Desde hace 12 años, Adrián Alejandro Ferreiro o "Pechito" vive en una esquina del barrio porteño de Palermo. Ante su ausencia, los vecinos de la zona que lo conocen se alarmaron. Luego se supo que se lo había llevado un móvil del Gobierno de la Ciudad y tras una búsqueda que iniciaron por los hospitales públicos, lo encontraron internado en estado delicado en el Piñero, de Flores. Una nota aparte merecería la preocupación colectiva por Pechín y Galo, sus perros compañeros.

La vida de “Pechito” se presentó estos días en los medios de comunicación y en las redes sociales como pintoresca, tierna. Sus mascotas, su televisor, su colchón y sus pocas pertenencias, todo ahí al alcance de los peatones que pasan por Scalabrini Ortiz y Santa Fe. Poca privacidad puede tener alguien que vive a la intemperie (en Capital Federal son 17 mil personas que corren la misma suerte, según las cifras que manejan las organizaciones sociales que trabajan en la problemática).

Lo que pareciera no estar claro en esta historia, o en su cobertura mediática al menos, es que este hombre vive en la calle - un lugar que no es para vivir – y que todos los días sus derechos son vulnerados. De nuevo, este es un caso. Uno de miles iguales de injustos.

La problemática social de los sin techo debe ser atendida en toda su complejidad por el Estado. El Buenos Aires Presente (BAP), que levantó a Ferreiro de Scalabrini Ortiz y Santa Fe, es solo un dispositivo de lo que debiera ser la búsqueda de un abordaje integral del problema. Sus trabajadores que son operadores, psicólogos y trabajadores sociales denuncian sistemáticamente los insuficientes recursos que posee el programa y las pocas alternativas de acción que tienen, además de la persecución gremial que sufren y la precarización de sus condiciones de trabajo.

Por la intensa lucha de más de 50 organizaciones sociales que integran el Espacio Carlos Mugica (entre los que se encuentran los trabajadores del BAP), el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri reglamentó en julio pasado la Ley 3706 de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle. Lo hizo luego de casi tres años de demora desde la sanción de la norma, la cual prevé la implementación de políticas públicas para enfrentar la problemática. Un censo que refleje un diagnóstico certero será la primera medida a tomar. Recién ahora se puede pensar que el Estado comunal tiene un atisbo de intención de hacer algo en serio por toda esa población excluida (aunque cueste creer que el mismo Gobierno de la Unidad de Control del Espacio Público o UCEP tenga voluntad genuina de hacerlo). 

Por estas horas las ONGs trabajan además en la construcción de una ley similar a la 3706 pero a nivel nacional. La idea es presentarla en el Congreso para que se trate antes de fin de año. Por "Pechito", por los miles que están en su misma situación y por la sociedad toda, que así sea.