La Fiscalía de Bolivia imputó a dos ministros de la ex presidenta de facto Jeanine Áñez por "tráfico ilegal de armas", acusados de importar en forma ilegal implementos antidisturbios desde Ecuador en 2019.
"El Ministerio Público emitió imputación formal" contra los ex ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, reveló el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, en conferencia de prensa.
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Murillo está detenido en Estados Unidos por corrupción y a la espera de su sentencia, mientras que López estaba en Brasil.
Quispe precisó que ambos fueron inculpados "dentro del caso denominado armamento no letal de Ecuador".
Según la acusación, los delitos son "tráfico ilícito de armas, tenencia porte o portación y uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes en grado de coautoría".
Las decisiones de la Fiscalía se dieron exactamente una semana después de la condena a Áñez a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, antes de asumir la jefatura de Estado tras el golpe a Evo Morales.
El tráfico de armas es castigado por el código civil boliviano con 10 a 15 años de prisión.
La Fiscalía sostiene que, tras la llegada de Áñez al poder en noviembre de 2019, ambos ministros participaron en la adquisición de los elementos antimotines en Ecuador para sofocar las protestas de partidarios de Morales.
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Estas protestas culminaron con 35 muertos, según una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la mayoría en las llamadas masacres de Sacaba y Senkata.
El gobierno del presidente Luis Arce y el oficialista Movimiento Al Socialismo, que lidera Morales, afirman que los gobiernos de Lenín Moreno en Ecuador y de Mauricio Macri en Argentina, la Unión Europea, la OEA y la Iglesia católica apoyaron el golpe de Estado contra el líder cocalero.
