Un sector integrado por varias organizaciones de inquilinxs envío una carta abierta a los Estados nacional, bonaerense y porteño exigiendo políticas públicas para esta porción cada vez más grande la población a la que le cuesta acceder a un derecho humano elemental como la vivienda, convertida en un negocio de especuladores y constructores inmobiliarios.
El texto que publica el Observatorio por el Derecho a la Ciudad está firmado por Glenda Gómez, presidenta de Inquilinos Argentinos por un Techo Digno, y la Comunidad Federal de Inquilinxs y No propietarixs.
"Somos lxs parias invisibles e invisibilizadxs de todos los programas y acciones de gobierno que hablan mucho y cada vez más de la construcción como 'sector de activación económica' y muy pero que muy poco de la vivienda digna como Derecho Constitucional de TODA la población argentina, derecho que debería estar garantizado por el Estado, mediante acciones de gobierno", se definen en el comienzo de la carta.
Según dicen, la imposibilidad del acceso a un techo digno ya no es excluyente de los barrios populares, sino también de la clase media afectada por el derrotero de inflación, paritarias atrasadas que no llenan la canasta básica y pérdida de empleos formales.
"Gente trabajadora cuyos salarios tanto de economía formal (de ingresos por debajo del umbral de pobreza, lo cual ustedes aprueban y naturalizan), como informal, no alcanzan para pagar un techo digno sin comprometer otros derechos básicos como el alimento. El pago de los alquileres hoy supera en muchos casos el 70% de nuestros ingresos mensuales y a lo largo de los años nos acorraló, al extremo de convertirnos en verdadero sector esclavo del sistema inmobiliario y su festín de concentración económica a costa de la vivienda", denunciaron.
Las organizaciones manifiestan un estado de desamparo estatal frente a las cada vez más exigentes, abusivas y discriminatorias cláusulas de los contratos ya sea mediante inmobiliarias o propietarixs. "'Niñxs no', 'animales no' o incluso 'trabajadorxs del Estado no', como tuvo que denunciar hace unas semanas frente al INADI, el Sindicato de Inquilinos Trabajadores de Chubut", son solo algunos de los ejemplos.
Pra lxs inquilinxs estos abusos avanzan no sólo sobre el derecho a la vivienda de las familias, sino sobre otros elementales que se ven afectados por la primacía de tener un lugar dónde dormir, como la alimentación, la salud, educación, vestimenta, recreación.
"A la mayoría de lxs trabajadorxs, a lo largo de los años, los alquileres nos han llevado a entrar en una rueda financiera de créditos para solventar contratos que equivalen a 4 meses de alquiler para acceder a una vivienda (...) A esto debemos sumar el pago mensual del alquiler, impuestos y expensas. Situación que no es tomada en cuenta en la canasta familiar básica total y cuya inclusión venimos solicitando al INDEC para que la revise, a fin de establecer una CBTI (Canasta Básica Total Inquilina)", un índice que reflejaría fielmente el costo de vida de esta población.
"Hoy la canasta familiar según el INDEC: vivienda, agua, luz, gas y otros combustibles representan el 11% de la canasta básica total siendo que para una familia inquilina solo el alquiler llega a representar el 70% de los ingresos mensuales. En diciembre de 2020, una familia de 3 integrantes solo para alimentación básica mensual necesita $30.000. El salario mínimo en diciembre de 2020 se oficializa en $20587 por jornada completa. Ese monto es igual o menor al precio de un alquiler de dos ambientes", ejemplifica el texto y las cuentas no cierran y sólo dan cuenta de que el derecho a un techo digno pende de un hilo para millones de familias.
Es por eso que hacia el final de la carta (leerla completa acá), las asociaciones de inquilinxs piden a las autoridades "integrar mesas sectoriales donde sepamos cómo planean repartirse el negocio de la financiarización de la vivienda, y asegurar que no sea a nuestra costa y sin nosotrxs" en vistas a los proyectos que el Ejecutivo nacional planea tratar en extraordinarias que encaran una política de "financiación de la vivienda con un sistema de financiación de créditos que desde nuestra prespectiva nos deja siempre fuera al sector más vulnerable", aseguró a Infonews Ana Fernández Borsot, referenta de la Comunidad Federal de Inquilines.
"Es urgente una política económica y habitacional coherente con el derecho a la vivienda, la situación de vulnerabilidad de los hogares inquilinos y el freno a los procesos especulativos y de concentración económica vinculados a la financiación".
