Macri nos dijo: 'Así es la vida, no hay presupuesto" para buscar el Rigel

A 30 meses del naufragio del pesquero Rigel, ocurrido el 9 de junio de 2018, frente a las costas de Chubut, ni el Estado conducido por Mauricio Macri, ni el actual, impulsaron los medios necesarios para que se haga justicia y se esclarezcan los hechos. Es más, durante el macrismo, además se denunció que hubo presunto espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal de Investigación (AFI) sobre el colectivo de familiares de víctimas de los hundimientos, tanto de ese buque, como del que ocurriera con el submarino ARA San Juan.

Guillermina Godoy, mamá de Nahuel Navarrete, uno de los ocho marineros que desaparecieron tras el siniestro del barco perteneciente a la flota pesquera marplatense, brindó en su momento su declaración testimonial ante la Fiscalía Federal 2 de la localidad balnearia, a cargo de Daniel Adler, tras la denuncia realizada oportunamente por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.

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Godoy había confirmado en diálogo con Télam que "la declaración se planteó en base a material fotográfico de situaciones como cuando hicimos marchas frente a la Base Naval", aseguró, y explicó que "faltan abrir discos rígidos" encontrados en el organismo de inteligencia, "para ver qué más hay". Había señalado que "obviamente alguien sacó las fotos", y agregó: "Hay que ver si alguien pudo haberse acercado a nosotros con intenciones de ayudarnos y su intención real era filtrar información".

La madre de Navarrete cuenta con la representación legal del abogado Luis Tagliapietra, quien además encabeza la querella integrada por las familias de diez tripulantes del ARA San Juan, y es padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, una de las 44 víctimas del hundimiento del submarino.

"Volvemos a pedir que busquen los restos de nuestros hijos y que se realicen las pericias porque son pruebas que se pierden con el tiempo", dijo Guillermina. Agregó que "lamentablemente seguimos sin tener unas fuerzas de seguridad para resguardar a nuestros marinos porque no cuentan con los recursos técnicos ni humanos y es hora de cambiar esto".

Tras el naufragio del buque Rigel en junio de 2018, los familiares denunciaron irregularidades en las medidas de seguridad y reclamaron que fueran investigadas las causas del siniestro. Tres semanas después, el barco oceanográfico Víctor Angelescu localizó el casco hundido a 93 metros de profundidad a la altura de la localidad chubutense de Punta Tombo y desde entonces los familiares reclamaron que los restos hallados fueran inspeccionados con buzos para intentar recuperar los cuerpos.

Durante las primeras horas de búsqueda, otro buque de la flota marplatense, el José Américo, recuperó el cadáver del capitán del Rigel, Salvador Taliercio (46), pero los restos de los otros ocho tripulantes nunca aparecieron. "Que bajen los buzos", es el reclamo que los familiares sostienen desde hace casi mil días.

El Rigel, un buque de más de 50 años de antigüedad y 27 metros de largo, zarpó el 5 de junio de 2018 del puerto marplatense y desapareció cuatro días después frente a las costas de Chubut, mientras participaba en la campaña del langostino.

Hugo Amadeo, padre de Jonathan Amadeo, otro de los marinos, sostuvo en su momento que "lo único que exigimos es que bajen y saquen los cuerpos. Necesitamos despedirlos. El tiempo sigue pasando y las heridas no se cierran". Los tripulantes que desaparecieron junto a Amadeo, Navarrete y Rodríguez son Rodrigo Sanita, Cristian Osorio, Rodrigo Blanco, Carlos Daniel Rodríguez y Pedro Mierez.

Silvia Molina acompañó a los familiares desde el primer día. Le contó a Infonews que "la lucha por los trabajadores del Rigel viene desarrollándose hace tiempo y, combinamos marchas, juntadas de firmas, para dar a conocer la situación y reclamar a las autoridades que resolvieran el problema que bajen los buzos que se hagan las pericias".

"Hasta que logramos llegar a funcionarios públicos, que -lejos de darnos respuesta alguna- nos hacían relatar toda la dolorosa experiencia, y nos prometían nuevas reuniones, que jamás se cumplieron. En aquel entonces el estado nacional y provincial desatendió completamente del tema, aún cuando cada vez que venía un funcionario estábamos con los familiares reclamando y buscábamos llegar a ellos", especificó.

Agregó además que "así fuimos sumando organizaciones sindicales y políticas que se sumaron al reclamo, se sumaron diputados y senadores opositores al gobierno de Macri. Así la movilización fue creciendo. Las autoridades, en vez de encausar un reclamo tan legítimo, decidieron investigar, no a los responsables del naufragio, sino a quienes reclamábamos justicia. Hasta donde conocemos de la investigación, hemos sido espiados a través de fotografías, y es probable que escuchas telefónicas, aún falta mucho material por conocer".

"Hay dos discos rígidos que no se han abierto aún. No sabemos el alcance que tiene el espionaje, si se limitó sólo a los familiares o a las múltiples organizaciones que se fueron sumando. Por eso creemos que hay que seguir investigando para aclarar cuál era el objetivo de ese espionaje. ¿Qué motivos llevaron al gobierno de Macri a investigar a los familiares y no a los verdaderos responsables de los hechos? Así el gobierno de Macri, lejos de investigar, puso al colectivo de familiares y organizaciones que participamos en los reclamos, en el banquillo de los acusados", sentenció.

Por su parte, Guillermina sostuvo que tuvo "una causa penal por una denuncia de Prefectura, y además fuimos investigados ilegalmente. Se hace difícil. Se hace pesado. Macri me dijo: 'Así es la vida, no hay presupuestos para buscarlos'. Y hoy seguimos pidiendo que se cumpla una orden judicial. Se hace difícil, pero estamos de pie, por ellos", contó.

Con respecto a la mencionada orden, Guillermina aclara que "tienen que cumplir la manda judicial oficio 3455/19, librada por el juez Gustavo Lleral. Reiterada 7 veces. La orden dice: Se ordena en carácter de Urgente se arbitren todos los medios, sea del Estado o de Terceros, para hacer las inspecciones externas e internas y recuperar los cuerpos que allí pudieren estar".

"Cada día que pasa es menos lo que podemos encontrar de nuestros hijos, y están ahí, abajo del agua. No hay pericias. Y sin cuerpos, no hay culpables. Esto es lo que nos lleva a esta lucha, para que nos den el derecho de poder despedirlos, y qué hacer con esos restos. Hay un gobierno que no está cumpliendo y un Estado que está mirando para otro lado", concluyó.