La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asistía esta mañana a una audiencia de habeas corpus presentada para debatir la legalidad del protocolo al que oficialmente nombran "de orden público", en los tribunales federales de Retiro.
La ministra arribó poco antes de las 11 ante la convocatoria del juez federal Sebastián Casanello, quien presidía la audiencia en una sala del segundo piso de Comodoro Py 2002.
En el encuentro, que se desarrolla a puertas cerradas, participan también los dirigentes de Izquierda Celeste Fierro y Alejando Bodart, quienes presentaron el habeas corpus.
? Conferencia de prensa y concentración en Comodoro Py.
— Periodismo de Izquierda (@PeriodismoDeIzq) February 14, 2024
Hoy se realiza la audiencia sobre el protocolo represivo de Bullrich, luego de la acción judicial presentada por @cele_fierro, diputada de CABA por el MST en el FIT-Unidad. pic.twitter.com/tQYd3pDkGg
Minutos antes de ingresar, los referentes dieron una breve conferencia en la que reafirmaron los motivos que los llevan a impulsar la audiencia:
"Bullrich se arroga facultades, y el juez (Casanello) deja claro, que las facultades para definir qué es y qué no es un delito se hace a través del Congreso, de las leyes, y que interpretarlo es el poder de la Justicia y no del Ejecutivo", señaló la diputada nacional.
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En esa línea, pidió respetar la Constitución Nacional y los tratados y pactos internacionales que "en nuestro país tienen jerarquía constitucional", recordó.
"Este protocolo es un intento del Gobierno de un cambio de régimen más autoritario, totalitario, y que quiere avanzar contra nuestros derechos. En el país de las y los 30.000, en el país de la lucha contra el gatillo fácil y del Nunca Más, este tipo de políticas son intolerables. Por eso vamos a seguir con la impugnación hasta el final", declaró.
La presentación del Frente de Izquierda será acompañada por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, ambientales, sindicales y asambleas barriales, quienes realizarán una radio abierta en la puerta del juzgado.
En el marco de la acción judicial iniciada por Fierro el pasado 18 de diciembre, el Ministerio de Seguridad defendió en un informe la legitimidad de la resolución 943/2023 que estableció la implementación del llamado protocolo para el mantenimiento del orden público.
Tras la respuesta, el juez pidió a esta cartera que "adecue el llamado protocolo para el mantenimiento del orden público, la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos" por la Constitución Nacional y los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, y citó a las partes a una audiencia.
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