El Estado nacional le transfirió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) la primera cuota por la coparticipación - $2.243 millones correspondientes a enero de 2021 más un proporcional de diciembre- y reiteró la convocatoria al diálogo para alcanzar un acuerdo en un plazo de 30 días, como establece la ley 27.606.
Los fondos se giraron el viernes desde el Tesoro y ya fueron recibidos por la CABA. Fueron acompañados con el envío de una nueva carta al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, esta vez, firmada por el ministro de Economía, Martín Guzmán.
El titular del Palacio de Hacienda invitó en la misiva al alcalde porteño a encontrarse en persona "para construir un acuerdo adecuado en el marco de la institucionalidad", en cuanto a lo que establece la ley 27.606/2020, aprobada en el Congreso a fines de diciembre. "Sería indispensable que esto ocurra dentro de los próximos 30 días, teniendo en cuenta el plazo que establece la Ley 27.606", subrayó.
El monto que se transfirió a la administración porteña equivale a la doceava parte (más el proporcional de diciembre) de la transferencia mensual y automática de 24.500 millones de pesos que la ley 27.606 fijó como condición transitoria hasta que entre en vigencia un acuerdo voluntario entre ambas jurisdicciones; un objetivo que, por cierto, hoy se presenta bastante lejano.
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El conflicto está concentrado en la liberación de los fondos asignados en el llamado Convenio de Transferencia Progresiva a la CABA de facultades y funciones de seguridad de materia no federal, o sea, el traspaso definitivo de parte de la Policía Federal a la órbita porteña, que entró en vigencia al inicio de la gestión de Mauricio Macri en el enero de 2016.
El gobierno del Frente de Todos asegura que Macri incumplió dos preceptos constitucionales previstos para las transferencias de competencias entre jurisdicciones: que realizó el traspaso por decreto y que los recursos que asignó para ese fin, tal como planteó el ministro del Interior Eduardo De Pedro, representaban "más del doble del costo real para su funcionamiento". Por esa razón, a fines de diciembre y por impulso del oficialismo, el Congreso sancionó la ley 27.606.
Dicha norma dispuso que el gasto anual que demande la transferencia de las competencias de seguridad a la CABA deberá "ser acordado de forma bilateral" entre el Estado nacional y el porteño en un plazo de 60 días. De esos dos meses ya pasaron 30 días, y la gestión larretista sigue negándose a aceptar cualquier convocatoria.
La decisión del mandatario citadino es persistir en la estrategia de judicialización y apostar una declaración de inconstitucionalidad.
"La cuestión por la que le escribo (el recálculo de los fondos coparticipables que Macri reasignó a la CABA con motivo de la transferencia de las funciones de seguridad al distrito porteño) constituye un problema de carácter económico, que debe ser resuelto sobre la base de un análisis técnico correcto y transparente", señaló el ministro de Economía en uno de los párrafos sustanciales.
