La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública al gobierno y al Grupo Clarín SA antes de decidir sobre la constitucionalidad de algunos artículos que están en suspenso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada hace ya cuatro años. 

La fecha fijada puede ser una casualidad del calendario o un adelanto de su consecuencia: será el 28 de agosto, cuando se cumpla el 68º aniversario de la fundación por Roberto Noble del diario que dio origen a la empresa de comunicación y derivados más concentrada del país.
 
Vale decir que la Ley 26.522, que lleva la firma de la presidenta constitucional Cristina Fernández de Kirchner, tiene ganada la primera batalla política, simbólica y cultural, porque vino a remplazar el decreto-ley 22.285, que tenía estampadas las rúbricas del dictador genocida Jorge Rafael Videla y su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.
 
La llamada "Ley de Medios" impulsada por el kirchnerismo y la sociedad civil, hoy, es no sólo democrática en su factura y promulgación sino además incuestionablemente constitucional en 162 de sus 166 artículos.
 
Pero el Grupo Clarín SA logró que cuatro artículos, y más específicamente algunos de sus incisos o párrafos, fueran congelados judicialmente en su aplicación hasta la intervención definitiva del máximo tribunal del país.
 
Lo que está en debate, según la convocatoria, "es  la validez constitucional de los artículos 41 y 161; del artículo 45, apartado 1, incisos a) y apartado 2, incisos a) y b); y la validez constitucional del artículo 45, apartado 1, inciso c) y párrafo final; apartado 2, incisos c) y d), y párrafo final; y apartado 3; y la validez constitucional del segundo párrafo del artículo 48".
 
En resumidas cuentas, sin objetar el resto del articulado que está absolutamente vigente, la Corte habilitó el debate entre el gobierno democrático y un privado sobre lo que se considera el núcleo antimonopólico de la ley.
 
Es decir, sobre su corazón: el de la adecuación al nuevo paradigma. Precisamente, es el pasaje que está apuntalado doctrinaria y jurisprudencialmente por los pactos internacionales –como el de San José de Costa Rica–, a los que la Nación Argentina suscribe desde 1994, cuando se consagró la nueva Constitución.
 
Lo que sigue son algunas de las definiciones del sistema interamericano de justicia y Derechos Humanos –la comunicación y la libertad de expresión son Derechos Humanos– que fundamentan y justifican los artículos en cuestión.
 
En su Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión (artículo 12), de octubre del 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó por escrito: "Los monopolios u oligopolios en la propiedad de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos (…) Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos."
 
Y es el Estado el que debe regular la actividad de los medios de comunicación. La propia CIDH reconoció que la potestad que tiene "abarca tanto la posibilidad de definir la forma en que se realizan las concesiones, renovaciones o revocaciones de las licencias, como de planificar o implementar políticas públicas sobre dicha actividad, siempre y cuando se respeten las pautas que impone el derecho a la libertad de expresión".
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la CIDH contemplan que uno de los requisitos fundantes del "derecho a la libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia pluralidad y diversidad en la información". Es interesante repasar qué dicen al respecto los textos de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA): "Si estos medios son controlados por un número reducido de individuos, o bien por sólo uno, se está, de hecho, creando una sociedad en donde un reducido número de personas, o sólo una, ejercen el control sobre la información, y directa o indirectamente, la opinión que recibe el resto de las personas.
 
Esta carencia en la pluralidad en la información es un serio obstáculo para el funcionamiento de la democracia". En 2004, la Relatoría expresó: "Desde hace algunos años se viene señalando que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación masiva es una de las mayores amenazas para el pluralismo y la diversidad de la información. Aunque a veces difícilmente percibida por su carácter sutil, la libertad de expresión tiene un cercano vínculo con la problemática de la concentración (…) La Relatoría considera que el marco del derecho a la competencia en muchas ocasiones puede resultar insuficiente, particularmente en cuanto a la asignación de las frecuencias radioeléctricas. No se impide entonces la existencia de un marco regulatorio antimonopólico que incluya normas que garanticen la pluralidad atendiendo la especial naturaleza de la libertad de expresión".
 
La jurisprudencia es abundante y antimonopólica. Puede acudirse a las publicaciones de los organismos citados para evacuar cualquier duda. El Derecho comparado establece límites a la concentración. No sólo cuando tienden a la formación de oligopolios o monopolios. También cuando se producen procesos de abuso de posición dominante, como ocurre con Clarín SA, en general y en particular. Sus empresas son, en algunos casos, monopólicas. En otros, oligopólicas. Y tienen una indesmentible y extrema posición dominante en el conjunto del país con casi 250 licencias radiales y televisivas.
 
