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Presentan cautelar para completar vacunación a personas de riesgo

Se trata de la Asociación Civil Bases Republicanas, presidida por una dirigente del PRO. Días atrás lanzaron un formulario para llevar a la CIDH por los "varados" en el exterior.

La Asociación Civil Bases Republicanas, presidida por la abogada Jimena de la Torre, presentó este miércoles una medida cautelar en la Justicia en la que solicitan aplicar con prioridad a las personas consideradas de riesgo el esquema completo de dosis antes que otros grupos contemplados en ese plan, frente "al avance de la variante Delta del COVID-19 y el riesgo que ello supone".

“Las nuevas variantes del coronavirus, y en particular la variante Delta, ponen en serio peligro a la población de riesgo. Por eso es importante priorizar para completar el plan de vacunación al personal de la salud que está expuesto al virus permanentemente, a mayores de 60 años y personas con comorbilidades”, sostuvo de la Torre en un comunicado.

Asimismo, agregó: “Estamos pidiendo que se apliquen criterios epidemiológicos que están previstos en estándares internacionales, antes de aplicar las vacunas al personal estratégico que engloba a mucha gente que no posee riesgo alguno frente al coronavirus y que, en muchos casos, gozan de muy buena salud”.

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Los intereses de la asociación civil, que preside la actual Jefa de Despacho del Bloque de Diputados del PRO y ex subdirectora de la AFIP en la gestión de Cambiemos, están bien claros. Se trata de la misma Asociación que lanzó un polémico formulario con la intención de presentarlo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los "argentinos varados" en el exterior, cuya principal bandera de reclamo se levanta desde el turismo en Miami, y en medio de un retorno a las restricciones en varios países del mundo ante el avance de la variante Delta.

La medida cautelar recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9, a cargo del juez Pablo Gabriel Cayssials.

En Mayo, además, la asociación había solicitado que se elimine la categoría de “personal estratégico” del Plan Nacional de Vacunación por considerar que “el derecho a la vida está por encima del funcionamiento del Estado, y debe ser defendido por sobre todas las cosas”, según consideró Martín Galli Basualdo, vicepresidente de Bases y patrocinante de la cautelar.

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