Desde los primeros meses del año la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de Violencia Institucional de la Legislatura porteña advertía del hostigamiento y el gatillo fácil por parte de las fuerzas de seguridad a los jóvenes en los barrios y asentamientos de la CABA, y el acoso policial a los jóvenes en las escuelas y sus inmediaciones.
Según el informe 2018, difundido por su presidenta la legisladora porteña Myriam Bregman la Comisión pudo constantar que durante el año aumentó la criminalización de la protesta y la pobreza, con métodos que a todas luces no sólo son cada vez más violentos, sino también ilegales.
La Ciudad gastó 127 millones y medio de pesos, por sobre lo ya presupuestado en 2017, en equipamiento para la Policía (que incluye armamento "antidisturbios", gases y elementos de protección), lo que pone en evidencia, por un lado, una clara política represiva y, por el otro, un aumento del control social en los barrios populares.
A esto se suma la evidente determinación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de sacar de la vía pública a quienes sobreviven de la venta o las producciones artísticas callejeras por carecer de otro medio de subsistencia, lo que reviste una evidente gravedad en el marco de la crisis económica y social creciente.
La Policía de la Ciudad lleva adelante un modus operandi donde las durísimas represiones incluyen una cacería a todo aquel que haya participado o no de la movilización o se encuentre circulando por las inmediaciones de la misma.
El agravante es que se les imputa a los detenidos la (incomprobable e imprecisa) figura de "intimidación pública", con penas que impiden la excarcelación y siendo un delito que se dirime en el fuero federal, lo que constituye un agravante en la política de criminalización, donde actúan en común el Poder Judicial y los Gobiernos nacional y porteño.
El informe de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de Violencia Institucional de la Legislatura, también indica que se hicieron causas judiciales armadas por las mismas fuerzas represivas. Sin embargo, hay que destacar que en su mayoría terminan con el sobreseimiento judicial cuando sale a la luz el móvil político de las mismas y al no haber elementos que puedan sostener la comisión de delito alguno.
A lo largo del 2018, la aprobación del nuevo Código Procesal Penal de la Ciudad fue un retroceso en materia de libertades democráticas, así como en las modificaciones al Código Procesal Penal de la Nación, que también tiene fuertes implicancias en la Ciudad de Buenos Aires.
Un fuerte salto en la política represiva fue la Resolución 956/2018 para las fuerzas de seguridad federales, dictada por la ministra Patricia Bullrich, que intenta legalizar el gatillo fácil luego de haber erigido como ejemplo al policía Luis Chocobar.
Ser negro y migrante durante el 2018 fue trágico, indica el informe. Los trabajadores de la comunidad senegalesa sufrieron de manera sistemática represión, detenciones arbitrarias y hostigamiento por parte de la Policía de la Ciudad y el Poder Judicial por el hecho de ejercer la venta callejera para poder sobrevivir, evidenciándose una cruda discriminación racial.
La judicialización de la protesta gremial se expresó en el caso más relevante de los trabajadores del Subterráneo de Buenos Aires, que fueron procesados penalmente por el delito de "asociación ilícita", constituyendo un claro avance sobre derechos constitucionales como el derecho de huelga. La comisión presidida por Myriam Bregman se hizo presente en las audiencias donde la Justicia de la Ciudad trató el tema.
Como en diputados, en la legislatura porteña también fueron reprimidos los legisladores. Cuando se trató la creación de la Universidad Docente de la Ciudad de Buenos Aires (UniCABA), a Patricio del Corro y Victoria Montenegro les arrojaron gases lacrimógenos y, mediante empujones, golpes y forcejeos, no les permitieron reingresar a la Legislatura a pesar de haberse identificado como legisladores.
