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Abuso sexual: la niña que pidió un aborto está bajo protección del Estado

Tenía un aborto programado para el lunes pasado en el Hospital de Santa Fe (a causa de ser violada por su padre), pero ni la niña ni su madre se presentaron porque habían sido cooptadas por antiderechos nucleados en la Asociación Civil Grávida. Tras ser rescatada, se encuentra bajo protección estatal junto a su mamá.

Abusada sexualmente por su padre, una niña de 12 años oriunda de la localidad santafesina de Garibaldi, había expresado su manifiesta voluntad de interrumpir el embarazo no deseado, contemplado por Ley, fue puesta bajo el sistema de protección del Estado, tras haber sido cooptada por un grupo antiderechos, provida, de esa provincia.

La niña debía ser sometida a la interrupción del embarazo el lunes pasado, pero no se presentó al hospital debido a que el fin de semana fue llevada a una casa de la Asociación Civil Grávida, desde donde fue rescatada ayer.

Ahora, la niña se encuentra internada junto a su madre en un hospital público de Santa Fe y según informó la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Patricia Chialvo, las autoridades aguardarán a que "se tranquilice" para tomar una decisión.

Según voceros del Ministerio de Salud, la niña transita el segundo trimestre del embarazo y estaría a tiempo de ser sometida a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

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La niña fue llevada por su madre a un control médico el 19 de diciembre, en el cual se comprobó que estaba embarazada, por lo que las dos manifestaron la intención interrumpir la gestación y firmaron un consentimiento.

Intervención feminista

A raíz del caso, la Campaña Nacional del Aborto en Santa Fe apuntó contra Grávida, a la que tildó de "organización fundamentalista" y pidió que se investigue su accionar en el caso, debido a que "quiso obturar el derecho de la niña a la interrupción del embarazo".

"Exigimos que los organismos estatales investiguen si Grávida incurrió en la violación del artículo 47, inciso C de la Ley Provincial 12.967 y su Decreto Reglamentario 619/10" (que refiere a no limitar derechos de los niños) y, de ser así, que se proceda a la implementación de las medidas correspondientes, inhabilitando sus instalaciones como ámbito de cuidados institucionales con alojamiento", indicó la Campaña en un comunicado.

El texto expuso el pedido para que "se avance hacia un Estado laico, que ponga atención y tome medidas concretas en relación al accionar de los fundamentalismos antiderechos que, a través de diversos métodos, buscan vulnerar los derechos de las personas gestantes".

María Ángeles Guerrero, referente de la campaña en Santa Fe, sostuvo en diálogo con radio Brigadier López que Grávida "no es una ONG de a pie", sino que "es una organización que existe en nuestro país desde 1980, con 69 sedes en todo el territorio, con mucho poder económico", que "se ampara en creencias religiosas para perseguir a las mujeres que quieren abortar por múltiples razones".

Atropello provida

Las autoridades sanitarias fijaron la fecha para el lunes pasado, pero madre e hija no concurrieron a la cita porque durante el fin de semana fueron contactadas por la asociación Grávida, cuyos integrantes la llevaron a una casa de Santa Fe.

Sin noticias del paradero de ambas, la Justicia de Santa Fe activó la búsqueda y ayer rescató con la fuerza pública a la niña para llevarla a un hospital.

Paralelamente, la fiscal Alejandra Del Río Ayala ordenó la detención del padre de la niña, identificado con las iniciales G.M.A., de 42 años, quien fue apresado en la ciudad de Recreo y será imputado por el delito de abuso sexual agravado.

Ahora, profesionales de la Secretaría de Niñez y de los ministerios de Salud y de Desarrollo Social analizan los pasos a seguir para garantizar el derecho de la niña de acceder al procedimiento que establece la ley 27.610, de interrumpir el embarazo en el caso de que así lo decida.

Por otra parte, Chialvo dijo que "se está evaluando" si el Estado accionará contra la asociación Grávida, ya que la prioridad era rescatar a la niña, para lo cual se dictó una medida de protección excepcional.

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"Los tiempos previstos para darle continuidad a lo acordado (la interrupción) se vieron obstaculizados por la intervención de una organización civil que antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido y sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado", indicó un comunicado de la Secretaría de Niñez.



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