La AFIP allanó esta semana la firma Dart Sudamericana SRL, perteneciente a Kenneth Dart, dueño también del fondo buitre que se encuentra litigando en Nueva York contra nuestro país por la cuestión de la deuda. Se trata de la filial local de la mayor empresa de vasos térmicos de Estados Unidos, con sede en paraísos fiscales, y que desarrolla sus actividades en 17 países. La AFIP sospecha que la firma habría realizado maniobras de sobrefacturación de importaciones para fugar divisas al exterior, y operaciones para reducir los pagos del Impuesto a las Ganancias. Fugar divisas y evadir impuestos no es otra cosa que una forma de saqueo de riquezas y trabajo argentino, aunque se realice con un suave guante blanco.

La noticia constituye un buen punto de partida para reflexionar sobre el rol de la inversión externa, y para ponderar cuáles deben ser las acciones estatales tendientes a regular la operatoria de las grandes corporaciones globales, en consonancia con la búsqueda de un desarrollo económico, social y cultural, que nos vaya dando cada vez mayores niveles de autonomía sobre nuestros recursos naturales y humanos.

En un reciente informe sobre la Inversión Extranjera Directa (IED) en la región, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sostiene que la inversión extranjera tiende a reforzar el patrón de especialización preexistente y que "los patrones sectoriales de destino de la IED se van orientando cada vez más hacia la explotación de los recursos naturales –en particular en América del Sur–". Pero, en realidad, como agrega el informe, el "cambio de la estructura productiva es justamente una de las necesidades más importantes que tiene que enfrentar la región" y por ello "es urgente medir el impacto de la IED en términos de su contribución al empleo, a las exportaciones, al valor añadido local y, en un sentido más dinámico, al cambio estructural".

Queda muy clara entonces la necesidad de reflexionar respecto de este tipo de inversiones, particularmente si en la mayoría de los países de la región refleja severas deficiencias. En nuestro caso, los condicionantes de la inversión externa se encarnaron, por ejemplo, en lo ocurrido en el sector de los hidrocarburos, experiencia que derivó en la renacionalización de Repsol-YPF, tras una funesta gestión privada que condujo a la pérdida del autoabastecimiento energético, un tópico demasiado relevante como para ser dejado en manos del sector privado. La reestatización de la empresa más grande del país y la declaración de la producción de hidrocarburos como de interés público fueron dos de las decisiones soberanas más trascendentes de los últimos tiempos.

En Argentina, según la CEPAL, la entrada de inversiones quedó completamente contrarrestada por las rentas empresarias. En rigor, también habría que contemplar ciertas operaciones dudosas o directamente sospechadas de ilegalidad, como la sobrefacturación de importaciones de las filiales, bien ejemplificadas con el presunto accionar de Dart, o el endeudamiento intrafirma entre la matriz ultramarina y su casa local. Estas se vinculan a los denominados precios de transferencia, transacciones que se realizan entre empresas del mismo grupo localizadas en distintos países, con el único fin de fugar divisas de países como el nuestro, y también para pagar menos impuestos, como parte de una estrategia de maximización del lucro ejecutada a escala global. Como sabemos, para las grandes corporaciones capitalistas multinacionales, maximizar ganancias es su tótem más sagrado, está en su naturaleza.

En este contexto, resulta determinante revalorizar el accionar de los estados nacionales y dotarlos de herramientas para que puedan direccionar y regular al inversor externo en pos de los objetivos para el desarrollo del país.

Según el mismo informe, en 2012 las multinacionales instaladas en nuestro país reinvirtieron en promedio un 64% de sus ganancias locales, duplicando la media del período 2007-2011 (30 por ciento). Esto no obedeció a un comportamiento benigno de las "fuerzas del mercado", sino que, por el contrario, tuvo su origen en una serie de regulaciones estatales tendientes a disminuir la salida de divisas al exterior, aunque algunas de ellas no están formalizadas. El sentido positivo de ese tipo de medidas debería comenzar a formar parte de un nuevo plexo normativo que remplace al actual, heredado de la etapa neoliberal y moldeado para garantizarle sa las inversiones externas la mayor tasa de ganancia, esquema que se contradice con los verdaderos intereses de nuestro país y la mejora de la vida de nuestro pueblo.

La situación planteada nos enfrenta al desafío de cambiar la ley vigente de inversiones extranjeras de la dictadura (Ley 21.382), que contiene una gran cantidad de "podrán" y ningún "deberán"; es decir, otorga derechos plenos a los inversores extranjeros, sin exigir ninguna obligación a cambio. Sería un paso importante para seguir sosteniendo la política de recuperación de autonomía económica. En el mismo sentido, también habría que desactivar los 52 tratados bilaterales de inversión que firmó nuestro país en los tiempos de sumisión al neoliberalismo.

En suma, podemos concluir que resultan valorables las acciones del Estado que tuvieron como resultado una clara mejoría en materia de reinversión de utilidades. Todo indica también que se impone la necesidad de contar con un nuevo marco legal para las inversiones externas, de forma tal que aporten al desarrollo de nuestro país, y no al revés. Se trata de uno de los cambios necesarios para seguir profundizando el modelo productivo con mayor inclusión social.