Como antecedente, es interesante cotejar experiencias extranjeras. No hace falta citar a Cuba ni a Venezuela ni a Ecuador para encontrar leyes antimonopólicas. En Estados Unidos, por ejemplo, ante un planteo por inconstitucionalidad contra la FCC (la autoridad federal de comunicaciones, la AFSCA del país del norte), la justicia dictaminó que "la diversificación de la propiedad de los medios de comunicación enriquece la posibilidad de lograr una mayor diversidad de puntos de vista". En aquel país, reflejo de  la sociedad capitalista fundada en el liberalismo antiestatal, la Communications Act, de 1996, establece que no se pueden superponer bajo la misma propiedad diarios y TV abierta en una misma zona. Las licencias de radio no pueden superar el 35% del mercado local, la audiencia potencial nacional no debe superar el 35% del mercado y no está permitido tener en simultáneo licencias de TV abierta y radio. Todo eso es de un rigor que la ley argentina no propone, aunque es presentada por Clarín como una avanzada contra el derecho a la propiedad.
 
El Programa Internacional de Desarrollo de las Comunicaciones, habitualmente citado en todas las academias del mundo, señaló que el Estado debe asegurar el surgimiento de otros medios, y recomienda "regulaciones eficaces para impedir la indebida concentración de la propiedad y promover la pluralidad; y legislación específica sobre la propiedad cruzada dentro de los medios y entre la radio y la TV y otros sectores mediáticos para impedir la dominación del mercado".
 
La Ley 26.522 cumple con esos requisitos. Es, como ya se dijo, menos exigente que legislaciones parecidas de EE UU, y también de Inglaterra, Francia e Italia. No se mete con la tenencia de diarios, por ejemplo. Su sanción está en línea con los pactos internacionales que exigen a los Estados miembros leyes puntuales para evitar la concentración. El actual mapa de medios audiovisuales, con Clarín SA como caso más escandaloso –aunque no es el único–, viola esos mismos principios. Revertirlo es una obligación del Estado argentino. El Ejecutivo ya se expidió. El Parlamento también. La Corte ya dijo que no está en juego la libertad de expresión con las cláusulas de adecuación, sino un mero asunto patrimonial. Nadie pone en duda, entonces, lo obvio: dictar leyes con espíritu antimonopólico es una exigencia. Lo mismo que cumplirlas.
 
La pregunta fundamental, de cara a la audiencia pública del 28 de agosto, es qué tiempo considera el máximo tribunal para que comiencen a regir. La ley decía un año. La misma Corte, en una resolución, lo avaló. Después la justicia cautelar extendió el plazo, de hecho, a cuatro.
 
No hay modo de aplicar reglas antimonopólicas con la total anuencia de los afectados. Estos van a resistirse y tratarán de estirar los plazos hasta el infinito. En el caso de Clarín, además, con mucho éxito, como se viene dando, provocando un daño a la legitimidad del Estado como autoridad en la aplicación de normas, inconmensurable.
 
Pensar que la CIDH, cuando promovió sus principios de 2000, marcando la urgencia de la diversidad y el pluralismo contra los monopolios y los oligopolios, lo hizo con la intención de esperar a que las licencias se esfumen por efecto del paso del tiempo, simplemente, es una interpretación cándida que termina privilegiando los derechos empresarios por sobre los derechos de toda la sociedad democrática. La libertad de los propietarios sobre los propietarios de la libertad.
 
¿Cuánto tiempo interpreta la Corte como "urgente" para que empiece a regir una ley antimonopólica como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? ¿Uno, como decía le ley? ¿Cuatro, como se le extendió de hecho por vía de cautelares a los grupos concentrados? ¿Trece, como el tiempo que transcurrió desde que la CIDH declaró sus principios? La respuesta la tienen los supremos.
 
Será televisada y habrá una multitud pacífica esperándola frente al Palacio de Tribunales.
 
Una de Capusotto
 
En la edición de ayer de La Nación, Hugo y Pablo Moyano se despachan como quien habla con un amigo. Ante una pregunta del psicólogo Diego Sehinkman, después de una larga enumeración de quejas, los sindicalistas que eran oficialistas hasta hace un año y ahora son furiosos opositores, cayeron en la trampa del diario de los Mitre.
 
Pregunta el psicólogo de La Nación: "¿Por qué se rompe el vínculo entre ustedes y el gobierno?"
 
Responde Pablo Moyano: "Creo que el Gobierno, o directamente la presidenta, detesta al movimiento obrero. No se olvidan de que Perón los echó de la Plaza y se quedó con el gremialismo, y la bronca de esa época la siguen manteniendo."
 
Insiste el psicólogo de La Nación: "El conflicto de fondo todavía es Montoneros vs…"
 
Responde Pablo Moyano: "Sí, versus sindicalismo, por supuesto. Fijate el desprecio que tienen y lo que han hecho con el sindicalismo, lo han dividido todo y a los que quedaron en la CGT oficial no les han dado ningún puesto en las listas."
 
