El Palacio de Justicia de la ciudad de Tuluá, en el suroeste de Colombia, fue incendiado anoche después de una jornada de protestas que terminó en represión policial en la que falleció un estudiante identificado como Camilo Andrés Arango García. El estudiante de derecho murió al recibir un tiro. Colectivos sociales aseguraron que fueron policías.
El joven fue llevado de urgencia a la clínica San Francisco, pero lo declararon sin vida, informó el diario El Espectador, citado por Telam. El hecho ocurrió mientras las llamas arrasaban buena parte del techo y el segundo piso de la institución judicial, según informes y se pudo ver en videos difundidos luego por la Policía de esta ciudad, ubicada en el departamento del Valle del Cauca, 94 kilómetros al norte de Cali, la capital regional.
Hasta ahora las autoridades no han dado detalles sobre cómo se produjo la muerte del estudiante, pero el alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, sí se refirió al incendio. "Eran cientos de personas, los mismos bomberos lo dicen, fue un tema muy articulado. ¿De dónde llegaron? Anoche se hablaba que venían de otros municipios, de algunos sectores de la ciudad, que eran parte de los que estuvieron en los bloqueos que fueron puestos en libertad casi todos el mismo día de ayer", aseguró Gómez a la emisora local Blu Radio.
Asimismo, reiteró que "no es una acto esporádico de jóvenes rebeldes o bravos, aquí alguien está direccionando", abogando a la teoría oficial que grupos armados, entre ellos la guerrilla, estaría vinculado con las protestas, algo de lo que hasta ahora no existe evidencia. Según el medio local La voz de los robles, la quema del edificio se dio luego de que policías antidisturbios trataron de "despejar los bloqueos" de manifestantes a la fuerza.
En respuesta, encapuchados incendiaron el edificio y bloquearon el paso de bomberos, según se observa en diferentes videos difundidos en redes sociales. "Los uniformados dispersaron a las personas que bloqueaban el lugar con gases lacrimógenos, lo que llevó a que se registraran enfrentamientos; tras la intervención, los ánimos se caldearon y los disturbios se extendieron a varias calles de la ciudad", publicó, en tanto, el diario local El País.
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, condenó en Twitter los "actos de terrorismo que buscan sembrar caos y miedo", mientras que el jefe de la cartera de Defensa, Diego Molano, -quien se sometió ayer también a un intento de moción de censura en el Congreso por la creciente represión- denunció en la misma red social a "los vándalos" que "quieren obstruir la justicia" con este ataque.
Durante la misma noche se registraron ataques contra la sede de la Fiscalía en Tuluá, si bien el edificio sólo amaneció con cristales rotos y daños menores en la fachada.
El incendio y los disturbios se produjeron horas después de que el Gobierno y el Comité del Paro elaboraran un documento en busca de una mesa de negociación para garantizar que no haya violencia contra las protestas antigubernamentales,
"Se dio por concluido el análisis de los puntos en los que las partes han redactado textos que deben ser refrendados, tanto por el Gobierno Nacional como por la Asamblea del Comité del Paro. También dejaron constancias para un análisis posterior sobre los puntos en los que aún no hay consenso", informó ayer la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
El presidente del país, Iván Duque, exigió el levantamiento de los cierres de rutas que causan desabastecimiento como condición para negociar una salida a la crisis, y ordenó a la fuerza pública desmontar las "expresiones que son violentas", pese a la condena internacional de los excesos cometidos por la policía en la represión de las manifestaciones.
Colombia cumplió hoy 29 días de un paro nacional que comenzó el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo.
La mayoría de los 43 homicidios registrados a la fecha -que según fuentes extraoficiales serían al menos 50- ocurrieron en la región del Valle de Cauca, donde convergen pobreza, racismo, narcotráfico y el conflicto que repunta tras la firma de la paz con la guerrilla FARC, en 2016.
Además, casi 600 personas fueron heridas, de las cuales al menos 37 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, hubo al menos 1.430 detenciones arbitrarias y se cometió violencia sexual contra 21 mujeres, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.
