La Cámara Federal porteña sobreseyó al empresario Alfredo Coto en la causa que investigaba un conjunto de armamentos hallados en su cadena de supermercados en 2016.
Buena parte de ese arsenal se encontraba registrado a nombre de fuerzas de seguridad federales y provinciales, mientras que una parte directamente no estaba registrada o poseía irregularidades.
El argumento de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens apuntó a salvaguardar al empresario, presumiendo que tranquilamente podría desconocer la existencia de tamaño arsenal en uno de los depósitos de sus supermercados: "No fue incorporado al legajo elemento de prueba alguno que permita afirmar la obligación normativa de Alfredo Coto y Germán Coto de conocer los aspectos vinculados al manejo de la seguridad de la empresa, como para revertir la decisión adoptada en la anterior instancia”.
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En pocas palabras, lo que definió la Justicia es que Coto no tenía la obligación de tener conocimiento de esos armamentos, por lo cual, sobreseyó tanto al padre como a su hijo Germán.
Según consignó el sitio Tiempo Argentino, en el fallo, los camaristas plantearon que es “inimaginable la posibilidad de que sean su presidente y vicepresidente los encargados de llevar adelante los procesos relativos a la seguridad del comercio, abarcativos de aspectos tales como la cantidad de armas, chalecos, transportes blindados, personal de custodia”.
Asimismo, asegura que tampoco podían ocuparse “de la tramitación de permisos para tenencias, vencimientos, renovaciones de las armas, conforme a las reglamentaciones vigentes, entre otros aspectos”.
El arsenal
El 30 de agosto de 2016, en la sucursal de la cadena de supermercados situada en la calle Paysandú al 1800, del barrio porteño de Caballito, funcionarios de la actual Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex Registro Nacional de Armas de la República Argentina), encontraron 227 granadas, 41 proyectiles de gases MM RIOT CS SMOKE, 27 armas de fuego, 2 armas de lanzamiento, 3886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin número visible, un silenciador, 9 escudos antitumultos y spray de gas pimienta.
El fallecido fiscal Jorge Di Lello, a cargo de la Unidad Fiscal especializada en la investigación de ilícitos relacionados con armas de fuego, explosivos y demás materiales controlables, y su colega Franco Picardi, fueron quienes realizaron la denuncia, que recayó en el juzgado federal a cargo de Sebastián Ramos.
Ese juez dispuso primero la “falta de mérito” de todos los imputados y luego el sobreseimiento, que finalmente confirmó la Cámara Federal porteña.
