La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito reiteró su reclamo sobre que "es urgente que el Congreso trate y apruebe un proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo" y sostuvieron que "necesitamos más derechos y menos condenas" que en su mayoría son aplicadas a mujeres pobres.
"La larga lucha por el derecho al aborto voluntario, en condiciones de salud, igualdad y dignidad tiene una nueva oportunidad política para lograr su objetivo. Instamos a que el Congreso de la Nación asuma su parte en la historia de la ampliación de derechos", indicaron en un comunicado las organizaciones que integran la Campaña, citó Agencia Télam.
Recordaron que durante "el debate de 2018 muchas veces se aludió a la baja aplicación de la ley penal para perseguir casos de aborto y se habló de la existencia de una despenalización social", y agregaron que "si analizamos el fenómeno en su complejidad, los números de la criminalización son significativos".
Entre 2012 y la actualidad registramos en medios de todo el país 73 casos de criminalización de mujeres por abortos u otros eventos obstétricos, precisaron.
"En los 26 abortos y los 47 eventos obstétricos relevados, la abrumadora mayoría de las mujeres pertenece a sectores sociales vulnerables: no tiene trabajo remunerado, tiene un bajo nivel de instrucción formal y vive en condiciones habitacionales precarias", manifestaron y añadieron que se trata "de mujeres que necesitaban el cuidado del Estado".
Advirtieron que "la política penal que sostiene la persecución de abortos se orientó y orienta hacia las mujeres pobres".
"La mayoría de las mujeres -no encontramos varones trans o personas no binarias criminalizadas- tiene menos de 30 años y muchas de ellas tienen une o más hijes", precisaron.
Con respecto a los eventos obstétricos, señaló "situaciones en las que una complicación en un parto inesperado, un parto en condiciones paupérrimas o un aborto espontáneo terminan en acusaciones penales graves".
En ese sentido, apuntaron que "en el 50% de los casos de aborto y en más del 75% de los eventos obstétricos estuvieron detenidas".
Denunció que la mayoría de estas mujeres estuvo sometida a investigaciones penales que no respetaron el debido proceso y que "muchos de los casos fueron denunciados por personal de salud, en violación de la garantía de confidencialidad en la atención médica, y fueron maltratadas durante la internación, lo que supone hechos de tortura".
Las organizaciones alertaron que "la criminalización se inserta en un dispositivo de castigo más amplio que involucra a medios de comunicación, efectores de salud, policías de guardia en centros de salud y comisarías, personal judicial y agentes del servicio penitenciario".
"Muchas de estas mujeres están en los diarios porque sus nombres fueron "filtrados" a la prensa como un castigo social suplementario", remarcaron y aseguraron que "la penalidad del aborto se afirma como un control sobre el cuerpo y la capacidad reproductiva de las mujeres".
Alertaron que "algunas de estas mujeres dijeron haber sufrido una violación y por desconocimiento o temor no accedieron a una interrupción legal del embarazo".
"La amenaza penal impacta sobre todas las personas que interrumpen un embarazo", manifestaron, y reiteraron que "los costos de la ilegalización corren por cuenta de las miles de mujeres, varones trans y personas no binarias de diferentes edades, niñes, adolescentes y adultes empujades a la clandestinidad y a la incertidumbre sobre su salud y libertad. A mayor pobreza, más expuestas están a los abortos inseguros".
El pasado 9 de noviembre, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, anunció que el Gobierno enviará este mes al Congreso los proyectos de legalización del aborto y el "Plan de los Mil Días", iniciativa que establece un acompañamiento de la maternidad y de los tres primeros años de vida de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