Un espanto. Revivir la pelea fraticida entre sectores del peronismo para dejar en evidencia que lo único preocupante son los carguitos, es tener muy mala memoria. Fue este diario el que propició un encuentro entre el líder de la Juventud Sindical, Facundo Moyano, y Camilo Juárez, el hijo del desaparecido líder de la JTP setentista, Enrique Juárez, en la ESMA.
 
La cita fue un homenaje y una posibilidad de sintetizar y superar los desencuentros. Después de aquella pelea de 1974 que el psicólogo de La Nación y Pablo Moyano trajeron de los pelos al presente, ocurrió una tragedia. La mayor de la historia argentina.
 
Los Montoneros ya no existen, salvo por el humor de Capusotto y sus videos. La disyuntiva hoy no es entre los montoneros que Pablo Moyano imagina y los sindicalistas, como dice el camionero. Es democracia vs. corporaciones, las mismas que se beneficiaron del genocidio que tuvo a los trabajadores entre sus principales blancos. Y eso no es chiste.
 
Duda / Vigencia
 
¿Cuánto tiempo interpreta la Corte como  "urgente" para que empiece a a regir una ley antimonopólica? ¿Uno, como decía la ley?, ¿cuatro, como se extendió por las cautelares? 
 
Comer la cena en el desayuno
 
Sergio Massa superó en dos puntos y medio los resultados que pronosticaban las encuestas antes de las PASO y su alter ego, Felipe Solá, ya avisa que el intendente de Tigre va a competir por la presidencia de la Nación en 2015. Parece que el Frente Renovador gusta servirse la cena en el desayuno. Lo que viene son dos meses y medio antes de las elecciones legislativas y todavía falta bastante más para las presidenciales.
 
Es una lectura excesivamente triunfalista de su equipo de campaña. Tal vez producto de la adrenalina electoral. En 40 días instalaron a su candidato y vencieron por 5,5 puntos al otro más votado en la provincia de Buenos Aires: el también intendente, en este caso de Lomas, Martín Insaurralde, del Frente para La Victoria. Aprovecharon muy bien el conocimiento previo de su figura –Massa tuvo exposición en el PAMI, en la jefatura de Gabinete y también en el club Tigre–, eligieron un marketing apropiado –que concentró la oferta en él distrayendo la atención sobre sus compañeros de andanzas, el PRO y el duhaldismo residual, con Jesús Cariglino, Miguel Ángel Toma, la mujer de Luis Barrionuevo, Alberto Fernández y Juan José Álvarez– y contaron con un fabuloso e impagable aparato de propaganda que incluye nada menos que a los dos diarios hegemónicos y a las centenares de licencias audiovisuales ilegales del Grupo Clarín SA, del Grupo Pierri y del Grupo Vila-Manzano.
 
Pero entusiasmarse con el sillón principal de la Casa Rosada, cuando los resultados actuales surgen de una elección provisional, es de una glotonería que la política desaconseja. Nadie está exento de equivocarse así. Su equipo lo sabe, pero trabaja con otra idea: generar la sensación de que el éxito de Massa fue extraordinario –tanto como estacionar una Interisleña frente a Balcarce 50– para atraer a los votantes que suelen identificarse con el vencedor, sin grandes conflictos ideológicos; y también para poner en marcha el "Operativo Garrochas" hacia el estómago del peronismo provincial.
 
Cuando más indigesto sea el resultado para los cuadros del peronismo bonaerense –el de las urnas, claro, pero sobre todo la batalla interpretativa de los números que se da a través de los medios que trabajan para Massa, no hay que olvidarlo–, se prevé un salto en garrocha hacia el bando ganador. El objetivo es la cabeza de los intendentes con mentalidad de localía, preocupados por retener el control de los concejos deliberantes que podrían destituirlos y acabar con sus mini reinados.
 
Por estas horas, las metáforas sobre calas y olores tanáticos están pensadas y promovidas con ese fin. Comunicar que algo entró en descomposición y puede arrastrarlos a la debacle. El "Operativo Garrochas" les ofrece a futuro una imaginaria supervivencia al lado del campeón. Imaginaria porque el campeón, todavía, es peso pluma. No es Tyson. Ganó pero lo hizo por puntos. Y la pelea sigue. Está abierta hasta el 27 de octubre, por la noche.
 
Los 5,5 puntos de ventaja, aunque en el territorio de sentidos dominado por la prensa hegemónica sean interpretados y comunicados como una paliza irremontable, no hablan de una cifra indescontable para el kirchnerismo. Después de una década de gobierno que va camino al onceavo año, inéditamente el oficialismo –como nunca sucedió antes en la historia: ni con Roca, ni con Perón, ni con Menem– sigue obteniendo más votos que el resto a nivel nacional.
 
