El Gobierno chileno intervino hoy 30 comunas del país con alta tasa de criminalidad tras el tercer asesinato a un agente de Carabineros en menos de un mes, el presidente, Gabriel Boric, anunció una inversión de 1.500 millones de dólares anuales para implementar nuevas medidas de seguridad y acordó con la oposición una polémica ley que deja manos libres a las fuerzas policiales.
La creciente inseguridad forzó al mandatario a buscar un acuerdo con las fuerzas de oposición, con alto costo en el interior de la coalición que lo llevó al Gobierno, que hizo que el Congreso aprobara anoche una cuestionada ley que establece la presunción de inocencia y las atribuciones de esa fuerza policial, fuertemente cuestionada por la represión del estallido social de 2919, y aumenta las penas de prisión para quienes atenten contra sus efectivos.
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Boric, quien hoy fue recibido con abucheos cuando se hizo presente en el sepelio del carabinero Daniel Palma, asesinado anoche, anunció desde el gubernamental palacio de La Moneda que dispuso "se ponga a disposición un total de 1.500 millones de dólares anuales para que, sumado a los incrementos que ya hemos hecho en el presupuesto nacional, signifique un aumento de recursos para medidas que apuntan a seguridad", agregó el mandatario.
"No podemos dejar a los carabineros expuestos, vamos a cuidar a quienes nos cuidan", dijo Borich en una conferencia de prensa ofrecida en el palacio de La Moneda, sede del Gobierno, reportaron Radio Bio Bio y la agencia Sputnik.
El presidente explicó que esta inyección de recursos se utilizará para reforzar el equipamiento y el material de trabajo de Carabineros, haciéndolo más seguro ante ataques, y que el Ejecutivo iniciará un plan denominado Calle Sin Violencia, donde se le entregará dinero a los municipios para que desarrollen medidas específicas en sus comunas contra actividades que se relacionan con la delincuencia, como el comercio clandestino y la ocupación abusiva de inmuebles, además de la compra de más cámaras de seguridad, aumento de las luminarias y mejoramiento de espacios públicos.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, comunicó por su parte que la intervención de las 30 comunas era un plan se venía elaborando desde enero con la idea de implementarlo en mayo, pero el presidente, Gabriel Boric, pidió adelantarlo tras el nuevo crimen.
"Este plan se está trabajando desde enero y, según las decisiones que tomamos ayer, el (plan) piloto que parte este mes de abril en Santiago va a ser seguido anticipadamente en el resto de las comunas a partir de mayo y, en base a las evaluaciones, lo podemos ampliar", explicó Tohá.
La funcionaria detalló que el plan abarcará a comunas más populosas y con mayor índice de criminalidad, para lo que se tomaron en cuenta estadísticas sobre delitos graves, tráfico y presencia de armas, deterioro barrial y alta presencia de actividades irregulares e infracciones.
"La intervención que vamos a hacer se basa en la evidencia que nos muestra cuáles son los factores presentes en los territorios donde existe más presencia de delitos violentos", expresó la ministra, citada por el medio local Emol.
Sobre la forma en que se va a intervenir en esos territorios, la secretaria de Estado explicó que se reforzará la persecución penal, "para esclarecer homicidios y delitos violentos", y en ese contexto se incrementará y acelerará el trabajo conjunto con la Fiscalía, además de incrementar los operativos y puntos de control.
A su turno, la vocera del Gobierno, Camila Vallejo, anunció que los funcionarios mantendrán reuniones durante todo el día con representantes de los poderes del Estado con el fin de "reforzar, respaldar y proteger las institucionales policiales", informó CNN Chile.
"Tenemos que actuar de conjunto, el Estado se despliega el día de hoy para enfrentar esta situación", afirmó Vallejo, antes de explicar que en la reunión estarán presentes los servicios de seguridad interior, la Policía, la Agencia Nacional de Inteligencia y la dirección que "está a cargo de todo lo que es armas y la persecución del control de las armas".
La reacción del Gobierno llega tras la muerte del cabo de Carabineros Daniel Palma, asesinado durante un procedimiento en Santiago, que se suma a otros dos homicidios de policías en los últimos 23 días.
Palma acudió anoche a un procedimiento en las inmediaciones del Teatro Caupolicán, en el centro de la capital, donde se habían registrado disparos y cuando se acercó a fiscalizar a las personas que estaban dentro de un auto, los sujetos le dispararon en el rostro.
El carabinero falleció esta madrugada mientras era atendido en un hospital.
La ministra Tohá también envió sus condolencias a la familia de "Palma, a Carabineros de Chile y a sus compañeros de la 4° Comisaría de Santiago. Como país es el momento de unirnos para enfrentar esta violencia criminal: todas las instituciones, todos los sectores políticos y toda la ciudadanía", expresó en Twitter.
Por su parte, el expresidente Sebastián Piñera llamó a "actuar con urgencia, decisión y unidad" para poner fin a "esta masacre".
Tras el crimen, varios partidos de la oposición reafirmaron su pedido al gobierno para declarar el estado de excepción en la Región Metropolitana, la unidad administrativa de la que Santiago es cabecera.
"El Gobierno debe tomar en serio nuestra solicitud de estado de excepción para la Región Metropolitana, esto se está escapando de las manos. Esperemos que el Gobierno deje las anteojeras ideológicas y refuerce la falta de Carabineros y policías con el respaldo efectivo de militares desplegados en las zonas de conflicto", dijo el diputado Rubén Oyarzo del Partido de la Gente (centroderecha).
En esta línea, Boric promulgó hoy la ley Naín-Retamal, aprobada ayer por el Congreso y bautizada así en homenaje a otros dos policías asesinados, que otorga más facultades a Carabineros y aumenta las penas de prisión para quienes atenten contra efectivos de ese cuerpo.
Un punto central de las discusiones fue la cuestionada figura de la legítima defensa, que establece la presunción legal de inocencia para policías, Gendarmería y las Fuerzas Armadas cuando intervengan en un hecho en el que su integridad física o la de un tercero esté en riesgo.
Varios parlamentarios advirtieron que presentarán un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar algunos artículos, en especial esta disposición de legítima defensa privilegiada que fue cuestionada por la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional.
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En el caso de la ONU, alertó que otorgar mayor libertad de acción con el arma a un policía "no se ajusta al derecho internacional", mientras que Amnistía advirtió que "podría aumentar los abusos policiales y la impunidad por estos crímenes", al recordar la "dramática" represión de Carabineros contra el estallido social de 2019
La CIDH, por su parte, cuestionó la "celeridad a la tramitación del proyecto de ley" al reclamar que en su elaboración debió garantizarse "la más amplia participación que incluya, entre otros, a personas de la sociedad civil expertas en la materia, academia, ONGs y otros sectores de la sociedad involucrados en el tema".
