En las últimas horas, transcendió que Lorenzetti habría omitido, hasta fines de 2009, ingresos derivados de rentas de un depósito en el banco suizo Credit Suisse, que luego habría regularizado en el marco de una moratoria abierta por la Ley 26.476.

Ayer, el titular del ente recaudador, Ricardo Echegaray, consideró "un abordaje impropio" que la Corte, "de manera institucional", solicite "una audiencia para tratar cuestiones estrictamente particulares de contribuyentes y sus familiares". De todos modos, el funcionario informó que la AFIP está verificando la situación impositiva del director general de Administración de la Corte, Héctor Marchi, y de la empresa Ratio, cuyos propietarios serían los hijos de Lorenzetti. Aunque descartó de plano que dicha tarea forme parte de un "hostigamiento" del Poder Ejecutivo a los jueces supremos, tal como hizo transcender -el martes pasado, dos días antes de la publicación de su comunicado- la CSJ a través de las corporaciones periodísticas Clarín y La Nación.

Se está investigando el origen de la filtración que le permitió a Lorenzetti saber el procedimiento de la AFIP y la información con la que el organismo contaba.

Ante una consulta de la prensa, hecha durante el anuncio de una suba en la recaudación impositiva, Echegaray se agarró de otra muletilla que cotiza alto en la oposición, el supuesto "avance contra la justicia", para ahondar sus críticas a la decisión de cinco de los siete magistrados de salir en defensa de Lorenzetti y sus allegados. Dijo el jefe de los recaudadores: “Estamos frente a un avance (de la CSJ) sobre cuestiones y facultades que la ley le acuerda expresamente a la AFIP como organismo ejecutor de la política fiscal". Resaltó que constituye "una amenaza" y agregó: "no vi nunca, en mis 21 años de carrera" profesional y política la reacción corporativa que tuvieron Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y el propio Lorenzetti, quienes firmaron el cuestionado comunicado.

El pasado jueves, la Corte informó públicamente que había encomendado "a funcionarios del Tribunal que se reunieran con representantes de la AFIP para aclarar la situación" de Lorenzetti, sus hijos y Marchi. Lo hicieron. Y, ayer, Echegaray contó los detalles: Marchi dialogó "primero por teléfono y luego dos veces en persona", con Rubén Toninelli, el titular de la DGI -que se convirtió en una dependencia de su sucesora- la AFIP, para hacerle saber su "descontento", y el de Lorenzetti por la presunta investigación fiscal. Siempre de acuerdo a Echegaray, en el primer contacto, hecho el martes pasado, Marchi advirtió a su interlocutor que la Corte "estaba evaluando la posible denuncia penal " al titular del ente recaudador por "extorsión y abuso de autoridad". Convocado a la AFIP, dos días después, Toninelli desmintió -siempre ante Marchi- que Lorenzetti y sus hijos estuvieran "bajo fiscalización y/o verificación" de la AFIP. Pero sí le indicó que, "en un cruce habitual de información", la AFIP había detectado que él, Marchi, no había presentado su declaración jurada del impuesto a las Ganancias correspondiente a 2012. Consciente de su falta, el director general de Administración de la CSJ regularizó su situación ese mismo día (ver facsímil). Los datos están siendo analizados por la AFIP.

En cuanto a Pablo, Franco y Lucía Lorenzetti, Echegaray señaló que son investigados en su carácter de propietarios de Ratio, una sociedad que muestra "inconsistencias" en sus declaraciones, informó Télam.

Ratio SA se constituyó como sociedad en 1997 bajo el número de CUIT 30-70034259-6. Tiene domicilio en la localidad de Rafaela, Santa Fe. Según registros públicos, tiene una sede en el barrio porteño de Puerto Madero, ubicada en la calle Olga Cossenttini 1190, piso 5, departamento 505. Y está inscripta en el rubro “servicios inmobiliarios”. Los accionistas serían los hijos del presidente de la Corte, en un 33% cada uno. El apellido Lorenzetti se repite en el directorio de la firma, aunque, al menos por ahora, se desconoce su cargo societario.

