La cuestionada titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, se presentó este miércoles ante el juez federal Luis Rodríguez por el caso que la tiene imputada por presunto encubrimiento en el marco del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
La funcionaria que idolatra al presidente Mauricio Macri está implicada en la causa que tiene abierta el exministro de Energía, Juan José Aranguren, al haber beneficiado a la empresa Shell con importantes aumentos de tarifas, habiendo sido CEO de la misma y accionista.
Alonso eligió no declarar y en cambio presentar un escrito en el que afirma que hay "inexistencia de conducta u omisión alguna que pueda calificarse como delictiva" en su accionar, el cual benefició de forma clara a Aranguren al haber obviado los señalamientos hacia el millonario exministro.
"No logro comprender por qué motivo -jurídico- fui citada a prestar declaración indagatoria. Cumplí con absolutamente todos los deberes a mi cargo, no omití ninguna actuación a la que estuviera legalmente obligada y desempeñé mi función con total integridad, probidad y buena fe", sostuvo.
Asimismo, presentó un informe sobre las supuestas actuaciones que realizó la oficina a su cargo en relación a los conflictos de intereses que involucran a Aranguren.
Según Alonso, ella le dio intervención a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para que revisara la situación.
"No encubrí una infracción de Aranguren, ni omití actuación alguna en la OA", insistió Alonso, quien pidió su inmediato sobreseimiento. Además, solicitó que se convoque a declarar a la coordinadora del Área de Conflicto de Intereses de la OA, Ana Carina Larocca, y a la subdirectora de Políticas de Transparencia del organismo, Laura Geler. Otras dos futuras exfuncionarias de Cambiemos que quizá deban desfilar en el próximo tiempo por Comodoro Py más de lo que desearían.
La inefable secretaria de Ética Pública había sido convocada para el miércoles de la semana pasada, pero su abogada pidió una postergación que fue autorizada hasta este miércoles por el juez Luis Rodríguez.
La maniobra fue denunciada por los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade y generó una causa que comenzó en mayo de 2016, cuando el macrismo parecía tener alquilada la Casa Rosada por al menos ocho años.
Además, según la denuncia de los legisladores nacionales, en su declaración jurada patrimonial, Aranguren, extitular de la filial argentina de la petrolera, declaró poseer "más de trece millones de pesos en acciones 'clase A' de la empresa Royal Dutch Shell".
Aranguren ya fue indagado por negociaciones incompatibles con la función pública. Explicó que "el incremento en el precio del gas no le llega a las compañías petroleras porque el precio que reciben las compañía por el gas durante en el período 2016-2017, que es el periodo imputado, es el mismo que provenía de un plan gas diseñado por la anterior administración".