"Con la estatización por decreto, Larreta quiere garantizar la impunidad tanto del Gobierno como de las empresas concesionadas. Correspondía un debate público en la Legislatura para que se pueda dar cuenta del esquema de negocios que rigió en la Ciudad por décadas. Esta es una estatización para encubrir a las empresas y que prepara un nuevo negociado". Las palabras son del legislador porteño del FIT Gabriel Solano, respecto de las verdaderas razones por las cuales este jueves no hubo quórum para discutir el acarreo de vehículos en la Ciudad.
La sesión especial había sido convocada por la oposición pero, milagrosamente para Horacio Rodríguez Larreta, no juntó quórum necesario para iniciarse pero desde el bloque del Frente de Izquierda aclararon que no se quedarán con los brazos cruzados. "Insistiremos en que se discuta nuestro proyecto. Plantemos el fin de las concesiones, que se cree una comisión investigadora para establecer responsabilidades y eventuales multas, la anulación de la extensión del estacionamiento medido, y que lo que se recaude se destine a la ampliación del subte", enfatizó Solano mediante un comunicado.
En esa línea, su compañera de bancada, y referente del gremio docente porteño, Amanda Martín, sumó que "exigiremos que se investigue. Tres décadas de negociados no pueden quedar en un borrón y cuenta nueva. Reclamamos la interpelación en la Legislatura de Felipe Miguel".
¿Qué fue lo que pasó? Tras recibir cuestionamientos sobre cómo se estaban manejando las empresas BRD y Dakota, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) tomó la decisión de finalizar esos contratos de concesión y anunció mediante el Boletín Oficial que se hará cargo de ahora en más. Ese servicio que sanciona a quienes estacionan mal en las calles porteñas ahora está en manos del jefe comunal.
Esa fue la respuesta ante la presión del "frente antigrúas" que planteaba derogar desde la Legislatura los contratos de las empresas. Tanto BRD como Dakota estaban a cargo del servicio de grúas desde hace más de treinta años, y desde el año 2001, cuando debieron caducar las concesiones, operaban con extensiones en sus contratos, que fueron prorrogados en siete ocasiones en ese lapso. Y los cánones mensuales no sufrieron ninguna actualización: quedaron en 55 mil pesos mensuales, lo mismo que sale alquilar un monoambiente en la Ciudad.
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