Grupos defensores de derechos humanos denunciaron este viernes que al menos 379 personas desaparecieron en Colombia durante la ola de protestas que comenzó el 28 de abril, contra una reforma fiscal impulsada por el presidente Iván Duque, que retiró tras el inicio de las manifestaciones.
La cifra de desapariciones fue elevada por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UPBD) dependiente de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que releva la información que proporcionan unas 26 organizaciones de derechos humanos en el país.
Inicialmente, el reporte registraba 471 personas presuntamente desaparecidas desde el 1 de mayo, pero ya fueron encontradas 92 personas, varias de ellas heridas y hospitalizadas.
En tanto, la Inspección General de la Policía de Colombia informó que abrió casi medio centenar de investigaciones internas tras la ola de denuncias por la feroz represión desatada en el marco de las protestas que hace diez días se producen en el país.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, son 26 las personas fallecieron a causa de la brutalidad policial. En cambio, la ONG Temblores, denunció hasta ayer 37 muertos y centenares de heridos.
En las redes sociales circulan de videos que muestran le represión en las ciudades de Cali, Medellín, Pasto, Bogotá y otras, con ráfagas de aturdidoras, gas lacrimógeno y munición real usadas por la policía contra los manifestantes en las principales ciudades del país.
Activistas denuncian además que las cuentas de Twitter e Instagram de medios independientes están siendo bloqueadas para evitar la distribución de esas imágenes.
La campaña Defender la Libertad, de la que forman parte varias organizaciones de la sociedad civil, recibió 569 denuncias por agresiones y violencia a manos de los agentes.
La Inspección General de la Policía matizó que son 47 las pesquisas abiertas, si bien la Procuraduría General del país asumió diez de estos casos, que se abrieron como investigaciones disciplinarias en la Policía.
Algunos de estos casos incluyen, según la procuradora Margarita Cabello, denuncias sobre presuntos abusos sexuales por parte de los agentes, informó el diario El Tiempo.
La Fiscalía, indicó que se está investigando la posible relación de otras siete muertes con las manifestaciones.
La ONU y la Unión Europea (UE) condenaron el pasado martes el uso "desproporcionado" de la fuerza durante las manifestaciones, reclamo al que ayer se sumó el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell.
"Las personas en Colombia, como en cualquier otro lugar, tienen derecho a protestar pacíficamente. Este derecho, unido a la libertad de reunión pacífica, asociación y libertad de expresión es fundamental para toda democracia, y debe ser respetada y protegida, no reprimida por la fuerza", señaló Borrell, citado por la agencia de noticias Europa Press.
Por su parte, el presidente Alberto Fernández manifestó ayer su "preocupación" por "la represión desatada ante las protestas sociales en Colombia" y reclamó al Gobierno de ese país que "cese la singular violencia institucional que se ha ejercido".
En Colombia, los delitos que son cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad en el desarrollo de sus funciones son juzgados, en principio, ante la Justicia Penal Militar.
Esto no impide, no obstante, que la Fiscalía adelante sus indagaciones y pueda pedir la competencia de los procesos o que se acuda a los tribunales para decidir quién asume los casos.
La jurisdicción militar no incluye, no obstante, los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, lesa humanidad o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario.
