La Iglesia Católica desempeñó un papel central en la Operación Independencia, ejecutada por los militares a partir de febrero de 1975 en la provincia de Tucumán. Su jerarquía, a nivel nacional y local mantuvo estrechos vínculos con los militares comandados por Vilas en su primera etapa y por Bussi después. Sus integrantes fueron confidentes y asesores de los uniformados y muchísimos sacerdotes tuvieron acceso permanente a los campos de concentración.

Los testimonios de los sobrevivientes confirman que los sacerdotes, en los centros clandestinos de detención, justificaban a los torturadores y asesinos y presionaban a los prisioneros para ser delatores de compañeros, amigos y familiares. También existen relatos de familiares de secuestrados que ingresaron a campos de concentración acompañados por sacerdotes que se movían allí con absoluta libertad y tenían acceso a los prisioneros que estaban aislados, encapuchados, salvajemente torturados.

Un escandaloso episodio, revelado por un sobreviviente, involucra al Nuncio Papal en la Argentina, monseñor Pío Laghi, quien en declaraciones públicas dijo que había que “respetar el derecho hasta donde se pueda”. El arzobispo de Tucumán, Blas Victorio Conrero, tenía entrada libre al campo de concentración que funcionaba en la Jefatura de Policía provincial.

Dos sacerdotes que ocuparon las más altas jerarquías de la Orden de Predicadores (dominicos), Fray Aníbal Fósbery y Fray Alberto Quijano, formaron parte del aparato de propaganda e inteligencia de los militares de la Operación Independencia. Fósbery, rector de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) hizo designar al frente de la corresponsalía de la agencia estatal de noticias Télam en Tucumán a un discípulo suyo, Oscar Cacho D’Agostino. Él, junto a dos oficiales de la inteligencia militar, tuvieron a su cargo la tarea de desinformar a la ciudadanía argentina con despachos plagados de mentiras, ocultamientos e invenciones.

Fósbery, junto a D’Agostino y un grupo de fieles enrolados en el integrismo católico y en su mayoría vinculados a familias “tradicionales”, fundaron Fasta (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino). Esta organización y sus integrantes manejaron la Unsta durante dos décadas y crearon un colegio secundario (Boisdron), donde impusieron los lineamientos educativos e ideológicos del integrismo católico.

Fósbery fue acusado de haber sido el “número dos” del gobierno dictatorial de Antonio Bussi, tal era el poder que detentaba y ostentaba públicamente. Varios militantes de Fasta y alumnos de la Unsta fueron citados en distintos testimonios de sobrevivientes como integrantes de las patotas secuestradoras y activos participantes en las sesiones de torturas junto a los interrogadores en los campos de concentración.

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