El nombre de Ratio surgió de un entrecruzamiento de datos que permitieron establecer que compró un inmueble en Puerto Madero a una empresa con sede en Londres. Este tipo de contralor es hecho habitualmente para descartar que se trate de ventas ficticias vinculadas a lavado de dinero. Desde la AFIP hicieron trascender que el de Ratio es uno de 3400 casos similares que están bajo la lupa fiscal en la actualidad.

Un dato que llamó la atención en el ente recaudador fue que ninguno de esos chequeos fueron notificados a las partes, por lo que se está investigando el origen de la filtración que le permitió a Lorenzetti saber el procedimiento de la AFIP y, al parecer, la información con la que el organismo contaba. Hechos y datos que, se supo luego, primero en off y luego on the record, el presidente de la CSJ relató a sus pares en la reunión plenaria del martes pasado. Y disparó la andanada judicial contra la Rosada.

Según pudo saber Tiempo Argentino, aquel no es el único elemento en torno a Lorenzetti que llama la atención de las autoridades. Hasta fines de 2009, el juez supremo habría omitido declarar ingresos derivados de un depósito en el banco suizo Credit Suisse (no trascendió en qué sucursal estaría radicada esa cuenta). Lorenzetti se habría acogido a la regularización impositiva, promulgada por el Congreso Nacional en diciembre de 2008, para regularizar su situación ante el fisco. Por otra parte, hasta 2003, el presidente del máximo tribunal habría compartido con Marchi, el mismo que tiene a su cargo las cuestas del Poder Judicial federal, una sociedad comercial denominada Medios de la Región SA. Todas estas informaciones fueron desmentidas ayer por voceros de Lorenzetti (ver recuadro).

En su conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, Echegaray informó que Lorenzetti recibió una notificación de la AFIP para indagar si el juez tiene empleadas domésticas en su casa de su pueblo natal, Rafaela. Ocurre que el ente recaudador creó, en mayo pasado, una herramienta para inducir a las personas con altos ingresos –alcanzados por el impuesto Bienes Personale– a pagar los aportes y contribuciones correspondientes a sus trabajadoras domésticas.

En ese sentido, Echegaray recordó que la AFIP investigó a miembros de otros poderes, como ministros del Poder Ejecutivo, legisladores e, incluso, al juez supremo Eugenio Zaffaroni. “Y nunca nadie se quejó por esto”, enfatizó. Y sobre el vínculo con Lorenzetti sostuvo: "Hablamos de mi gestión y me ha convocado a sus oficinas por temas institucionales. Muy distinto es tener una reunión particular de un miembro de la Corte por él o uno de sus hijos o familiares".

Respuesta de Lorenzetti

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, aclaró a través de voceros que su patrimonio y participación en sociedades están declaradas ante las autoridades fiscales. Fuentes de la Corte dijeron que el magistrado "no participó en el blanqueo ni nunca tuvo una cuenta en Suiza", pero que sí posee una cuenta en el exterior, que existe desde antes del desembarco en el tribunal "y está declarada desde su postulación". Agregaron que la sociedad Ratio "es familiar", de Lorenzetti y su ex esposa, y que "se donó la propiedad de las acciones a sus hijos". Las fuentes indicaron que la compra de un departamento, también bajo análisis de la AFIP, se concretó el 16 de diciembre de 2005 "a una sociedad extranjera que había comprado previamente el departamento en el Banco Hipotecario, fue declarada inmediatamente y nunca hubo una objeción. Tampoco un cruce de información". Finalmente, descartaron que hubiera elusión fiscal en la contratación de una empleada doméstica. "La intimación fue enviada a un domicilio equivocado, según la fotocopia que exhibió el titular de AFIP", aseguraron.

También el administrador de la Corte, Héctor Marchi, hizo trascender una aclaración similar. Negó haber presentado la declaración jurada de Ganancias fuera de término y haber tenido vinculación con Ratio o la explotación sojera. La réplica incluyó una justificación para usar los canales formales de comunicación de la Corte, con el fin de "averiguar si había un espionaje ilegal, lo cual podría tener gravedad institucional".