueblo, se supone que toda la ciudad es hostil y que se debe destruir posteriormente". "Cuando el ejército se encuentra con un pueblo vacío, se “supone que han estado apoyando al EGP, y se destruye." Hay cientos, posiblemente miles de refugiados en las colinas sin hogares a regresar.

"El alto mando del Ejército está muy satisfecho con los resultados iniciales de la operación de barrido, y cree que va a tener éxito en la destrucción de la mayor área de soporte EGP y será capaz de conducir el EGP fuera del Triángulo Ixil (...) La creencia bien documentada por el Ejército de que toda la población indígena iIxil es pro-EGP ha creado una situación en la que se puede esperar que el ejército no de cuartel a los combatientes y no combatientes por igual".

En julio de 1982, Ríos Montt comenzó una nueva campaña de tierra arrasada bautizada "Fusiles y Frijoles". El lema significaba que los indígenas "pacificados" obtendrían frijoles, mientras que todos los demás podían esperar ser el blanco de los fusiles del Ejército.

En octubre Ríos Montt dio carta blanca a una unidad de inteligencia para ampliar las actividades de los escuadrones de la muerte que operaban en las ciudades. El 22 de octubre de ese mismo año, personal de la Embajada de los EE UU desestimó los informes de masacres calificándolos como "una campaña de desinformación, de inspiración comunista".

El 4 de diciembre de 1982, después de reunirse con Ríos Montt, Reagan elogió al general como "totalmente dedicado a la democracia" y añadió que el gobierno guatemalteco había hecho grandes avances en materia de Derechos Humanos.

Sin embargo, en febrero de 1983, un cable secreto de la CIA observó un aumento de la "violencia de derecha con los secuestros de estudiantes y profesores". Los cuerpos de las víctimas fueron apareciendo en las cunetas y barrancos. Fuentes de la CIA rastrearon estos asesinatos al entorno de Ríos Montt y lo acusaron de "retener, interrogar y deshacerse de presuntos guerrilleros a su antojo".

La semana pasada, The New York Times informó sobre algunos de los testimonios más escalofriantes, pero –como sucede casi siempre en estos casos– no mencionó el papel de Reagan y su gobierno. La historia de la matanza de Guatemala y la complicidad del gobierno de Reagan rápidamente desapareció en el gran agujero de la memoria estadounidense.