Presentar esto como un fin de ciclo es demasiado. Suma alguna verosimilitud sólo por el artículo 90 de la Constitución Nacional. Al no tener Cristina habilitada la reelección, la oposición y una parte del movimiento que acaudilla creen cumplido el tiempo político biológico de su experiencia. Hay una confusión de roles entre Estado, partido y movimiento preocupante dentro del espacio oficial. Es parte de los debates no saldados. Son varios. El más complejo, sin embargo, es el que obliga a encontrar una respuesta a qué va a pasar el día que Cristina abandone la Casa Rosada, concluido su mandato.
 
Es indispensable abrirlo y no sólo en términos de candidaturas o males menores. La identidad peronista pudo sobrevivir a través de las décadas al exilio de su líder, las proscripciones, las persecuciones y las matanzas reportando a una doctrina expresada en 20 verdades sencillas que traducían cosas nada sencillas. ¿Cuáles son las del kirchnerismo? Es un lindo ensayo para Hernán Brienza.
 
Volviendo a las elecciones bonaerenses de octubre, sin irnos por las ramas, hay tres escenarios probables con dos resultados posibles: las puede dar vuelta el kirchnerismo, las puede ganar Massa o las puede perder el kirchnerismo. Una elección es una encrucijada donde se cuentan votos. El que más obtiene, gana. El que menos, pierde. Cuando es democrática, se basa en una premisa universal: un hombre, un voto. Es decir: vale lo mismo el voto del físico cuántico del distraído que pasó por ahí, vio luz y metió el sobre. Cualquier expresión política que proponga la vuelta al voto calificado, queda fuera de juego.
 
Para disgusto de los que idealizan todo, los convencidos siempre son los menos. Las razones de un sufragio son múltiples y elásticas. El sesudo hipermilitante tendrá unas. El políticamente menos interesado puede tener otras. Para la planilla de la urna, al final de la jornada, son idénticas. ¿Qué sucede cuando convergen votos de estereotipos antagónicos? Se consigue una mayoría exitosa que permite cambiar la historia, dentro de los límites que impone el propio sistema.
 
Comprender esto no tiene que ver con la ideología solamente. Es la voluntad de poder lo que cuenta. Es sabido que las convicciones nunca deben ser dejadas de lado. Ni en las puertas de la Rosada, ni en las de una intendencia, ni en las del Congreso. Esa pueda ser una de las verdades trascendentes de la identidad kirchnerista –ahora a Brienza le quedan 19 por encontrar–. Pero salvo para el testimonialismo romántico, en un acto electoral la sociedad diversa y plural en la que vivimos vota a los convencidos y también a los que se sonríen de oreja a oreja. ¿Se puede estar convencido de algo y a la vez reírse? No está prohibido. Se elige porque se está de acuerdo con una propuesta y también por empatía.
 
En política, ser exitoso en los argumentos es ganar. Nadie puede sentirse victorioso si está convencido de que tiene los mejores argumentos y finalmente estos terminan cediendo ante otros, que aunque no tan buenos ni tan trascendentes, están mejor comunicados. Refugiarse en el culto de la derrota, contentarse con ser una vanguardia inmolada, espanta a las masividades necesarias para ganar una simple elección. Es frustrante tener la razón y que no te la reconozcan. Lo inverso, en cambio, es el objetivo de cualquier política que busca transformar la realidad.
 
Los mejores argumentos, para ser revalidados, tienen que ganarles a los otros. En democracia, obteniendo más votos que el resto. Vale convencer, persuadir, enamorar y seducir. El marketing no es una ciencia del capitalismo financiero: es un instrumento que promueve conductas.
 
No es mentir: es hacer más atractiva una verdad. En ese terreno, en el de las verdades, el kirchnerismo lleva ventaja. Es mucho mejor y más previsible que sus competidores. El único que habla de un nuevo orden y todavía concita la adhesión del 30% del electorado. Si lo comunica mejor, seguramente podrá incrementar el apoyo. ¿O qué fue el 54 por ciento?
Pero el kirchnerismo también tiene que vencer a un sector del kirchnerismo que cree que hasta acá llegó si pretende ganarle al massismo.
 
La propuesta personalista del intendente de Tigre trabaja sobre ese déficit. Es la respuesta mala a un interrogante concreto que el oficialismo aún no saldó. El artículo 90 no puede ser el techo de cristal de una experiencia cuya riqueza política y cultural está fuera de toda discusión.
 
En octubre, hay que volver al cuarto oscuro. Para llorar se hicieron las iglesias.