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La organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional realizó un pedido de información al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el objetivo de conocer mayores detalles sobre la asignación de dosis de vacunas contra el SARS-CoV-2 a entidades privadas de salud.
Esta solicitud se da luego de la denuncia penal que recayó sobre el jefe comunal, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, por convenios realizados con empresas de medicina privada para la aplicación de las vacunas contra el coronavirus.
"La igualdad y no discriminación debe ser el eje de toda respuesta a la pandemia. La situación económica de las personas no debe constituir nunca un obstáculo para acceder a la vacuna contra el COVID-19. Amnistía Internacional requirió mayor información a las autoridades porteñas para monitorear el cumplimiento de los estándares de derechos humanos que imponen que los recursos sanitarios para enfrentar al COVID-19 sean accesibles, equitativos, inclusivos y no discriminatorios", sostuvo la directora ejecutiva de la organización en Argentina, Mariela Belski.
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La solicitud de datos sobre el plan de vacunación en CABA fue realizada luego de conocerse presentaciones judiciales que sostienen que las autoridades podrían haber distribuido dosis de vacunas al sector privado de la salud para la aplicación a afiliadxs de ciertas obras sociales y prepagas.
El martes pasado, la abogada Natalia Salvo denunció al jefe de Gobierno porteño y a su Ministero de Salud por convenios realizados con empresas con este fin. "Presentamos una denuncia contra Larreta y Quirós en base a la existencia de contratos cuyos términos desconocemos con prepagas y obras sociales", detalló la letrada y abundó: "Con estos convenios está privatizándose el plan de vacunación".
Según el comunicado de la ONG, no se trata de un caso aislado y por reclama la distribución justa y equitativa de la vacuna a lo largo y ancho del globo. "En Argentina y el mundo, Amnistía Internacional viene señalando las obligaciones de derechos humanos de los Estados en relación con el diagnóstico, tratamiento y vacuna del COVID-19 a efectos de garantizar un acceso equitativo y sin discriminación a todas las personas, independientemente de su quiénes sean o cuánto puedan pagar".
"La pandemia tuvo un impacto desproporcionado en personas y comunidades que fueron históricamente marginadas y discriminadas. Los planes de vacunación deben incorporar perspectiva de derechos humanos para garantizar que las personas más necesitadas de la vacuna no vean limitado su acceso a ella", alertó Belski.
Detalles del pedido de información
Amnistía Internacional solicitó a las autoridades de CABA información sobre los convenios firmados con entidades de la salud privada para la implementación de la vacunación contra COVID-19.
Asimismo, requirió detalles sobre la cantidad de dosis recibidas por la jurisdicción y cuántas fueron distribuidas a cada centro de salud. En ese sentido, se solicitó conocer los criterios para la asignación a establecimientos públicos y privados.
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Por otra parte, se requirió detalles sobre el sistema de turnos para la vacunación contra el COVID-19 tanto el sistema público como privado de salud, indicando quienes acceden a ella, a través de qué plataformas y cuáles son los criterios para la asignación de las dosis a cada persona.
Finalmente, entre otras cuestiones, se pidió información sobre la existencia de un mecanismo de control y fiscalización para monitorear la implementación del Plan Estratégico de Vacunación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y así garantizar la transparencia y respeto por la priorización de grupos determinada en dicho Plan, incluyendo al sistema público y privado de la salud.
