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Adepa salió a bancar el espionaje ilegal de Macri y sus periodistas

La entidad dominada por Clarín emitió un comunicado en el que relativiza el lawfare y carga contra el Congreso por investigar el espionaje ilegal.

Son los dueños de los medios, los que hacen mover el amperímetro del humor social a base de, en algunos casos, fake news y operaciones de todo tipo. Además, por supuesto, se ocupan de defender a sus estrellas acusadas de espionaje y extorsión. Adepa, en ese sentido, nunca defrauda.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) dio a conocer este jueves un comunicado en el que cruza la investigación que realizó el Congreso sobre el espionaje ilegal que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri y que involucra algunos de sus oscuros personajes.

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Bajo el pomposo título "Otro capítulo para hostigar y disuadir el ejercicio del periodismo de investigación", la entidad controlada (no tan) en las sombras por Héctor Magnetto cargó contra el informe de la Comisión Bicameral de la Cámara de Diputados que investigó el espionaje ilegal y emitió un dictamen caratulado como "El Estado mafioso".

Según Adepa "el informe acusa a los medios de comunicación de ser parte de ´un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa´".

En rigor de verdad, el informe habla puntualmente de "los medios de comunicación hegemónicos", los cuales manejan Adepa.

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La entidad se queja de que la investigación haya comprobado que entre 2015 y 2019 integrantes del Poder Judicial, los medios y principalmente los servicios de inteligencia y el gobierno de Cambiemos hayan construido un andamiaje en torno a la acusación sistemática de funcionarios, miembros y adherentes del kirchnerismo.

Según Adepa la idea de lawfare es una "falsa noción" inventada por el hoy oficialismo nacional.

"Respecto de las presuntas prácticas ilegales (sic), los legisladores de la mayoría hablan de ´seguimientos y espionaje ilegal a ciudadanos, grabación de comunicaciones telefónicas, recolección de movimientos migratorios, utilización de testigos ‘arrepentidos’ falsamente y bajo presión, entre otras´", afirma el comunicado de los dueños de los medios.

Al respecto, Adepa dice expresar "con especial énfasis" que "en ningún caso el ejercicio básico de la tarea periodística de buscar y difundir información y opiniones puede ser considerado un hecho ilícito", lo cual, vale decir, no está incluido como concepto en el informe elaborado por Diputados.

Asimismo, y en clara relación con la investigación que involucra al periodista y operador de inteligencia Daniel Santoro, Adepa asevera que "si hay hechos ilícitos en los cuales participaron periodistas, ellos deben ser objeto de investigación del mismo modo que ocurre con cualquier otro ciudadano".

Sin embargo, la misma entidad sale a la carga una y otra vez cada vez que Santoro (que espió a sus propios colegas y compañeros del programa de TV "Animales sueltos" cuando fue parte de él) es investigado o que la causa que lo involucra avanza en los tribunales.

"La acusación de supuestos hechos penales consistentes en entrevistar a fuentes o difundir informaciones u opiniones sobre causas judiciales que involucran a funcionarios públicos, formulada por parte de las máximas autoridades políticas del país, es una forma de censura indirecta prohibida por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica", reza Adepa, que no parece tener en cuenta los derechos humanos más que para defender a sus más oscuros integrantes, los cuales, vale subrayar, no forman parte de ninguna institución relacionada con la prensa que se corra de los hilos del poder real ni de los sótanos de las empresas corporativas.

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