"La Dirección del Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana, informa que a las 20.30 del día de la fecha, en el Servicio de Neonatología, falleció el recién nacido, cuyo caso, de público conocimiento, fue informado oportunamente por este nosocomio el pasado viernes 18 del corriente". Con ese escueto texto, las autoridades del centro de salud jujeño confirmaban la noticia.
Se tata de la beba de la nena de 12 años que había sido violada por su vecino en Jujuy y que fuera obligada a parir luego de que médicos del establecimiento se negaron a practicarle un aborto, a pesar de que era un procedimiento legal en su caso, de acuerdo al fallo FAL de la Corte Suprema.
La semana pasada, la niña fue sometida a una cesárea, contra su voluntad y la de la familia, que habían soicitado la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), y la beba nació con 700 gramos, tras lo cual quedó internada en el Servicio de Neonatología.
Ante la polémica que generó la decisión de los médicos, el ministro de Salud de Jujuy argumentó que fue el método menos riesgoso. Sin embargo, estaba claro que tanto la víctima de la violación como su mamá habían expresado por escrito que querían la ILE, lo cual es muy distinto a una cesárea.
En los días previos a la intervención, grupos autodenominados "provida" se habían manifestado en la puerta del hospital e insistieron para que el parto se produjera y la beba fuera dada en adopción.
Desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y miembros del sistema de Salud jujeño denunciaron este tipo de maniobras dilatorias y la vulneración de derechos de la nena.
"Jujuy es una de las provincias con índice más alto de embarazos infantiles y muchos de ellos son producto de violaciones y abusos sexuales, intrafamiliares o no", explicaron en una conferencia de prensa.
Recordaron también que no existe un límite de semanas de gestación para la ILE en caso de violación, contemplada en el Código Penal desde 1921.
