La Procuración del Tesoro, encabezada por Carlos Zannini, hizo una presentación en la Sala B de la Cámara Comercial en la que denuncia "la existencia de una serie de irregularidades que tienen entidad suficiente para lesionar seriamente" los intereses del Estado como principal acreedor del Correo Argentino. De este modo, apoyó el pedido de intervención que hizo la fiscal Gabriela Boquin, quien también solicitó desplazar a los gerentes que responden a la familia Macri.
Boquín fue quien rechazó por abusivo el acuerdo que el Gobierno, entonces encabezado por Mauricio Macri, buscó homologar una quita de 70 mil millones de pesos de deuda que Correo Argentino tiene con el Estado Nacional.
La posición de la fiscal y del Estado se da en medio del procedimiento de apertura del "cramdown" o salvataje de la compañía, algo que los Macri quieren impedir mediante los recursos interpuestos.
En el escrito presentado por la Procuración argumenta que "existen sobrados elementos que dan cuenta de graves irregularidades cometidas por la administración de la concursada a lo largo de este dilatado proceso".
