La Audiencia Pública convocada por el máximo tribunal para escuchar a las partes y a los amicus curiae, antes de dictar el fallo sobre cuatro artículos judicializados por el monopolio mediático, busca establecer que la disputa es exclusivamente entre el gobierno y el Grupo Clarín. Como señalamos en 2009, y ahora reafirmamos, no se trataba de "la ley de medios k" contra Clarín como decía el monopolio, sino una ley surgida desde las entrañas de la sociedad y que el gobierno hizo propia en su política de ampliación de derechos.

Más allá del destino de esos artículos de por sí importantes y que vamos a defender, en realidad lo que está en juego es la desconcentración efectiva de los medios audiovisuales. Porque la comunicación y la información es un derecho popular y no un negocio que las corporaciones pretenden inviolables en nombre de "la libertad de expresión". El derecho de las organizaciones sociales, comunitarias, sindicatos, organismos de Derechos Humanos, cooperativas, radiodifusores y productores de contenidos de micro y pequeñas empresas de arraigo local, pymes, pueblos originarios, universidades, de acceder a medios audiovisuales propios en igualdad de condiciones de emisión respecto de los medios de grupos económicos. Quienes en todos estos años hemos demostrado que podemos construir comunicación con calidad y rigurosidad periodísticas y hemos atesorado un valor que reconocen nuestras audiencias: la credibilidad.

Además, con la audiencia, la Corte procura alargar un debate que se inició hace treinta años y que la Coalición por una Radiodifusión Democrática plasmó en los 21 Puntos básicos para la democratización de las comunicaciones en 2004 y en un proyecto de ley elaborado en asambleas, foros y movilizaciones en todo el país y que fue presentado al Poder Ejecutivo en el año 2008.

La Corte tiene la oportunidad de demostrar que no está subordinada al poder económico que aún concentra la comunicación en la Argentina.

No nos será indistinto el fallo de la Corte. Pero no es posible depender de fallos judiciales para garantizar su implementación, porque la ley no se reduce a cuatro artículos. Para ir por lo que falta, las organizaciones populares recuperamos la calle.