Con la muerte de Videla, se rememora un pasado trágico y cercano, que construyó y consolidó cambios profundos; condicionantes estructurales de las prácticas sociales, económicas, políticas y culturales de la posdictadura en la Argentina, que aún siguen impactando. Pero también, condiciones que venimos transformando en base a la lucha y construcción de una democracia ocupada en ampliar sus derechos y garantizar una ciudadanía con más igualdad, libertad y pluralidad.

En la esfera económica, el plan de la dictadura cívico-militar, diseñado e implementado por Martínez de Hoz se basó de modo central en la reforma financiera y en la apertura comercial, y procuró generar un modelo de crecimiento basado en la especulación, la rearticulación del modelo agro-exportador y desarticulación del espacio industrial.

La multiplicación de bancos privados de capital nacional (de 68 a 152 en tres años) y su reflejo en los actores del sistema financiero (más banqueros, financistas, agentes de bolsa, casas de cambio) es una modificación brusca en un mercado de capitales chico, controlado hasta ese momento por una CNV cuyo instrumento de acción era la vieja ley de Onganía N° 17.811. Es dable pensar que en un año "bisagra" para la dictadura genocida como el '79 (que comienza a cambiar su discurso respecto de sus crímenes y a hablar de "fin de la guerra contra la subversión" o "los desaparecidos están muertos") también comience a apuntar sus cañones (de rapiña) contra un mercado financiero que, multiplicado en el centro de un esquema corrupto, se "descontroló" para la mirada obtusa y criminal, de quienes ocupaban espacios de decisión estatal en ese momento. Esto derivó en una acción, con detenciones y causas penales, acompañadas de secuestros y desapoderamiento de bienes. Un juego que benefició a socios corporativos sin importar los caídos en desgracia.

Hoy, los ataques de las corporaciones al actual modelo socioeconómico se generan a partir de las investigaciones sobre responsabilidades del pasado en la última dictadura: un complejo entramado de intereses de los cómplices civiles y corporativos con los genocidas.

Esta búsqueda de la verdad para obtener justicia, tuvo su réplica por parte de estos mismos sectores corporativos, que no dudaron en calificar la investigación de la CNV, como una "persecución a empresarios" o un regreso al "stalinismo". Pero esta confrontación no es más que un intento por preservar sus privilegios y restaurar un orden neoliberal, que sólo procura desestabilizar un gobierno nacional que desde 2003 enfrenta esos intereses.