Partidos y dirigentes opositores de Bolivia convocaron a una marcha y a una huelga el domingo y lunes próximos, para exigir al Gobierno el fin de lo que califican de persecución política de funcionarios del exGobierno de facto que -vaya paradoja- son justamente quienes derrocaron del poder a Evo Morales tras un violento golpe de Estado en 2019.
Uno de los principales convocantes para la manifestación derechista es el Comité Cívico de Santa Cruz (CCSC), una organización política-empresarial poderosa, que llamó a protestar el próximo domingo 10 y a una huelga nacional para el lunes 11, con el pedido central de libertad para la expresidenta de facto Jeanine Áñez.
Al llamado se unieron los expresidentes de derecha Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002), el gobernador de la rica región de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho -citado por la Fiscalía a declarar por su papel en la salida de Morales- y representantes del colectivo Consejo Nacional de la Defensa de la Democracia (Conade).
Los opositores exigen al Gobierno de izquierda del presidente Luis Arce, "que cese la persecución política judicial en el caso del falso golpe de Estado y se dé libertad a los presos políticos", dijo el líder civil Rómulo Calvo, tras la cita, al leer un documento del grupo.
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, respondió a la convocatoria acusando a los opositores de "sabotear" avances económicos mediante protestas y lamentó que esos sectores pretendan "dividir" en relación con las muertes ocurridas durante la crisis de 2019, informó la agencia de noticias Europa Press.
"Siempre intentan sabotear el trabajo que estamos haciendo, esperamos que la población reflexione, este paro cívico le va a hacer un tremendo daño al país", dijo, antes de alertar que las protestas podrían provocar pérdidas de 100 millones de dólares (unos 86 millones de euros).
Los opositores denuncian que Camacho y los alcaldes de La Paz, Iván Arias, y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, sufren "persecución política-judicial".
Además piden la "inmediata liberación" de Áñez, en prisión preventiva y acusada de "terrorismo", sedición y "genocidio" por la muerte de 22 personas a manos de las fuerzas del orden.
También señalaron que se oponen a un proyecto de ley contra la legitimación de ganancias financieras, que consideran draconiana. Esta norma también es rechazada por los sindicatos de vendedores al menudeo y empresarios.
En tanto, Morales convocó a sus seguidores a una marcha para el 12 de octubre hacia la ciudad de La Paz, desde un poblado cercano.
También se prevén marchas en varias ciudades del país.
