La justicia puso fin a la persecución que el Grupo Clarín había iniciado en noviembre pasado contra periodistas –entre ellos, el fundador de este diario, Roberto Caballero– y funcionarios públicos por opinar distinto. La Cámara Federal porteña confirmó el archivo de la denuncia penal que impulsó el multimedios por "incitación de la violencia colectiva en perjuicio del Grupo" y ratificó que las opiniones vertidas se enmarcan en "el ejercicio del derecho constitucional de libertad de expresión".

En una decisión saludable para la democracia –tomada el 8 de agosto y dada a conocer ayer–, la Sala I del tribunal consideró que "la difusión de ideas opuestas y/o divergentes a aquellas propagadas por el Grupo no resulta más que el ejercicio del derecho constitucional de libertad de expresión, sin que se advierta en esta proclamación la creación de un peligro cierto de causar actos de violencia ni la intención de incitar a cometer actos ilícitos".

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