El plan antiinflacionario presentado por el intendente Sergio Massa amerita un cuidadoso análisis. En esencia, está fundado en una perspectiva económica ortodoxa, ya muy conocida y sufrida por los argentinos por su carácter profundamente antipopular, y está apuntalado desde un elenco de asesores variopinto, entre los que se destaca Martín Redrado, conspicuo defensor de los intereses de las corporaciones y de las doctrinas neoliberales.

La propuesta de Massa incluye la reforma del Indec y la creación de un Área de Reducción de la Inflación dentro de la Defensoría del Pueblo de la Nación, de carácter no vinculante. Pero el punto más controversial de su estrategia tiene que ver con la creación de un Consejo de Inversión y Desarrollo Nacional, que estaría integrado por funcionarios del Ejecutivo y por el presidente del Banco Central. En la práctica se busca emular al Consejo Monetario Nacional brasileño, que tiene entre sus principales atribuciones la fijación de las denominadas metas de inflación.

Resulta oportuno recordar que la persecución de objetivos antiinflacionarios forma parte del viejo ideario neoliberal que ahora intentan aggiornar vistiéndolo con un nuevo y vistoso ropaje. Las famosas metas son pregonadas desde hace años por el FMI y se aplican en países de la región como Brasil y Chile, que ciertamente han contenido la inflación en niveles bajos, aunque a costa de un menor crecimiento del PBI y del trabajo.

Siguiendo con el proyecto en cuestión, se sostiene expresamente que el Consejo propuesto tiene el cometido de "formular y planificar una política monetaria tendiente a garantizar la estabilidad monetaria y del crédito" (Art. 3, inc. c). Este punto veladamente se propone modificar nuevamente la Carta Orgánica de nuestro Banco Central, que actualmente entre otros objetivos fija el de "promover el empleo y el desarrollo económico con equidad social". Así fue definido por el Parlamento Nacional, cuando reformuló drásticamente la Carta fundada en principios doctrinarios impuestos por los preceptos del Consenso de Washington.

Más allá del carácter efectista de las ideas de Massa en torno a la inflación, a la que denomina propagandísticamente como "la otra inseguridad", la propuesta deja enseñanzas importantes al dar una pauta un poco más clara sobre las políticas en que se encuentran trabajando los equipos del partido estrella de la oposición mediática. Estos "expertos" no pierden ocasión para ofrecer sus mágicas y novedosas recetas, que en el fondo se parecen demasiado a aquellas remanidas del enfriamiento de la economía, con las consecuencias conocidas de recesión y regresión en la distribución de los ingresos para la mayoría de los ciudadanos.

Desde nuestra visión, la causa fundamental que está por detrás del aumento de precios es la puja distributiva. Al respecto, vale la pena mencionar una encuesta reveladora de D'Alessio Irol, realizada para el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) en octubre de 2012. Los encuestados, en su mayoría representantes de las 500 empresas más grandes del país, reconocieron que, luego de las paritarias de ese año, el 49% trasladó el aumento de salarios a sus precios. Y en particular, un 29% lo trasladó en la misma magnitud, mientras que un 20% lo aplicó por encima del porcentaje que resulta de la paritaria (entre 5 y 10 puntos más) (BAE 31/10/12). Queda claro que no son los salarios los que empujan los precios, sino las decisiones arbitrarias de las propias empresas, como una forma de incrementar su rentabilidad.

Estos comportamientos se ven favorecidos por la elevada concentración de la economía, tanto en la esfera de la producción como de la comercialización, con predominancia de empresas extranjeras multinacionales. Por ejemplo, en la elaboración de bienes de consumo masivo se observa que, para el caso de los aceites, un 80% de la producción es realizada por dos empresas: Molinos y Aceitera General Deheza. En el sector lácteo, el 78% es manejado por Sancor y La Serenísima. En cuanto a los insumos críticos de la industria, Aluar es el único productor de aluminio primario; Siderar explica el 99% de la oferta interna de chapa laminada en frío; y en cemento Loma Negra se encarga del 49% de la producción. En el segmento de los supermercados, el 81% del negocio está concentrado en tres empresas. El neoliberalismo no encuentra conexión teórica alguna entre estos datos estructurales del aparato productivo y el proceso de determinación de los precios. Para ellos, la concentración es una consecuencia lógica e inmodificable que subyace al funcionamiento del libre mercado. Todo indica que los economistas de Massa están integrados a esa visión ideológica y a los intereses que los sustentan.

En cambio, la visión asociada a la puja distributiva se orienta inevitablemente a que el Estado tenga un rol activo y efectivo en el control de los costos de los formadores de precios para evitar conductas abusivas y la apropiación sin límite de ganancias. En este marco, una de las medidas para empezar a resolver la suba de precios sería la aplicación de una alícuota impositiva vinculada a una razonable tasa de ganancia para cada sector. Por encima de esa tasa la tributación sería total. Así, todo incremento de precios que supere cierto límite iría al fisco, desincentivando las demarcaciones desmesuradas que terminan pagando los consumidores, o sea los ciudadanos de nuestro país.

Lejos de tratarse de una discusión técnica, se trata de un debate eminentemente político, ya que en el trasfondo se dirime la disputa que existe entre aquellos que sustentan parámetros conservadores de bajo crecimiento y escasa inflación; y quienes bregamos por seguir ampliando las conquistas sociales, generando empleo, mejorando los ingresos y las condiciones de vida de la mayor parte de la población. Se trata de una disyuntiva central a la hora de pensar en el proyecto de país que queremos seguir construyendo.

Las mentadas metas de Massa se presentan como aquel fantasma que recorre el mundo. Pero aunque se disfrace sin Carnaval, al decir de Discépolo, es un viejo muy conocido. Sólo trae ajuste, recesión y pérdida del nivel de vida para la mayoría de nuestro pueblo.