El Gobierno de Bolivia promulgó una ley que establece que los delitos de femicidio, infanticidio y violación serán imprescriptibles, luego de que una investigación reveló que con la ayuda de jueces, abogados y médicos permitían la excarcelación ilegal de femicidas, beneficiándolos con la detención domiciliaria, una trama de corrupción que sacudió a uno de los países de Sudamérica con las peores tasas de violencia sexual y femicidios.
"Promulgamos una ley que consolida el trabajo de manera permanente para cuidar la vida de las mujeres en nuestro país" y que "establece mecanismos que precautelan los derechos de las víctimas", afirmó el presidente Luis Arce en un acto público, informó AFP. Bajo la antigua ley, los delitos prescribían entre cinco y ocho años después en Bolivia.
La norma se preparó luego de que el Gobierno conformara una comisión interinstitucional que investigó a todos los juzgados penales del país, tras denuncias de que existían delincuentes que eran beneficiados de manera irregular con detención domiciliaria.
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El más conocido fue el caso de Richard Choque, quien salió de prisión en 2019 mientras cumplía una condena por un asesinato y era investigado por otro y pasó a un régimen de prisión domiciliaria, con certificados médicos fraguados, a cambio de una coima de 3.500 dólares y un whisky. En libertad condicional mató a dos mujeres más, mientras la policía investigaba si era responsable de más de 70 de violaciones sexuales.
La trama de corrupción estalló a comienzos de febrero. Entonces, el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Eduardo del Castillo, confirmó que se detuvieron a 23 personas, entre ellas a condenados por feminicidios y violaciones que estaban libres, además de jueces y abogados que formarían, según dijo, una "organización criminal" para liberar a estos delincuentes.
Según datos de la investigación, han sido detenidos tres jueces, entre ellos el del caso Choque Flores; tres abogados, tres médicos y dos empleadas de juzgados, todos implicados en los casos de corrupción.
Además, Del Castillo reveló que una comisión formada por orden del presidente Arce está "investigando 135 casos de personas que tendrían sentencia ejecutoriada por los delitos de feminicidios, violación y violación agravada", incluso cometidos contra niñas, niños y adolescentes, pero que no están recluidos en las cárceles como deberían.
De acuerdo al Ministerio de Justicia, el trabajo de la comisión interinstitucional permitió la recaptura de 21 feminicidas y violadores, y condujo a llevar a juicio por prevaricato a 15 jueces que otorgaron libertades condicionales de manera irregular.
Las acciones para desbaratar la "organización criminal" en febrero, coincidió con la visita a Bolivia del relator especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, el peruano Diego García Sayán, que evalúo con varios actores institucionales y políticos la crisis general de la Justicia boliviana, cuestionada por su falta de independencia.
El jurista, que concluyó que la Justicia "está lejos del pueblo", se reunió también con las familias de las víctimas de feminicidio y dijo haber recibido "información preocupante y varios testimonios dolorosos" que no logran acceder a la Justicia.
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Según los datos de García Sayán, entre el 2013 y el 2021 se produjeron 869 feminicidios, un promedio de uno cada tres días y medio, y de los que sólo un 31% llegó a sentencia. Y que en lo que va del 2022, ya se produjeron 15 feminicidios y resta que otros dos asesinatos de mujeres sean confirmados con esa tipificación, aplicada a los crímenes por razón de género y con violencia machista.
En Bolivia existen 27 juzgados para tratar esos casos, pero los procesos son tan lentos que las familias terminan abandonando los juicios, por lo que deberían crearse 31 juzgados más, sostuvo el funcionario de la ONU.
Sobre los excarcelados, el representante de la ONU dijo que "estas situaciones son preocupantes indicadores de lo que puede ser posible por medios ilícitos e irregulares y deben ser sancionadas con todo el peso de la ley. La corrupción puede ser también, como se ve, una herramienta de ataque a la independencia judicial".
