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Carabineros rechaza informe de Amnistía sobre violación a Derechos Humanos

El informe de Amnistía Internacional realiza contundentes acusaciones sobre las violaciones de derechos humanos por parte de Carabineros durante el estallido social que se desató en 2019 en Chile.

El Gobierno de Chile y Carabineros rechazaron el informe de Amnistía Internacional (AI) publicado el miércoles en el que acusa a los comandos estratégicos de la policía como responsables de las violaciones a derechos humanos durante el estallido social que comenzó el 18 de octubre del año pasado en ese país.

“Carabineros de Chile lamenta que el reporte de Amnistía Internacional-Chile contenga una serie de imprecisiones y omisiones”, señala un comunicado emitido por la cuestionada institución.

Los uniformados aseguran que “el informe da por probadas algunas denuncias graves en contra de determinados carabineros, pese a que estas se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y deberán ser juzgadas por los Tribunales de Justicia”.

Agrega que el reporte “omite aclarar a la ciudadanía que un caso presentado en su informe inicial sobre la supuesta violación de un joven en una comisaría fue falso y así declarado por los órganos competentes”.

Carabineros explicó que entre octubre de 2019 y marzo de este año se produjeron alrededor de 2.800 “eventos graves” con “episodios inéditos de extrema violencia” y que en ese contexto se esforzaron por abordar dichos desórdenes “en cumplimiento del mandato constitucional y pleno apego a las leyes vigentes”.

Asimismo, la institución expresó su compromiso con la transparencia y colaboración con el Ministerio Público y recordó en ese sentido que hasta la fecha se iniciaron distintos procesos administrativos e investigaciones sobre presuntos abusos que incluyen 1.270 denuncias frente a situaciones “alejadas de la normativa legal”.

Omite el gobierno chileno y la institución armada que durante los primeros meses de protestas, la violencia explícita de Carabineros quedó expuesta en videos grabados con celulares, en los cientos de casos de personas que perdieron sus ojos a raíz de disparos de los efectivos, denuncias de torturas, y violaciones a mujeres, entre otras aberraciones.

Según el documento "Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social", entre el 18 de octubre y el 20 de noviembre se registraron 347 lesiones graves causadas por disparos de escopetas o bombas lacrimógenas, municiones contrarias al estándar internacional sobre uso de la fuerza.

No obstante, la ONG advierte que las violaciones a los derechos humanos han seguido registrándose hasta la actualidad.

El caso más reciente de uso excesivo de la fuerza policial ocurrió el pasado viernes 2 de octubre, cuando el oficial Zamora Soto, de 22 años, arrojó a un joven menor de edad desde un puente al río Mapocho, durante una manifestación.

El informe también pone en evidencia que existen razones para considerar que al menos el General Director, el General Subdirector y el Director de Orden y Seguridad de Carabineros habrían sabido de las violaciones de derechos humanos a través de información pública y oficial, y afirma que a diario recibían reportes internos de las lesiones causadas.

"El alto mando de Carabineros debe ser investigado por haber tenido conocimiento de los hechos de violencia, y no hacer nada", señaló la abogada Ana Piquer, directora para Chile de AI.

"Los mandos estratégicos de Carabineros permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes por considerarlo un mal necesario para lograr dispersarlos a toda costa", afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de la ONG.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile dio a conocer que analizarán el informe de Amnistía, pero lamentó su contenido y considera que omite la actuación e investigación de otros órganos del Gobierno chileno.

“El Gobierno lamenta que éste (informe) realice aseveraciones sobre hechos e informaciones que requieren ser actualizadas y se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y en sede judicial”, explica el comunicado.

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