Dos magistrados solicitaron al gobierno nacional que presente informes sobre el decreto presidencial que habilitó a familiares de funcionarios para ingresar al blanqueo de capitales, pese a que una ley sancionada por el Parlamento lo impedía expresamente.
Los jueces en lo contencioso administrativo federal Rita Ailán y Esteban Furnari pidieron estos informes en el marco de dos causas en las que se solicitó frenar la aplicación del decreto 1206/2012.
El expediente que lleva Ailán se inició a instancias de la asociación civil "Abogados por la Justicia Social", mientras que el otro fue impulsado por el diputado nacional y ex gobernador bonaerense Felipe Solá.
Los magistrados aplicaron la nueva ley de medidas cautelares por la cual, ante una demanda contra el Estado, se le debe informar del proceso para que presente un informe y conteste el reclamo en su contra. Uno de ellos le dio un plazo de tres días, mientras que el otro le otorgó cinco. Se prevé que, dado el comienzo de la feria judicial, la situación se resolvería en febrero.
Simultáneamente, están en curso dos causas penales por este tema. En una de ellas, ya están imputados Mauricio Macri, Marcos Peña y Alfonso Prat Gay, ahora ex ministro.
